BASES MILITARES NORTEAMERICANAS EN AMÉRICA LATINA: entre la cooperación y la soberanía

Autor: Daniel Andrés Birchner. MA en Conflictología Internacional. MA en Inteligencia Estratégica.

Estados Unidos ha establecido bases militares en América Latina desde el siglo XX, justificando su presencia con la lucha contra el narcotráfico, la estabilidad regional y el control de puntos estratégicos. Aunque han fortalecido la cooperación en defensa, también han generado conflictos por su impacto en la soberanía y la falta de transparencia. Casos como Guantánamo, Manta y Palmerola reflejan estas tensiones. ¿Cómo han influido estas bases en la política regional? ¿Siguen siendo necesarias o representan un desafío para la autonomía de los países anfitriones?

Hacia mediados del siglo XIX, casi todas^[1] las colonias europeas en el continente americano se habían independizado. La primera había sido Haití, cuya revolución por la libertad contra los franceses comenzó en 1791 (terminando en 1804) y la última fue Belice (antigua Honduras Británica), que se independizó de Gran Bretaña en 1982. Las potencias coloniales en el continente fueron seis: España, Gran Bretaña, Portugal, Francia, los Países Bajos^[2] y finalmente, Dinamarca^[3].

Sin embargo, la inspiración para muchos de estos movimientos revolucionarios que acabarían en independencias tomaría como modelo la revolución de las trece colonias británicas, es decir, la revolución de 1775. La Guerra de Independencia de Estados Unidos, que comenzó ese mismo año y terminó con la rendición británica en 1783 (Tratado de París), trascendió por todo el continente, despertando un sentido de identidad americana, provocando tensiones con las metrópolis europeas. Tal fenómeno luego se vería enriquecido tanto por la Revolución Francesa (en términos de modelo de gobierno republicano) como por la invasión de Napoleón a España en 1808, que puso en jaque la monarquía borbónica sobre todas las colonias de ese país en América.

Tras un siglo XIX marcado por guerras civiles y de independencia, a principios del siglo XX la nación más poderosa del continente, los Estados Unidos, concibió una serie de marcos geopolíticos según los cuales el continente americano debía ser un área de influencia norteamericana exclusivamente, protegiéndola así de sus antiguas potencias coloniales. Estos principios de política exterior se denominaron la Doctrina Monroe y el Corolario de Roosevelt.

La Doctrina Monroe fue declarada el 2 de diciembre de 1823 por el entonces presidente James Monroe, en colaboración con su secretario de estado John Quincey Adams. Se formuló como una perspectiva geopolítica de Estados Unidos sobre el resto del continente americano, según la cual «América debía ser para los americanos» y que cualquier intervención europea sobre el continente sería considerada una agresión directa a los Estados Unidos. El Corolario de Roosevelt, pronunciado en 1904, amplió los alcances prácticos de la doctrina Monroe en tanto justificó la injerencia directa de Washington en los asuntos de la región para preservar el orden y la estabilidad.^{[4] [5]}

La aplicación moderna de las mencionadas perspectivas pasó de un carácter meramente declarativo en sus inicios, a materializarse en la creación de bases militares en distintos países de América Latina^[6]:

1. Desde 1903 hasta 1999: Zona del Canal de Panamá. Tras apoyar la independencia de Panamá contra Colombia, Washington consiguió derechos para construir y controlar el Canal, administrándolo como si fuera propio, y así reducir drásticamente el tiempo de tránsito de bienes hacia el Pacífico.
2. Desde 1903 hasta hoy: Base Naval Bahía de Guantánamo, Cuba. se construyó casi inmediatamente después de la intervención estadounidense en la guerra de independencia cubana contra España. Esta base otorgaba una presencia naval estratégica en el centro del Caribe. La base adquirió notoriedad pública debido a las acusaciones de violaciones de derechos humanos a los internos de la cárcel de Guantánamo, reservada para prisioneros de alta seguridad como terroristas y espías de países enemigos.
3. Entre 1946 y 1984, la Escuela de las Américas, en Panamá. Tristemente célebre por su participación como centro de entrenamiento para las dictaduras militares latinoamericanas. Funcionó hasta 1984 cuando fue trasladada a Georgia, Estados Unidos.
4. Entre 1999 y 2009, Base de Manta, Ecuador: fue instalada por Estados Unidos en el marco de la cooperación contra el narcotráfico con Ecuador, dentro del denominado Plan Colombia.
5. Desde 2000 a hoy, Base Aérea de Comalapa, El Salvador: fue también construida con fines de anti-narcotráfico. Realizaba operaciones de vigilancia aérea y señalamiento de objetivos para las fuerzas del orden.
6. Desde 2009 a hoy, varias bases en Colombia: también en el marco de cooperación anti narcotráfico entre ambos países, Colombia permitió la construcción de varias bases para fortalecer las acciones del ejército colombiano contra las FARC^[7] y el ELN^[8] en el marco de la estrategia bilateral EE.UU.Colombia.

