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Las caras ocultas del crimen organizado y la corrupción

Por Mauricio Javier Campos.

La infiltración silenciosa: breve proceso evolutivo y características salientes

Desde la antigüedad ha existido un modelo de delito constante y tradicional vinculado al robo, la violación, la extorsión, el saqueo, el asesinato y otros ilícitos. Al respecto, resulta estéril la tarea de intentar vincular la actividad delictiva de algunos grupos aislados o de actuación circunstancial  en la historia al, sin duda, actual concepto (surgido en las primeras décadas del siglo XX) de crimen organizado. 

Los vertiginosos cambios producidos a partir de la Segunda Revolución Industrial a fines del siglo XIX a nivel social (concentración en las grandes urbes y sus consecuencias: inmigración masiva, pobreza, deterioro del sistema legal y de las condiciones de vida), cultural (medios de comunicación, nuevas tecnologías, transporte), político (con estructuras más permeables a la corrupción) y, sobre todo, económico-financiero, operaron para el surgimiento de nuevas bandas criminales. 

Durante las primeras décadas del siglo XX es que se va gestando el concepto de crimen organizado, se tipifican sus actividades delictivas y se persigue más enfáticamente a dichas bandas. El crimen se ve potenciado, por ejemplo en Estados Unidos, por leyes prohibitivas contra el opio en 1906 y la Ley Harrison de impuestos sobre los narcóticos. Otros puntos de inflexión que pueden considerarse en esta etapa, aparte de los ya mencionados, son: la instauración de la Ley Seca en 1919 y la expansión del contrabando; el surgimiento del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) y la figura arquetípica y polémica de J. Edgar Hoover, vigente durante casi cincuenta años; la instalación de lavanderías en Chicago como empresas pantalla para lo que se considera el inicio del blanqueo de capitales y la caída y prisión de Al Capone por evasión impositiva. Entre los delitos más comunes de esta época se encuentran también la prostitución, el juego clandestino y las apuestas. Ya en los años 40, las actividades delictivas de “Lucky” Luciano, Meyer Lansky y la Cosa Nostra involucran, a través de sus contactos, la colaboración y connivencia con el gobierno y las Fuerzas Armadas estadounidenses para la invasión de Sicilia y la ayuda para controlar los puertos con el objetivo de evitar sabotajes, así como la elevada organización en el reparto territorial y de tareas de las familias del crimen italoamericano. 

Después de la Segunda Guerra Mundial, el crimen organizado se sofisticó y apuntaló, entre otras actividades, con el tráfico de drogas (y el aumento sustancial del consumo en Estados Unidos en la década del 60) y, sobre todo, la infiltración y corrupción de diversos estamentos sociales, sindicales, públicos y políticos apelando, entre otras modalidades, a la extorsión. Al respecto, en 1970 se aprueba la denominada Ley Rico (Ley de chantaje civil, influencia y organizaciones corruptas), que involucra la persecución e imposición de sanciones por actos delictivos, con un amplio espectro de aplicación. Esta herramienta jurídica fue utilizada por la Fiscalía General de Estados Unidos contra la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), acusada de tejer una red de corrupción. Otro caso significativo lo constituye el accionar conjunto de la organización secreta Propaganda Dos, su presidente Licio Gelli (de estrecha vinculación con el segundo mandato de Juan Domingo Perón y el entorno de su época, siendo condecorado por el gobierno y ocupando posiciones oficiales en el extranjero) y la mafia italiana, que durante varios años influyeron en los asuntos gubernamentales y financieros de varios países de Europa (Italia, el Vaticano) y América Latina a través de numerosas actividades delictivas, provocando en ocasiones desestabilización institucional e ingobernabilidad. En la saga de cine El Padrino 1972-1990 se plantea el caso de Cuba, el juego, las apuestas, el blanqueo de capitales y los Casinos, así como el escandaloso caso que provocó la quiebra del Banco Ambrosiano, sacudió a la Banca Vaticana e involucró a prominentes figuras de la Iglesia, la política y las finanzas.

Ya finalizada la Guerra Fría en los años 90, y con pocos años de diferencia, muere en una prisión norteamericana John Gotti, el carismático jefe de la familia mafiosa Gambino (cuya imagen, como la cara visible del crimen organizado, fue explotada por la prensa) y, en Italia, es encarcelado Salvador “Totó” Riina, el más poderoso capo siciliano de las últimas décadas. Con el proceso global iniciado en esa década, el crimen organizado acentúa su transnacionalización y expande sus redes. Las nuevas amenazas son: los cárteles de la droga en Colombia (Cali y Medellín, este último con Pablo Escobar a la cabeza) y en México (Félix Gallardo y sus sucesores: Sinaloa, Cartel Jalisco Nueva Generación, y otros), así como la mafia rusa, las maras, otras pandillas centroamericanas y los grupos urbanos violentos; las BACRIM, las organizaciones híbridas (PCC, narcoterrorismo), nuevas modalidades de ciberdelito y, en síntesis, un mayor flujo de capitales ilícitos y el consecuente lavado de activos que exige de estos grupos el desarrollo de estructuras más complejas, con capacidad de innovación y adaptabilidad para cumplimentar sus operaciones. Destacan, en este proceso de expansión agresiva: 

  • El uso de la violencia extrema y sus consecuencias: coerción, extorsión, violación de los derechos humanos, crímenes de género, muertes y crímenes masivos, colapso de las morgues y el sistema forense; asesinato selectivo de periodistas, políticos, autoridades y líderes sociales; hacinamiento carcelario, políticas represivas del Estado, deficiencias penales y punitivas.
  • Las pugnas por el control territorial. 
  • La amplia diversificación de actividades.

