SEGURIDAD HUMANA Y GLOBALIZACIÓN: el concepto de seguridad en el contexto del mundo actual
Autor: Mauricio J. Campos – Experto en Terrorismo.
Esto no se resuelve a balazos (…) Soy el primero en alzar la mano para regresar a nuestras tareas institucionales
General Salvador Cienfuegos, ex Secretario de Defensa de México
Viejas y nuevas doctrinas
Definir el concepto de seguridad actualmente es complejo. Existe una multiplicidad de enfoques y acercamientos al tema, con el agravante de que no hay una organización mundial al respecto que pueda unificar criterios y fijar postulados que sean unánimes. Las Naciones Unidas, por otro lado, ha postulado el concepto de Seguridad Humana, cuyo objetivo es: “Proteger el núcleo vital de todas las vidas humanas de las amenazas críticas y generalizadas, de un modo compatible con la realización a largo plazo de las personas” (Organización Panamericana de la Salud, 2012).La resolución 66/290 de la Asamblea General, señala que “La seguridad humana es un enfoque que ayuda a los Estados Miembros a determinar y superar las dificultades generalizadas e intersectoriales que afectan a la supervivencia, los medios de subsistencia y la dignidad de sus ciudadanos”. Pero más allá de la multiplicidad de abordajes, puede establecerse que la seguridad involucra al individuo, a su entorno, al tejido social, al Estado en su rol de control político-militar y, especialmente, ciudadano (pero cuya potestad actualmente está siendo muy cuestionada, sobre todo en los países periféricos), y al sistema internacional. La seguridad, desde el punto de vista que nos atañe, apunta a disminuir las probabilidades de sufrir un daño que afecte a los valores adquiridos o adoptados por la sociedad, con el fin de conseguir un bienestar y estabilidad duradera, y para lo cual desarrolla e implementa distintas políticas y medidas, en un accionar tendiente a lograr dicha situación. En síntesis, puede decirse que existe un ingrediente cultural (más allá de los aparatos de control institucionales), donde el individuo está inserto y percibe su situación cotidiana, del entorno que lo rodea y de los niveles de amenazas y peligrosidad a los que está expuesto, contribuyendo a crear el clima de lo que se denomina la “Sensación de Inseguridad”, muy pronunciada en los países de la región, es decir, América Latina.
Cabe distinguir entre diversos enfoques para abordar el tema. Entre ellos, el de la Seguridad Pública o Seguridad Nacional, uno de los roles en el cual el Estado, como ya se dijo, viene siendo ampliamente cuestionado en las últimas décadas. Con el fin de la Guerra Fría, del llamado mundo bipolar y el surgimiento de un nuevo proceso de globalización, el paradigma de la llamada Doctrina de la Seguridad Nacional quedó obsoleta. Sostiene Juan Battaleme (2018) que, en un escenario internacional “volátil, incierto, complejo y ambiguo”, “las agresiones son multidimensionales y provienen de distintos actores”. Al respecto, Estados Unidos como principal potencia hegemónica desarrolló la Doctrina de las Nuevas Amenazas, muy controvertida, dado que le ha permitido justificar sus políticas de intervencionismo en la región, en líneas generales, contra el crimen organizado transnacional o el asentamiento de grupos terroristas.
Dentro de este complejo panorama, ha surgido “Un acentuado proceso de SECURITIZACIÓN que involucra el uso de las fuerzas armadas desde la perspectiva de la “mano dura”, y cuyo accionar ha sido criticado por estigmatizar grupos y conflictos sociales, así como por su amplio despliegue propagandístico y montajes mediáticos” (Campos, 2022). Como ejemplo, puede citarse a el país de El Salvador y las medidas anti-criminales implementadas por su presidente Nayib Bukele, con el objetivo de contrarrestar el accionar de las maras y grupos urbanos violentos. Otros ejemplos de esto son los países de Colombia, México y Brasil, “Donde las bandas criminales suelen ocupar los espacios vacíos dejados por el Estado, sustituyéndolo en sus funciones. De esta situación se derivan las actuales “guerras urbanas” de las fuerzas gubernamentales contra el narcotráfico y sus violentas disputas por la anexión de nuevos territorios para extender sus actividades delictivas, con un saldo de miles de muertos” (Campos, 2022). Esta actualidad de extrema violencia es la que aqueja a la Provincia de Santa Fe más específicamente a la ciudad de Rosario y vuelve a poner sobre el tapete la discusión sobre el rol de las Fuerzas Armadas en cuestiones de seguridad interior en nuestro país.