Conflictos en torno a la presencia militar estadounidense

La perspectiva estratégica moderna de Estados Unidos en estos países se basa en dos elementos principales: la lucha contra el narcotráfico (Ecuador, Colombia, Panamá) y el control de pasos estratégicos (Panamá, Cuba). La instalación de estas bases se desarrolló, casi sin excepciones, desde su establecimiento en el marco de cooperación voluntaria^[9] entre los países. Sin embargo, no son pocos los conflictos (sociales, económicos y diplomáticos) suscitados por la presencia de militares estadounidenses en los países anfitriones, lo que ha despertado un debate sobre su efectividad y necesidad. A continuación, se analizan los casos más polémicos y representativos:  

• Base de Guantánamo, Cuba: construida en 1903, mediante el Tratado de Arriendo Cubano-Estadounidense, el cual otorgaba a Estados Unidos el derecho deal país anglosajón de usar el territorio de la bahía a cambio de un pago anual simbólico. El conflicto radica en que este tratado fue firmado en un contexto en el que Cuba tenía una independencia limitada, la Enmienda Platt^[10], firmada tras la guerra, permitía la intervención estadounidense en la isla tras la Guerra contra España (1895-1898). En 1959, con la victoria de la Revolución Cubana, La Habana declaró inmediatamente como ilegal la presencia norteamericana en la isla y se negó a cobrar el pago anual. Asimismo, comenzó a exigir la devolución de la base a Cuba, a lo que Estados Unidos respondió que su posesión del territorio es legal y perpetua de acuerdo al tratado de 1903. Adicionalmente, en 2002 la naturaleza de la base pasó de militar a reconventirse en un centro de detención internacional. Los hechos que trascendieron desde la prisión de Guantánamo despertaron la indignación y el cuestionamiento mundial, al constatarse torturas, detenciones arbitrarias y tratos inhumanos hacia los prisioneros, considerados de alto nivel de peligrosidad.¹¹

• Base de Manta, Ecuador: Tras firmar un acuerdo en 1999, Ecuador permitió el uso de la Base Aérea Eloy Alfaro, en Manta, por un período de 10 años. El pacto se dio en el contexto del Plan Colombia, una coordinación de varios países americanos en la lucha contra el narcotráfico. Desde la base despegaban misiones de reconocimiento y vigilancia de los campos de sembrado y se realizaban operaciones de inteligencia aérea contra los grupos insurgentes^[11] desplegados en el Amazonas peruano. Sin embargo, las críticas comenzaron a surgir cuando ciertos aspectos de las misiones aéreas estadounidenses no fueron compartidos con las autoridades ecuatorianas, sembrando sospechas en cuanto a su legalidad. El gobierno ecuatoriano hizo circular por los medios la sospecha de que los vuelos que despegaban de la base estaban usándose para espiar a países como Colombia y Venezuela, operaciones que excedían lo pactado en el tratado. En 2008, el conflicto alcanzó un punto culminante con la presidencia de Rafael Correa, que decidió no renovar el acuerdo para un nuevo ciclo. La justificación oficial fue que las operaciones aéreas de la base habían excedido lo acordado y que tal violación constituía una violación de la soberanía ecuatoriana.^[12]