Corrupción y dinero sucio: pilares del crimen organizado

Algunos postulados sostienen que la corrupción pública es inevitable e inherente al sistema, en cuyas estructuras se infiltran los grupos criminales o se utilizan sus tácticas y mecanismos aprovechando las brechas legales. El sector privado no es ajeno a la problemática, siendo víctimas ideales del flujo de dinero sucio y prácticas desleales los Estados débiles, con leyes y controles laxos, contribuyendo a crear el escenario propicio para la llamada “captura del Estado”, situación generada a partir de los conflictos de interés entre funcionarios y operadores del poder político con estamentos privados y élites económicas, y cuya connivencia puede traer aparejada una influencia abusiva en pos de sus intereses y privilegios. Las consecuencias son graves: concentración de poder y monopolios, interferencia en el mercado de valores, evasión fiscal, lavado de activos, sobornos, quiebras fraudulentas, destrucción del aparato productivo y saqueo de recursos (por ejemplo, la minería ilegal), escasez presupuestaria, desinversión extranjera, aislamiento internacional, inestabilidad de precios, inflación, especulación y, en general, todo aquello que coadyuva a generar una cultura de la opacidad que obra en desmedro del interés de la población, alienta los conflictos sociales, la desigualdad, el aumento de la pobreza y el desempleo. En el ámbito de América Latina esto se comprueba a través de las migraciones forzadas, el colapso de las zonas fronterizas, la creciente urbanización, el hacinamiento en complejos edilicios, villas y barriadas marginales, la estigmatización, alienación, desapariciones, secuestros de niños y mujeres en el contexto de la trata y el tráfico de personas y la mano de obra esclava. El crimen organizado intenta legitimar su accionar estableciendo vínculos con el poder político, provocando un serio daño y erosión en: 

  • Las instituciones democráticas (justicia, policía y otras fuerzas de seguridad).
  • El estado de derecho.
  • Los mecanismos de rendición de cuentas. 

Esto obliga a prácticas empresariales corruptas para poder competir, con la consiguiente pérdida de valores morales y ética corporativa. La Operación Lava Jato constituye un ejemplo, cuyo proceso de investigación se vio opacado por la connivencia entre la justicia y la agenda mediática (nuevamente la influencia y manipulación de ciertos sectores de la prensa en la opinión pública). La extensa red de corrupción incluyó a más de una docena de países solo en

América Latina, a la empresa estatal brasileña Petrobrás y a la constructora Odebrecht, envueltas en denuncias por desvío de fondos, contratos fraudulentos, sobornos, tráfico de influencias y financiación ilegal de campañas electorales. Estas compañías se vieron forzadas al pago de fuertes multas por actos ilegales cometidos por sus ejecutivos, al igual que diversas entidades bancarias y financieras a nivel mundial, tales como el J P Morgan, el Deutsche Bank y sobre todo, el HSBC, este último señalado por permitir el uso de sus cuentas para transferir dinero de presuntos terroristas y traficantes de droga. 

Reflexiones finales: distintos abordajes

Diversos organismos internacionales cuentan con comisiones que ejercitan el seguimiento y control sobre estas actividades ilegales, entre ellos, la Organización de Estados Americanos (OEA), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), el PACCTO (Europa Latinoamérica Programa de Asistencia contra el Crimen Transnacional Organizado) y el más importante, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Cabe destacar también el rol fundamental desempeñado por entidades no gubernamentales como el Consorcio Internacional de Periodistas de

Investigación en casos de envergadura como los llamados “Papeles de Panamá”, donde quedaron expuestos los manejos fraudulentos para la creación de paraísos fiscales y el lavado de dinero. En Argentina existe normativa específica, como la Ley Anticorrupción (27.401) y la Ley de Encubrimiento y Lavado de Activos de Origen Delictivo (25.246 y sus consecuentes modificaciones con la Ley 26.683), a partir de la cual se creó la Unidad de Información Financiera (UIF) para la investigación de operaciones sospechosas. Su labor incluye intervenciones en la Triple Frontera (por ejemplo, en el caso del clan Barakat, financistas de Hezbolá), zona de muy alto riesgo por su despliegue delictivo. 

No resulta inusual la intervención del Departamento de Justicia de Estados Unidos (y algunas de sus dependencias) en sonados casos que afectan a la región, así como la implementación de la doctrina contra las “nuevas amenazas”, ejecutada a través del Comando Sur y que pretende restar influencia al accionar del crimen organizado. Pero, amplios sectores ven esta tendencia cada vez más creciente como una sumisión a la política exterior estadounidense en materia de seguridad hemisférica. 

En síntesis, y vinculado a este último punto, puede decirse que, a las habituales estrategias utilizadas para combatir el crimen organizado transnacional, entre las que se incluyen las operaciones encubiertas, las entregas vigiladas, las interceptaciones telefónicas (y de correos electrónicos), el congelamiento de activos, decomisos, incautaciones, y otras medidas, se suma el controvertido papel jugado por las fuerzas armadas en los asuntos de seguridad interior, dejando un saldo de mayores conflictos y violencia, avasallamiento de los derechos humanos y criminalización de los sectores más empobrecidos. Basta con citar las experiencias de Colombia, Brasil y México. 

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