De lo dicho, que pareciera trazar un mapa ideal de Estados fallidos en América Latina, se desprenden graves consecuencias, entre otras, la pérdida de gobernabilidad del Estado (monopolios, destrucción del aparato productivo, desinversión extranjera, aislamiento internacional); la generación de mayor violencia (asesinatos, crímenes de género, trata y tráfico de personas, mano de obra esclava), el colapso de los sistemas penitenciarios, judiciales y otras estructuras institucionales; la infiltración del crimen organizado en distintos estamentos políticos y sociales, con el consecuente aumento de la corrupción y la denominada “captura del Estado” (impunidad, abuso de poder y saqueo de los recursos públicos). Según Transparencia Internacional (2021), América Latina cuenta con uno de los mayores índices de corrupción a nivel mundial.
En síntesis, la debilidad estatal alienta los conflictos sociales, la desigualdad, el aumento de la pobreza, la estigmatización y el desempleo. El problema se agrava con la creciente urbanización, el hacinamiento poblacional (hambre, enfermedades) y la degradación ambiental.
Hacia un rol integrador y cooperativo
La Seguridad Humana, centrada en el individuo y el bienestar colectivo, se haya vinculada al concepto de gobernanza, es decir, al necesario equilibrio entre la gestión estatal, la sociedad civil y el mercado, con el objetivo de lograr una adecuada convivencia ciudadana, inclusiva, plenamente democrática y digna, con resultados sostenibles en el tiempo. Idealmente aborda los problemas estructurales del ámbito público, desestimando el uso inadecuado del “poder blando” apoyado en una comunicación viciada por el ocultamiento y las noticias falsas (fakes news), la manipulación de la información y la influencia ejercida a través de los medios culturales e ideológicos (por ejemplo, el de la administración Bush y su guerra total contra al terrorismo, que avaló el espionaje ciudadano y un nuevo dogma: la doctrina del ataque preventivo), así como el intervencionismo de una policía militarizada donde la coerción del Estado (“poder duro”), se convierte en parte del conflicto, desconociendo los derechos humanos y generando mayor violencia (por ejemplo, el caso de América Latina y la guerra contra las drogas). Dice Tokatlian (2018) que, en una América Latina “Atravesada por la polarización política, desigualdad social, retraso tecnológico y estancamiento económico”…“El costo de esta guerra contra el crimen organizado tendrá como principales víctimas a jóvenes y pobres en las naciones periféricas y a minorías y migrantes en los países centrales”.
Con una visión más acotada en su instrumentación, la Seguridad Ciudadana se ocupa del delito común y de hacer cumplir la ley, comprendiendo al sistema policial, judicial y penitenciario, así como a las distintas unidades de investigación. Complementa su accionar a través del diseño de planes preventivos para la contención del crimen. Cabe agregar la necesaria capacitación, equipamiento y fiscalización de las fuerzas de seguridad y los tribunales de justicia.
Dentro de un rol más amplio, el Estado debe asumir una posición integradora que involucre un equilibrio de intereses comunes, estableciendo pactos de políticas consensuadas impulsadas por diversos sectores (gobierno, sindicatos, partidos políticos, empresas, think tanks, prensa, ONGs y otros, de carácter consultivo, con el objeto de aportar ideas, promover o apoyar cambios, transparentar acciones y medidas, así como de expresar opiniones con libertad y respeto por la división de poderes y el Estado de Derecho. Al respecto, resulta clave concientizar y generar nuevos hábitos de conducta democrática y participación activa, incentivando, entre otras cuestiones, las denuncias judiciales por casos de corrupción y otros delitos; garantizar el marco jurídico de actuación y el trato igualitario de todas las personas, priorizando el acceso a la educación, el empleo, la salud, la vivienda y otras necesidades básicas, con el objetivo de disminuir la inequidad social, la desmoralización y la motivación para el ejercicio de prácticas corruptas. Hay que incluir en este breve esbozo la cooperación internacional para la lucha contra los tráficos ilícitos y el terrorismo.
Bibliografía:
Battaleme, Juan (2018), Modernizar las ideas en Defensa Nacional, Clarín.
Campos, Mauricio Javier (2022), El crimen organizado transnacional: expansión, corrupción y violencia extrema,El Analista. En: https://elanalista.com.ar/el-crimen-organizado-transnacional-expansion-corrupcion-y-violencia-extrema/
Campos, Mauricio Javier (2022), Las caras ocultas del crimen organizado y la corrupción, El Analista. En: https://elanalista.com.ar/las-caras-ocultas-del-crimen-organizado-y-la-corrupcion-por-mauricio-javier/
Materiales de estudio de la materia Introducción a la Seguridad (2023).
Naciones Unidas, Fondo Fiduciario para la Seguridad Humana. En: https://www.un.org/humansecurity/es/what-is-human-security/
Organización Panamericana de la Salud (2012), Seguridad humana: implicaciones para la salud pública. En: https://adobeacrobat.app.link/Mhhs4GmNsxb
Tokatlian, Juan Gabriel (2018), Crimen organizado, ¿la nueva guerra?, Clarín.
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