• Base de Palmerolas, Honduras: Conocida como Base Aérea Soto Cano, fue construida a 80 km de Tegucigalpa (capital hondureña) en los años 80 por Estados Unidos. El objetivo, desde su concepción, fue contar con un puesto avanzado para influir militar y logísticamente en los procesos políticos de Nicaragua y El Salvador, países que por entonces sufrían convulsiones políticas que derivaron en guerras civiles. No obstante, ya entrados los años 2000, tuvo lugar un episodio que concentró la atención de la opinión pública hondureña contra la base. El 28 de junio de 2009, el presidente hondureño Manuel Zelaya fue detenido por militares en su residencia y expulsado del país. Según informes, antes de ser trasladado a Costa Rica, fue llevado a la Base Aérea Soto Cano (Palmerola), que alberga personal militar estadounidense. Esta acción generó sospechas sobre una posible complicidad de Estados Unidos en el golpe de Estado. Sin embargo, el gobierno estadounidense negó cualquier participación en el derrocamiento de Zelaya. Al día de hoy, la base sigue siendo propiedad de Honduras, pero efectivamente, es controlada por Washington. Los pedidos de transparencia por parte del gobierno hondureño son constantes, sin embargo al hasta hoy, la situación no ha cambiado.

• Bases en Colombia: en 2007, el presidente colombiano Uribe autorizó, mediante un acuerdo con Estados Unidos, el uso de siete bases militares^[13] en el marco de la cooperación en la lucha contra el narcotráfico. Colombia es un uno de los principales países productores de estupefacientes, además de sufrir el constante acoso de guerrillas (FARC y ELN) financiadas por los narcotraficantes. Inmediatamente, Venezuela y Ecuador, ambos países limítrofes con Colombia, denunciaron el acuerdo destacando la amenaza a la soberanía que supondría disponer bases para el despegue de aviones estadounidenses en la región. En Colombia también existió oposición, ya que este acuerdo no había tenido la aprobación del Congreso, por lo que el acuerdo fue declarado inconstitucional en 2010. Esta acción bloqueó legalmente el acuerdo, sin embargo, Estados Unidos sigue operando en el país en el marco de acuerdos bilaterales previos.

Balanceando los beneficios

Si bien cada país puede tener sus motivos propios en base a su historia y realidad interna, admitir la instalación de una base norteamericana en suelo soberano constituye tanto un acto militar como social, político y económico. Militarmente, la instalación de bases norteamericana ha mejorado notablemente la capacidad táctica de los países anfitriones para el combate del narcotráfico: durante el período 2000-2007, las autoridades colombianas reportaron que las cifras de secuestros y homicidios ligados al narcotráfico se redujeron a un tercio de los niveles anteriores, así como una clara reducción de los ataques a oleoductos^[14]. Además, la cooperación no sólo se manifiesta en forma de asistencia táctica y logística, sino también de inteligencia (con provisión de observaciones satelitales, por ejemplo), ejercicios militares conjuntos, asistencia en desastres naturales y facilidades para la adquisición de armas y municiones estadounidenses. Para Washington, significa una oportunidad tanto táctica como comercial por las mismas razones. 

En el ámbito social, permitir la instalación de una base norteamericana puede^[15] constituir una declaración firme de intención gubernamental para combatir el narcotráfico o el crimen organizado, reconociendo la limitación de las fuerzas nacionales y permitiendo la introducción de un tercer actor no relacionado (al menos, inicial y aparentemente) con los criminales locales. En materia de política internacional, constituye un claro, profundo y comprometido posicionamiento geopolítico favorable a Washington. Y finalmente, en términos financieros, el país huésped recibe inversiones en defensa (entre 2001 y 2008, Colombia recibió 5.525 millones de dólares en asistencia militar y económica).

Sin embargo, todo lo mencionado debe ser sopesado con las consecuencias negativas que también acarrea la instalación de bases norteamericanas en suelo soberano. La falta de transparencia, el aumento de la corrupción y las violaciones de DD.HH. empujan a reevaluar la conveniencia o no de permitir esa cesión de soberanía.

