El crimen organizado transnacional: expansión, corrupción y violencia extrema
Por: MAURICIO JAVIER CAMPOS, Experto en Contraterrorismo (Universidad de Granada) y Crimen Organizado Transnacional (Instituto Mellado-UNED)
Conceptualización
Para diversos organismos internacionales como Interpol, la ONU (Convención de Palermo o contra la Delincuencia Organizada Transnacional) y el Consejo de Europa, hay características comunes que definen a una organización criminal. Con objeto de determinar si una actividad delictiva puede calificarse como delincuencia organizada, la Unión Europea ha establecido los siguientes indicadores, de los cuales es indispensable que seis estén presentes:
Participación/colaboración de varias personas (al menos 3 sujetos).
Actividades ilícitas o delitos graves.
Actividad o actuación delictiva prolongada en el tiempo.
Búsqueda de todo tipo de beneficios sociales, materiales y económicos, así como también poder.
Asociación estructurada, con separación de tareas o roles a cumplir por cada miembro.
Ordenamiento jerárquico, disciplina y control interno.
Capacidad de establecer y desarrollar operaciones a nivel transnacional. Uso de estructuras comerciales o empresariales.
Instrumentación de la violencia, la coacción y, en general, métodos de intimidación.
Capacidad de movilizar influencias en diversos ámbitos a través de actos de corrupción.
Operaciones que implican el blanqueo de capitales o lavado de activos.
De estas características o indicadores, los cuatro primeros son insoslayables. De los restantes siete indicadores, resulta imprescindible que estén presentes por lo menos dos más que pueden ser determinados por cada país.
La nueva etapa del crimen organizado
Más allá de las mafias tradicionales (italianas, ítalo-americanas, la yakuza japonesa y las tríadas chinas), en los años 90, ya finalizada la Guerra Fría, la Mafia rusa, de los países balcánicos y de Europa Oriental en general, explotaron súbitamente y con violencia a partir de la disolución de la Unión Soviética y la aparición en escena de los Estados débiles o fallidos y los señores de la guerra (jefes mafiosos con poder político y hasta influencia militar). También los cárteles del narcotráfico colombiano y mexicano, con su consecuente evolución, adaptación e innovación desde, podría decirse, los años 80, a fin de sobrevivir a su creciente persecución y lograr parasitar todos los estamentos sociales y estatales.
Con la globalización y sus avances en el transporte, la tecnología y las telecomunicaciones (internet, telefonía móvil), el crimen organizado acentúa su transnacionalización, obtiene un nuevo empuje y se alista para dar un salto cualitativo en el siglo XXI: la ciberdelincuencia. El delito informático implica menor riesgo y mayor productividad para los criminales ya que hay una menor exposición, escasa posibilidad de ser atrapados y, en todo caso, bajas penas al no mediar la violencia física. Aparece una nueva clase de delincuente, el cracker, y se ha generalizado el uso por parte de los grupos criminales de la Deep Web, la Dark Net y las monedas virtuales para todo tipo de transacciones. Las transferencias electrónicas han favorecido el blanqueo de capitales.
Con el ciberdelito han surgido nuevas modalidades o se han perfeccionado otras, entre ellas, el secuestro virtual, la clonación de tarjetas de crédito, el tráfico de datos personales y la falsificación de documentos. El crimen organizado alcanza el punto más alto para sus operaciones a nivel transnacional, expandiendo sus redes y creciendo en versatilidad.
América Latina: nuevos conflictos y amenazas
Las nuevas formas (“modus operandi”) del crimen organizado también se han instalado y expandido en América Latina. Sus protagonistas conviven con otras fuentes de inestabilidad en la región, como son las urbes superpobladas, los crímenes masivos, las migraciones forzadas y las fronteras vulnerables, por las cuales se desplazan indistintamente eludiendo todo tipo de controles. Se suman estos factores a una cargada agenda delictiva: el accionar de las violentas maras centroamericanas, la infiltración de los carteles mexicanos y las BACRIM colombianas, el tráfico de armas y materiales de doble uso (civil y militar), la trata y el tráfico de personas, el blanqueo de capitales, la pornografía infantil, el secuestro, la extorsión, los delitos medioambientales y la minería ilegal, entre otras modalidades.
Destaca como la principal amenaza el narcotráfico y sus carteles. Los mayores productores de cocaína del mundo están en Sudamérica: Colombia, Perú y Bolivia. Paraguay es el mayor productor de marihuana. El mercado de la droga sintética ha crecido notablemente.
