Por: Juan Carlos Espíndola – Director del Instituto de Inteligencia de #El Analista.

Luego de varias ediciones en donde la actualidad terminó definiendo la agenda de esta columna, hoy vamos a volver a la descripción del Subsistema de Inteligencia Criminal.

No porque la coyuntura no dé tela para cortar, sino porque en esta oportunidad, “el tema de la semana”, la “reorganización” del Sistema de Inteligencia de la Defensa Nacional (SIDEF), será desarrollado posteriormente por otro miembro del Instituto de Inteligencia de El Analista, el Lic. Martín Salmerón.

Ahora bien, continuando con el tema planteado en el título, podemos decir que el Subsistema de Inteligencia Criminal (SICRI) en Argentina se define, teóricamente, como un conjunto de órganos y funciones del Estado destinados a la producción de conocimiento sobre el delito complejo y el crimen organizado. Y hemos visto su desarrollo en distintos niveles. Sin embargo, su despliegue en las provincias que conforman el Noroeste Argentino (NOA) revela una discrepancia fundamental entre la realidad del fenómeno criminal y la arquitectura legal de las jurisdicciones locales.

En este primer análisis, abordaremos la situación de las provincias de Salta y Jujuy. Ambas jurisdicciones poseen una importancia estratégica crítica para la seguridad nacional debido a su condición de frontera seca e internacional con el Estado Plurinacional de Bolivia y la República de Chile. A pesar de esta exposición a flujos transnacionales de tráfico y contrabando, el análisis de sus documentos fundamentales, como leyes orgánicas o estructuras ministeriales, permite observar un fenómeno de “asimetría”: el Estado produce inteligencia criminal por necesidad operativa, pero evita su reconocimiento institucional en el plano de la letra escrita.

1. EL CASO SALTA: ACTIVISMO DISCURSIVO VERSUS OMISIÓN ORGÁNICA

El análisis de la provincia de Salta es paradigmático por la convivencia de un marcado liderazgo político en la coordinación regional de seguridad y una ausencia total del término “inteligencia” en sus estructuras jerárquicas declaradas.

1.1. Análisis del Digesto Legal de la Policía de Salta: La inteligencia como “información sumaria”

Al realizar una lectura exhaustiva del digesto legal relacionado con la Policía de Salta, se observa que la inteligencia criminal no ha sido tipificada como una función autónoma. En la doctrina policial salteña vigente, las capacidades de recolección y análisis de información sensible aparecen fragmentadas y subsumidas en dos grandes áreas: la Dirección General de Investigaciones y la Dirección General de Estrategia Policial.

Sin embargo, el hallazgo más relevante en el Digesto no es lo que dice, sino cómo lo dice. El término “inteligencia” no aparece como método de producción de conocimiento para la seguridad. En su lugar, el texto recurre a conceptos sustitutos. Por ejemplo, la “reserva” y el “secreto” son entendidos como atributos procesales de los sumarios administrativos. No se describen como condiciones necesarias para la penetración en organizaciones criminales ni como protocolos de seguridad para la protección de analistas y fuentes. Esta configuración documental implica que, normativamente, la policía de Salta opera bajo un paradigma donde la investigación es siempre reactiva y judicializada, negando el espacio legal para una inteligencia estratégica de carácter preventivo o anticipatorio.

1.2. El Organigrama 2026 y la Decisión Administrativa N.º 568/25

El documento de mayor peso institucional para comprender la visión actual del Ejecutivo provincial es el Organigrama del Ministerio de Seguridad (DA 568/25). Este esquema representa la voluntad política de diseño estatal para el período 2025-2026.

Al examinar la jerarquía ministerial, no se identifica ninguna dependencia, subsecretaría o dirección general que contenga el rótulo de “Inteligencia”. La arquitectura ministerial se apoya en tres grandes pilares:

• Secretaría de Seguridad: área estrictamente operativa y de gestión de recursos humanos policiales.
• Dirección General de Planificación Estratégica: esta unidad aparece, por definición, como la más cercana a la función de inteligencia. No obstante, en la praxis administrativa de la provincia, la planificación estratégica se asocia a la eficiencia de los recursos (presupuesto, logística, tecnología) y no a la producción de conocimiento sobre el enemigo o la amenaza criminal.
• Dirección General de Operaciones: focalizada en el despliegue territorial inmediato, como el Sistema de Emergencias 911.