Proyectos futuros

Actualmente no existen proyectos concretos para la instalación de bases militares estadounidenses, aunque sí se han hecho declaraciones y expresiones de voluntad con el fin de consolidar la cooperación militar entre algunos países:

Aquí debemos retomar el caso de Ecuador. Como fue mencionado, la base de Manta fue cerrada en 2009 por irregularidades en la administración de la base. Sin embargo, el actual presidente Daniel Noboa expresó su intención posibilitar a fuerzas militares estadounidenses su instalación en el territorio dado el recrudecimiento de la violencia del narcotráfico. No debemos ir muy lejos para recordar los violentos incidentes ocurridos en enero de 2024: un candidato a presidente asesinado, la fuga del jefe de la mayor banda criminal del país, y la toma por parte de terroristas vinculados a cárteles de droga de un canal de televisión. Las fuerzas tanto policiales como militares del país evidenciaron su falta de poder de fuego. También quedó en evidencia su falta de previsión del potente accionar de estos grupos.

Argentina es otro caso, aunque más ligado a una cuestión geopolítica que criminal. La asunción de Javier Milei a la presidencia en 2023 significó un giro copernicano en aspectos económicos, sociales y políticos. Un cambio rotundo fue el alineamiento casi total con la política exterior de Estados Unidos.  En este contexto, en abril de 2024 el presidente anunció el inicio dela construcción de la Base Naval Integrada en Ushuaia, capital de la provincia austral Tierra de Fuego, con la colaboración directa de Estados Unidos. La base tiene una finalidad básicamente logística y científica (para la Antártida) aunque no se descarta su uso para el aprovisionamiento de buques militares. La cuestión no dejó indiferente al gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, que se negó a recibir a la jefa del Comando Sur de Estados Unidos, General Laura Richardson, argumentando su preocupación por la presencia de tropas extranjeras en la región. 

Conclusión

La presencia de bases militares estadounidenses en América Latina ha respondido tanto a intereses estratégicos de Washington como a necesidades de seguridad de los países anfitriones. Si bien han fortalecido la lucha contra el narcotráfico y la cooperación en defensa, también han generado conflictos por su impacto en la soberanía nacional y la falta de transparencia. Casos como Guantánamo, Manta y Palmerola reflejan estas tensiones, manteniendo abierto el debate sobre su conveniencia y sobre los límites de la influencia de Washington en la región. Con Ecuador reconsiderando su cooperación y Argentina avanzando en una nueva base, el rol de Estados Unidos en la región sigue evolucionando y definiendo su influencia geopolítica.

Referencias:

[1] Belice se independizó en 1981, y muchos países ampliaron su nivel de independencia durante las décadas de 1960 y 70.

[2] Surinam se independizó en 1975.

[3] Islas Vírgenes danesas, vendidas a Estados Unidos en 1917.

[4] National Archives (1905) – Theodore Roosevelt’s Corollary to the Monroe Doctrine. Disponible en:

https://www.archives.gov/milestone-documents/roosevelt-corollary

[5] Office of the Historian / US Departament of State. Roosevelt Corollary to the Monroe Doctrine.

Disponible en: https://history.state.gov/milestones/1899-1913/roosevelt-and-monroe-doctrine

[6] Alonso, C. (2019) – What are the Latin American countries with the most US military bases? Disponible en: https://cemeri.org/en/mapas/m-bases-militares-eeuu-americalatina-cu

[7] Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.

[8] Ejército de Liberación Nacional.

[9] Con matices, ya que en algunas ocasiones existió presión política y económicas por parte de Estados Unidos para la instalación de estas bases.

[10] Firmada en 1902, cuando la isla estaba militarmente ocupada por EUA y derogada en 1934.   ¹¹ CEJIL – Clase Guantanamo with Justice Now. Disponible en: https://cejil.org/comunicado-deprensa/close-guantanamo-with-justice-now/

[11] FARC y otros grupos asociados al narcotráfico.

[12] Ikeda, A. (2018) – Exploring a Civil Resistance Approach to Examining U.S. Military Base Politics:

The Case of Manta, Ecuador.

[13] Bases de: Palanquero, Apiay, Malambo, Tolemaida, Larandia, Tres Esquinas, Bahía Málaga.

[14] Los ataques a oleoductos disminuyeron significativamente, pasando de 263 en 2001 a 103 en 2004.

[15] Digo puede, porque Latinoamérica tiene una relación históricamente complicada con los Estados Unidos, debido la intervencionismo de este país en procesos dictatoriales e invasiones, principalmente durante la Guerra Frías y finales del siglo XX.

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