Se calcula que en México operan aproximadamente 400 grupos de narcotraficantes aglutinados en unos 15 grandes carteles. Se incluye también en este breve panorama el integrismo islámico, que involucra a Latinoamérica y los nuevos conflictos que la azotan, así como la expansión de su influencia asociada a las nuevas bandas criminales y grupos narcos.
Un fenómeno global, capaz de la mayor erosión de las estructuras sociales, económicas, políticas y culturales de los países y regiones a los que afecta.
El terrorismo se diferencia por su carga ideológica y meta política de conquistar el poder, características de las cuales está exento el crimen organizado tradicional cuyo objetivo fundamental es el lucro económico. Por el contrario, el terrorismo se involucra en actividades delictivas para el financiamiento de sus causas.
Cabe citar como variante del narcoterrorismo en Latinoamérica, a Sendero Luminoso y el MRTA (Movimiento Revolucionario Túpac Amaru) en Perú, y, en Colombia, a las supuestamente reconvertidas FARC (ex Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, actualmente Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común), el ELN (Ejército de Liberación Nacional) y las Autodefensas Unidas (en sus inicios manipuladas por el gobierno), que se han despojado paulatinamente de su ideología, adoptando estrategias ligadas al crimen organizado y asumiendo un nuevo rol en el control de los tráficos ilícitos, sobre todo de la droga. Coinciden el narcotráfico y el terrorismo en que ambos desafían la autoridad de los Estados y sus leyes. El fenómeno se revitaliza constantemente y nuevas estructuras y organizaciones híbridas han surgido en una realidad de crisis económica global y escasez presupuestaria para enfrentarlas, ejemplo de ello son el Comando Vermelho y el PCC o Primer Comando de la Capital, los dos de origen brasileño.
Actualmente el PCC, con varios miles de miembros, ha consolidado su dominio en territorio paraguayo, apoyándose en el importante incremento de la producción de cocaína de máxima pureza en los países andinos y, por otro lado, en la producción de marihuana. Estas actividades multiplican la capacidad del grupo para intervenir en otros negocios ilícitos que impactan, por ejemplo, en la zona de la Triple Frontera, como el comercio, contrabando y falsificación de cigarrillos también provenientes de Paraguay, así como el intercambio de armas, productos electrónicos, vestimentas y mercadería de todo tipo con otras bandas criminales. Los miembros que están en prisión no permanecen ociosos y controlan las cárceles con drogas, armamentos y exigiendo pagos a otros internos por protección.
Esta modalidad delictiva destaca por el control del territorio ejercido por los grupos criminales y el desarrollo de amplias redes internacionales, por la violencia extrema, la infiltración en los estamentos políticos-empresariales y la erosión de las instituciones democráticas, así como la corrupción de los funcionarios públicos, policiales y de otros organismos de seguridad, creando un estado de inseguridad ciudadana, la impresión de gobiernos frágiles y ahuyentando las inversiones extranjeras. Se puede señalar la capacidad de innovación y adaptabilidad de estas bandas a las diversas necesidades y obstáculos planteados para llevar a cabo sus operaciones.
Otras fuentes de inestabilidad que vale la pena mencionar son la minería ilegal (superando a las exportaciones y ganancias de la cocaína) y las fronteras vulnerables.