Esta omisión en la DA 568/25 es un “hecho negativo” de significancia institucional. Mientras la Nación y otras provincias han avanzado en la creación de áreas específicas de inteligencia criminal para dialogar en la órbita del SICRI, Salta opta por la invisibilidad nominal de la función. Esto genera un vacío en la interlocución orgánica: no hay un interlocutor de “inteligencia” designado legalmente para interactuar, por ejemplo, con los Centros de Inteligencia Criminal Regionales (CICREs).

1.3. La Traducción Semántica: Del Secreto Policial al “Análisis Criminal”

Si bien el término inteligencia está vedado en los documentos orgánicos, el Estado salteño ha desarrollado una potente “unidad de traducción” denominada Unidad de Análisis Criminal (UNAC). El análisis de su funcionamiento, validado por expertos y comunicados del propio Ministerio de Seguridad, permite establecer que esta unidad ejerce materialmente las funciones que la doctrina nacional e internacional atribuye a la inteligencia criminal.

La UNAC es definida en el discurso público como un órgano de tecnología y ciencia aplicada al delito. Sus funciones declaradas incluyen:

• El procesamiento de estadísticas delictivas.
• La georreferenciación de incidentes.
• El análisis de patrones de conducta.

Sin embargo, el reconocimiento técnico que la UNAC ha recibido de “expertos en inteligencia criminal” confirma que estamos ante un cambio de nombre motivado por factores externos. El uso de la categoría “Análisis” permite a la provincia presentar estas actividades como herramientas de transparencia y eficiencia judicial, eludiendo la connotación negativa que el término “inteligencia” arrastra históricamente en Argentina.

Este desplazamiento semántico es un hecho fáctico: Salta realiza inteligencia criminal, pero la inscribe en sus registros de gestión como “Análisis Criminal”. Esta distinción no es menor, pues al no llamarse legalmente inteligencia, la UNAC no solo evade el debate, sino que también se escapa de los mecanismos de control previstos en la legislación nacional sobre inteligencia, creando un área gris de actuación estatal. De hecho, el Poder Legislativo provincial no posee órganos de control sobre la temática, como sí ocurre, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires.

1.4. Salta y el posicionamiento regional: el rol del NOA

Subiendo la apuesta, Salta se ha posicionado como el actor central en la propuesta de Unidades de Análisis Criminal Regionales. En las reuniones del Consejo de Seguridad Interior, el Gobierno de Salta ha impulsado la idea de que las cinco provincias del NOA deben centralizar su intercambio de “información estratégica”.

Este hecho político es relevante para el estudio del SICRI porque demuestra que la provincia reconoce la insuficiencia de los esfuerzos estancos. La propuesta salteña busca liderar un modelo de “Inteligencia Cooperativa”, pero bajo el rótulo de “Análisis Conjunto”. Salta aspiraría a ser el nodo donde converjan los datos de Jujuy, Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero, utilizando la infraestructura de la UNAC como base para un CICRE provincializado.

2. EL CASO JUJUY: RECONOCIMIENTO NORMATIVO, ESTRUCTURA POLICIAL Y DIFERENCIA FUNCIONAL A NIVEL MINISTERIAL

A diferencia de la provincia de Salta, donde la inteligencia criminal no aparece como categoría institucional explícita, el caso de Jujuy presenta una configuración diferenciada. En esta jurisdicción, la inteligencia se encuentra formalmente reconocida en la normativa policial y materializada en una estructura orgánica específica, aunque su proyección a nivel ministerial adopta una configuración funcional distinta, orientada principalmente a la articulación interinstitucional.

Este doble nivel, reconocido y limitado, permite caracterizar a Jujuy como un modelo donde la inteligencia criminal existe como función institucional identificable, pero no necesariamente como sistema integral transversal a toda la política de seguridad.

2.1. La Ley Orgánica Policial: la inteligencia como función institucionalizada

El análisis de la Ley Orgánica de la Policía de Jujuy permite verificar que la inteligencia no constituye un vacío normativo. Por el contrario, la normativa incorpora explícitamente el término y lo vincula con funciones propias de la actividad policial.