Con respecto a las fronteras vulnerables, destacan: 1) La Triple Frontera entre Paraguay, Brasil y Argentina, 2) El Trapecio Amazónico conformado por Perú, Colombia y Brasil, 3) Los pasos clandestinos de la frontera peruano-boliviana y la frontera de Chile con Bolivia, Perú y Argentina, siendo los dos primeros países mencionados los mayores productores de cocaína del mundo junto con Colombia, 4) La Zona del Estado de Amazonas en el Noreste de Brasil, que le permite acceder al PCC y su organización criminal a varios países sudamericanos y a las principales rutas y productores de droga de la región, viéndose perjudicado su control por la escasa colaboración interestatal entre Bolivia, Colombia, Perú y Brasil, así como a los elevados niveles de corrupción de los funcionarios y escasos recursos presupuestarios destinados a combatir el flagelo. Otras rutas usualmente utilizadas son las que tienen como destino final, previas escalas, África Occidental (donde destaca la poderosa mafia nigeriana), Europa, América Central, el Caribe e incluso Estados Unidos vía la Guyana y Surinam, 5) El Norte de Argentina, que resulta la más peligrosa para el ingreso del narcotráfico y el crimen organizado, un área que se extiende desde San Antonio de los Cobres, en Salta, hasta Puerto Iguazú, en Misiones. Existen 176 puestos fronterizos oficiales, pero se estima que hay 800, 6) La Zona del VRAEM (Perú), que involucra el 15% de la producción mundial de la hoja de coca, se caracteriza por la desaparición y asesinato de miles de indígenas, 7) El Triángulo Norte de América Central constituido por El Salvador, Honduras y Guatemala. Puede agregarse también que la actividad criminal ha evolucionado hacia la conformación de grupos delictivos más pequeños llamados GAOR (Grupos Armados Organizados Residuales), de difícil seguimiento. Se imponen también los clanes familiares unidos por lazos de sangre (en Argentina, por ejemplo, “Los Monos”). Actualmente en prisión por diversos crímenes, la muy violenta banda de Los Monos tejió en el transcurso de una veintena de años una extensa red de tráfico a partir de la producción y venta de cocaína, marihuana y “paco” (una droga muy nociva y letal consumida por las clases pobres, mezcla de pasta base, cafeína, raticidas y otros químicos), que distribuían en casas precarias de material (mayormente usurpadas), sin ventanas, con una abertura cuyo único objetivo es pasar la droga y tomar el dinero. Estas construcciones (búnkeres, en la jerga) los protegían de sus adversarios, con un vendedor en su interior que manejaba la boca de expendio y un grupo de “soldaditos” que servía de custodia. Los soldaditos siempre son menores de edad, esclavizados para cumplir la tarea con una paga miserable y difícilmente imputables por la justicia, ya que están encuadrados dentro de la trata de personas.
El colapso de las estructuras
De todo lo dicho se desprende que el crimen organizado se constituye como uno de los impulsores de la debilidad estatal. El costo a pagar por los países que padecen el flagelo del crimen organizado y sus distintas modalidades delictivas es muy alto en todos sus estamentos, colapsando desde las morgues y sistemas forenses, como se observa en el caso de México (donde en los últimos años se descubrieron 1.100 fosas clandestinas), hasta los sistemas penitenciarios, con un aumento notable de la población carcelaria. México, Brasil y Venezuela poseen 35 de las 50 ciudades con más asesinatos del mundo. Según los índices de Transparencia Internacional (2019), América Latina cuenta con uno de los mayores índices de corrupción. Al respecto, en Argentina se dictó la Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas (27.401, 2017), estableciendo sanciones por delitos corporativos y procedimientos (normativas) de ética y buenas prácticas (compliance), con el objeto de reducir las conductas criminales dentro de las estructuras empresariales (el delito de colusión, por ejemplo) que pudieran derivar en la denominada “captura del Estado”.
Por último, dentro del complejo panorama en la región y con el advenimiento del nuevo siglo, se ha instalado el debate sobre la llamada doctrina de las nuevas amenazas (impulsada por el intervencionismo estadounidense) de la cual surge, a su vez, una nueva concepción en seguridad ciudadana y un acentuado proceso de SECURITIZACIÓN que involucra el uso de las fuerzas armadas desde la perspectiva de la “mano dura”, y cuyo accionar ha sido criticado por estigmatizar grupos y conflictos sociales, así como por su amplio despliegue propagandístico y montajes mediáticos. Se constituyen en ejemplos Colombia, México y Brasil, donde las bandas criminales suelen ocupar los espacios vacíos dejados por el Estado, sustituyéndolo en sus funciones. De esta situación se derivan las actuales “guerras urbanas” de las fuerzas gubernamentales contra el narcotráfico y sus violentas disputas por la anexión de nuevos territorios para extender sus actividades delictivas, con un saldo de miles de muertos. Igualmente se evidenció la influencia de estos grupos en las favelas de Río y San Pablo en las campañas electorales, llevando candidatos propios para competir como diputados provinciales o concejales, con el objetivo de infiltrar el poder político y disminuir la represión policial en sus zonas de actuación.
En síntesis, dentro de este complejo contexto, cobra relevancia la implementación de una plataforma de acción jurídica internacional de utilización conjunta (Convención de Palermo, y las leyes nacionales derivadas del convenio), con el objetivo de aunar criterios en la persecución del delito transnacional.
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