En este marco, la inteligencia se define en relación con:

• la obtención de información;
• el procesamiento y análisis de datos;
• la producción de conocimiento útil;
• el apoyo a la prevención y represión del delito.

Este reconocimiento implica que la inteligencia no es una función implícita ni derivada, sino una actividad diferenciada dentro de la doctrina policial, lo que la distingue de modelos donde estas tareas se encuentran subsumidas en categorías más amplias como “investigación” o “planificación”.

En términos comparativos, esto marca una diferencia sustantiva respecto del caso salteño: en Jujuy, la inteligencia no requiere una traducción semántica para existir, sino que se encuentra nombrada en la propia normativa.

2.2. La estructura orgánica: el Departamento de Inteligencia Criminal (DIC)

El reconocimiento normativo se ve reforzado por la existencia de una estructura orgánica específica, representada por el Departamento de Inteligencia Criminal (DIC), cuyo organigrama, fechado en abril de 2023, permite observar el grado de institucionalización alcanzado por esta función.

El DIC se organiza a partir de una jefatura centralizada, de la cual dependen distintas unidades con funciones diferenciadas:

• Área Secretaría, con funciones administrativas y de coordinación interna.
• División Análisis, orientada al procesamiento de información y elaboración de productos analíticos.
• División Situación Provincial, encargada de la producción de cuadros de situación y evaluación del estado del delito.
• División Prevención, con funciones de anticipación y apoyo operativo.
• División Prevención Interior, que replica estas tareas en el ámbito territorial descentralizado (8 Unidades Regionales).

Esta configuración permite identificar, en términos funcionales, los componentes del ciclo de inteligencia:

• Recolección de información: a través de las áreas de prevención y despliegue territorial.
• Procesamiento y análisis: a cargo de la División Análisis.
• Producción de conocimiento estratégico: mediante la División Situación Provincial.
• Apoyo a la toma de decisiones: en articulación con las áreas operativas de la policía.

Asimismo, la asignación de personal específico (oficiales, suboficiales, agentes y personal civil) evidencia que la inteligencia no constituye una actividad residual, sino una función dotada de recursos humanos propios y diferenciados.

En este sentido, el caso jujeño muestra un nivel de desarrollo organizacional que permite afirmar que la inteligencia criminal se encuentra no solo reconocida, sino también estructurada dentro de la institución policial.

2.3. El nivel ministerial: reconocimiento funcional y articulación explícita de la inteligencia criminal

El análisis del nivel ministerial en la provincia de Jujuy permite establecer que, a diferencia de lo observado en otros casos regionales, la inteligencia criminal no se encuentra ausente ni desplazada terminológicamente en el plano político-institucional.

En efecto, la estructura del área de seguridad provincial, según la información oficial publicada, incorpora de manera explícita la referencia a la “inteligencia criminal” como parte de sus funciones. En particular, se establece entre sus competencias la de:

“Coordinar acciones conjuntas con todas las áreas de investigación e inteligencia criminal de las fuerzas de seguridad federales.”

Este elemento introduce un dato relevante: la inteligencia criminal no solo es reconocida en el ámbito policial, sino que también es asumida en el nivel ministerial como parte de la política de seguridad, al menos en términos funcionales y de articulación interagencial.

A partir de esto, pueden identificarse tres características del nivel ministerial en Jujuy:

• Reconocimiento explícito del término: la inteligencia criminal forma parte del lenguaje institucional del área de seguridad, sin necesidad de sustituciones semánticas.
• Función de articulación: el énfasis se encuentra en la coordinación con fuerzas federales, lo que posiciona al nivel ministerial como un nodo de enlace más que como un productor exclusivo de inteligencia.
• Integración operativa: la inteligencia aparece vinculada a la investigación y a la acción conjunta, más que a estructuras analíticas autónomas de gran escala.

Este esquema sugiere que la provincia ha incorporado la inteligencia criminal dentro de su política de seguridad, pero bajo una lógica de coordinación y articulación, en lugar de un modelo centrado en organismos ministeriales altamente especializados o independientes.

En este sentido, el contraste con el caso de Salta resulta claro:

• En Salta, la inteligencia no aparece nombrada en el organigrama ministerial ni en su arquitectura formal.
• En Jujuy, en cambio, la inteligencia criminal sí es mencionada explícitamente en el nivel político, tanto en términos funcionales como en su vínculo con el sistema federal.

No obstante, este reconocimiento no implica necesariamente la existencia de una estructura ministerial compleja dedicada exclusivamente a la inteligencia, sino más bien una integración de la función dentro de las dinámicas de coordinación interinstitucional.

2.4. Alcance institucional: Integración funcional y predominio operativo

Tras analizar la estructura (policial y ministerial), se observa que Jujuy ha logrado una integración formal de la inteligencia criminal, pero con una orientación específica.

A diferencia de un modelo de inteligencia puramente estratégica, en Jujuy la inteligencia criminal se configura como una capacidad integrada, pero predominantemente operativa. Esto significa que:

• La inteligencia se encuentra fuertemente vinculada al apoyo de investigaciones y procedimientos policiales inmediatos.
• Su desarrollo se orienta a la coordinación interagencial (especialmente con Gendarmería y Policía Federal) debido a la presión de la frontera seca.
• La producción de conocimiento tiende a ser táctica, destinada a la intervención en el territorio, más que a la construcción de escenarios prospectivos de largo plazo.

En este sentido, el límite en Jujuy no radica en la falta de reconocimiento institucional, sino en que la inteligencia ha sido absorbida por la urgencia de la operatividad fronteriza, quedando más próxima a la investigación compleja que a la inteligencia de Estado provincial.

2.5. Jujuy en el contexto del NOA: un modelo diferenciado

A partir de los elementos analizados, el caso de Jujuy puede caracterizarse como un modelo diferenciado dentro del NOA: la inteligencia criminal se encuentra reconocida y estructurada en el nivel policial, y se proyecta en el nivel político-institucional bajo una lógica de articulación interagencial más que de conducción estratégica autónoma.

Este esquema permite establecer un contraste claro con Salta:

• Salta: ausencia nominal y desplazamiento hacia el “análisis criminal”.
• Jujuy: reconocimiento explícito y organización policial, con una proyección ministerial orientada a la coordinación operativa.

De este modo, el análisis regional no evidencia un patrón homogéneo, sino la coexistencia de modelos institucionales distintos frente a un mismo problema geográfico y criminal.

3. LA FRONTERA SECA: EL DESAFÍO GEOPOLÍTICO DEL SICRI

El elemento aglutinador de Salta y Jujuy es la condición de frontera seca y, con ella, la existencia de interacciones transfronterizas permanentes (legales e ilegales) que incrementan la complejidad del fenómeno criminal. En estos entornos, las capacidades de seguridad tienden a depender menos de la mera presencia física y más de la producción, gestión y circulación de información: identificación de patrones, redes, rutas, actores de apoyo y modalidades de ocultamiento.

En términos de política pública, esta característica territorial introduce una exigencia institucional: la necesidad de contar con capacidades de inteligencia criminal (en sentido funcional) y mecanismos estables de coordinación interagencial (provincial–federal y, cuando corresponde, interprovincial). Sin embargo, como muestran los casos analizados, la respuesta estatal no adopta un formato uniforme: puede expresarse como reconocimiento explícito (Jujuy) o como desplazamiento semántico y/o baja visibilidad en el diseño formal (Salta).

3.1. Permeabilidad y fragmentación del conocimiento operacional

En contextos de frontera seca, el control físico (patrullajes, puestos, retenes) enfrenta limitaciones estructurales: multiplicidad de pasos informales, movilidad de baja detectabilidad y adaptación constante de los circuitos ilícitos. Por ello, las políticas de seguridad tienden a requerir una capa complementaria: la producción de conocimiento sobre redes, logística, circulación y patrones delictivos.

A partir de la evidencia revisada, la problemática no se expresa del mismo modo en Salta y Jujuy:

• En Salta, el análisis documental del organigrama ministerial (DA 568/25) permite observar que la denominación “inteligencia” no figura en la arquitectura formal, aun cuando existan funciones y prácticas asociadas en el plano operativo (por ejemplo, “análisis criminal” y categorías cercanas). En estos casos, el riesgo institucional es la fragmentación del conocimiento: se registran hechos (eventos, procedimientos, incidencias), pero la traducción sistemática de esos datos en inteligencia (productos analíticos estables, cuadros de situación, priorización de objetivos, evaluación de riesgos) queda menos explicitada en el diseño formal.
• En Jujuy, el reconocimiento normativo y orgánico (Ley Orgánica + DIC) y el reconocimiento funcional ministerial explícito (“investigación e inteligencia criminal” en el sitio oficial del área de seguridad) favorecen una configuración donde la inteligencia es, al menos, identificable institucionalmente, con divisiones que permiten distinguir recolección/prevención y análisis/cuadro de situación.

En síntesis: la frontera seca no “determina” un único modelo, pero sí presiona para que el Estado adopte arreglos institucionales capaces de sostener el ciclo de información–análisis–decisión.

3.2. El problema de la heterogeneidad del dato y su impacto en el SICRI

El SICRI, por diseño, requiere que las jurisdicciones produzcan y compartan información de manera que sea integrable: no solo datos sueltos, sino información con criterios comunes (categorías, definiciones, niveles de agregación, trazabilidad) y, en lo posible, productos de análisis comparables.

En los casos observados, el desafío no radica únicamente en “si se cargan datos” (ambas jurisdicciones generan información), sino en cómo se conceptualiza y empaqueta esa información según el modelo institucional local:

• Cuando la producción se organiza bajo rótulos de “análisis criminal” o bajo estructuras donde la inteligencia no aparece como categoría dominante en el diseño formal, existe el riesgo de que predominen insumos estadísticos o administrativos, con menor explicitación del circuito completo de inteligencia (priorización, hipótesis, evaluación, retroalimentación).
• Cuando existe una estructura explícita de inteligencia criminal (como el DIC en Jujuy) y reconocimiento funcional ministerial, la información puede tender a llegar más “procesada” (cuadros de situación, análisis, productos), aunque frecuentemente orientada a la operatividad y a la coordinación con fuerzas federales, especialmente en territorios de frontera.

De este modo, la heterogeneidad institucional se traduce en una heterogeneidad del insumo que ingresa (o intenta ingresar) a un sistema nacional. Para el SICRI, esto plantea un problema técnico y de gobernanza: armonizar modelos provinciales distintos para que la integración sea efectiva.

4. ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS DIMENSIONES INSTITUCIONALES

Para comprender la magnitud de las diferencias entre jurisdicciones, resulta útil contrastar las dimensiones centrales observadas en Salta y Jujuy. El objetivo de esta comparación no es inferir “calidad” de un modelo, sino describir cómo se nombra, organiza y utiliza la función.

Dimensión de análisis	Provincia de Salta	Provincia de Jujuy
Arquitectura ministerial (diseño formal)	El organigrama ministerial (DA 568/25) no incorpora la denominación “inteligencia”.	El nivel ministerial incorpora explícitamente la referencia a “investigación e inteligencia criminal” como función de coordinación (sitio oficial).
Nivel policial (reconocimiento normativo)	En el Digesto analizado no se observa la inteligencia como rótulo orgánico central; aparecen figuras de reserva asociadas a procedimientos administrativos/disciplinarios y funciones absorbidas por investigación/estrategia.	La Ley Orgánica Policial reconoce la inteligencia como función; existe estructura específica (DIC).
Estructura orgánica específica	Unidades/funciones asociadas aparecen bajo rótulos de análisis/estrategia/operaciones según el diseño formal revisado.	DIC (abril 2023) con divisiones diferenciadas: Análisis, Situación Provincial, Prevención, Prevención Interior, Área Secretaría.
Categoría dominante en el discurso/gestión	“Análisis criminal” e “información estratégica” como categorías operativas de referencia.	“Inteligencia criminal” como categoría explícita (policial y ministerial), con articulación con fuerzas federales.
Orientación predominante	Tendencia a la tecnificación bajo análisis criminal; la visibilidad nominal de inteligencia es baja en la estructura formal ministerial.	Integración reconocida con orientación operativa/interagencial, especialmente por condición fronteriza.
Desafío para SICRI/CICRE	Estandarización conceptual: converger desde “análisis” hacia productos integrables sin una etiqueta orgánica uniforme.	Alinear productos operativos con necesidades estratégicas y con estándares compartidos para integración sistémica.

Esta comparación evidencia que el NOA no presenta un patrón único. Al contrario, coexisten modelos con denominaciones y arreglos institucionales distintos, lo que obliga a tratar la integración regional como un problema de interoperabilidad institucional y semántica, además de un problema operativo.

5. IMPLICANCIAS PARA EL SISTEMA FEDERAL Y LA SEGURIDAD NACIONAL

La coexistencia de modelos provinciales diferenciados tiene consecuencias directas sobre la coordinación federal. En términos institucionales, el impacto principal no es “si existe o no existe inteligencia”, sino cómo se habilita, controla, coordina y estandariza.

5.1. Control institucional y rendición de cuentas: denominación, función y trazabilidad

En un marco democrático, la existencia de funciones asociadas a inteligencia exige criterios claros sobre competencias, procedimientos y mecanismos de supervisión. Cuando la inteligencia se incorpora de manera explícita (como categoría y/o función), se facilita la trazabilidad: quién produce qué, con qué atribuciones, y bajo qué mecanismos de coordinación.

Cuando, en cambio, la función se expresa preferentemente bajo rótulos alternativos (por ejemplo, “análisis criminal”) o no aparece en el diseño formal ministerial, la trazabilidad se vuelve más compleja: la actividad puede existir materialmente, pero la lectura institucional queda distribuida entre áreas, con riesgo de ambigüedad en el encuadre funcional.

En el contraste Salta–Jujuy, esta dimensión se vuelve visible: mientras Jujuy explicita la inteligencia criminal como objeto de coordinación también a nivel ministerial, Salta no la incorpora en su denominación estructural, aun cuando existan prácticas y dispositivos vinculados en el nivel operativo.

5.2. Profesionalización y encuadre de prácticas: del dato a la producción de conocimiento

Otra implicancia se vincula con la profesionalización. En términos funcionales, la inteligencia criminal requiere perfiles y rutinas específicas: recolección, validación, análisis, elaboración de productos y difusión orientada a la decisión. Cuando la estructura organiza explícitamente esas etapas (como sugiere el organigrama del DIC jujeño al diferenciar “Análisis”, “Situación Provincial” y “Prevención”), se facilita la especialización.

Cuando la función se organiza de modo más difuso (por ejemplo, absorbida por investigación o planificación) o se registra en clave principalmente administrativa/estadística, la conversión del dato en conocimiento puede depender más de arreglos internos y menos de un diseño institucional verificable.

5.3. Coordinación SICRI–CICRE: interoperabilidad conceptual y operativa

Los dispositivos de coordinación (como los CICRE o instancias similares) requieren un “idioma” común para que la cooperación sea más que una suma de datos. La coexistencia de modelos —“análisis criminal” en algunos casos e “inteligencia criminal” explícita en otros— introduce un desafío práctico:

• Diferencias en terminología: qué se entiende por inteligencia, por análisis, por investigación.
• Diferencias en productos: estadística, cuadro de situación, inteligencia operativa, inteligencia estratégica.
• Diferencias en temporalidad: respuesta inmediata versus construcción de escenarios.

Por ello, la articulación no se resuelve solo con acuerdos de cooperación, sino también con estandarización mínima: definiciones operativas compartidas, protocolos de intercambio, criterios de calidad del dato y formatos de productos analíticos.

6. CONCLUSIONES DEL PRIMER BLOQUE: SALTA Y JUJUY

A partir del análisis realizado, puede afirmarse que el desarrollo de la inteligencia criminal en Salta y Jujuy no responde a un patrón uniforme, sino a configuraciones institucionales diferenciadas, condicionadas por un mismo entorno geográfico (frontera seca), pero expresadas mediante arreglos normativos y orgánicos distintos.

En el caso de Salta, la evidencia revisada muestra una tensión entre, por un lado, la existencia de prácticas y discursos asociados a la producción de conocimiento sobre el delito (con fuerte presencia de la categoría “análisis criminal” y referencias a “información estratégica”) y, por otro lado, la ausencia de la denominación “inteligencia” en la arquitectura formal ministerial (organigrama DA 568/25). En este marco, el rasgo descriptivo central es el desplazamiento semántico: la función aparece, pero tiende a expresarse bajo categorías alternativas.

En el caso de Jujuy, se observa un modelo de reconocimiento institucional más consistente: la inteligencia es reconocida en la normativa policial, estructurada orgánicamente (DIC, abril 2023) y además asumida explícitamente en el plano ministerial como función de articulación con fuerzas federales (“investigación e inteligencia criminal”, según el sitio oficial del área de seguridad). En este esquema, el rasgo descriptivo central no es la ausencia, sino la orientación predominante: una inteligencia fuertemente vinculada a la coordinación interagencial y a la operatividad del control territorial en frontera.

Desde la perspectiva del SICRI, la consecuencia principal de esta comparación es que el desafío regional no se agota en “crear capacidades”, sino en hacer interoperables capacidades que ya existen bajo modelos diferentes. La integración efectiva requiere armonizar denominaciones, formatos de producción y criterios de intercambio, de modo que la cooperación interprovincial y federal no dependa exclusivamente de acuerdos ad hoc, sino de marcos institucionales estables.

En la próxima entrega, el análisis se extenderá a Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero, con el objetivo de completar el mapa regional y establecer si predominan configuraciones cercanas al desplazamiento semántico, al reconocimiento institucional explícito o a modelos híbridos que combinen ambas dinámicas u otras nuevas.

Fuentes consultadas

1.Espíndola, J. C. (2025, 24 de octubre). CICREs: elementos del SICRI. El Analista.https://elanalista.com.ar/cicres-elementos-del-sicri/

2.Gobierno de la Provincia de Salta. (2017, 22 de febrero). La Unidad de Análisis Criminal fue reconocida por expertos en inteligencia criminal. https://www.salta.gob.ar/prensa/noticias/la-unidad-de-analisis-criminal-fue-reconocida-por-expertos-en-inteligencia-criminal-50911

3.Gobierno de la Provincia de Salta. (s. f.). Ministerio de Seguridad: Decisión Administrativa N.º 568/25 [Organigrama]. https://www.salta.gob.ar/public/descargas/organismos/ORGANIGRAMA-SALTA-MINISTERIO-SEGURIDAD-2026-02-24.pdf

4.Gobierno de la Provincia de Salta. (2026, 25 de mayo). Salta propuso estrategias regionales para combatir a las organizaciones delictivas del NOA. https://www.salta.gob.ar/prensa/noticias/salta-propuso-estrategias-regionales-para-combatir-a-las-organizaciones-delictivas-del-noa-108056

5.Ministerio de Defensa. (2026, 13 de mayo). La Argentina adecua su sistema de inteligencia de la defensa en un escenario internacional cada vez más complejo. Argentina.gob.ar. https://www.argentina.gob.ar/noticias/la-argentina-adecua-su-sistema-de-inteligencia-de-la-defensa-en-un-escenario-internacional

6.Ministerio de Seguridad de Jujuy. (s. f.). Subsecretarías. Gobierno de Jujuy. https://seguridad.jujuy.gob.ar/subsecretarias/

7.Policía de la Provincia de Jujuy. (2023, abril). Estructura orgánica del Departamento de Inteligencia Criminal [Organigrama]. https://policia.jujuy.gob.ar/wp-content/uploads/sites/40/2023/06/INTELIGENCIA-CRIMINAL-1.png

8.Provincia de Jujuy. (1981, 6 de febrero). Ley N.º 3757: Ley Orgánica Policial. Dirección Provincial de Boletín Oficial e Imprenta del Estado. https://boletinoficial.jujuy.gob.ar/?p=55309

9.Provincia de Salta. (2012, 29 de octubre). Ley N.º 7742: Ley Orgánica de la Policía de la Provincia de Salta. Cámara de Diputados de la Provincia de Salta. https://www.diputadosalta.gob.ar/digesto_leyes/463/download_file

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