EL SALVADOR Y LA MEGA PRISIÓN: respuestas hacia el crimen organizado en América Latina

Autora: María Sofía Meijide Hoffmann – Licenciada en Relaciones Internacionales (UCA) | profesora universitaria, analista e investigadora.

La mega prisión impulsada por el presidente Nayib Bukele busca poner freno a la delincuencia organizada en El Salvador. Sin embargo, antes debemos preguntarnos qué implica el crimen organizado en América Latina y cuáles son las estrategias de contención del mismo.

Hace pocas semanas, el llamado “Centro de Contención del Terrorismo” del Salvador llamó la atención de la comunidad internacional en tan solo segundos. La escalada de violencia que vive el país centroamericano llevó al presidente Nayib Bukele a responder ante el fenómeno, inaugurando una prisión que cuenta con capacidad de contener hasta 40.000 reclusos, celdas de castigo, cuasi autonomía energética y que resulta ser la más grande del continente americano.

La cárcel fue criticada por otros Estados y organismos de Derechos Humanos por sus condiciones de hacinamiento y de maltrato hacia los presos. No obstante, marca una estrategia hacia el crimen organizado, en una región cuya agenda de seguridad tiene a este como prioridad.

Definiendo el concepto y su alcance

El concepto de grupo delictivo organizado es se define según las Naciones Unidas en la Convención de Palermo (2000) como aquel “grupo estructurado de tres o más personas que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves con miras a obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio de orden material”. Sus actividades son principalmente el tráfico ilícito de estupefacientes, la trata de personas, la falsificación de dinero y el tráfico de armas, entre otras. El terrorismo debería ser excluído de este grupo por no tener fines económicos perse, pero al estar estrechamente vinculado con el crimen organizado, tener límites difusos con este y compartir la definición de “nueva amenaza”, lo consideremos también en el análisis.

El crimen organizado es un fenómeno difícil de contener en cualquier parte del mundo y especialmente en América Latina. Su capacidad de generar grandes cantidades de ganancias y su no reconocimiento del ser humano como sujeto de derecho, lo convierten en un enemigo difícil de derribar por parte de los Estados Nación.

A su vez, la violencia política, la falta de desarrollo económico y el vacío de poder por parte del Estado, entre otros fenómenos regionales, generan condiciones favorables para que la delincuencia organizada se asiente en los territorios. A esto sumemosle la condición transnacional que tiene el crimen organizado, es decir, que no reconoce fronteras, lo que lleva a que ningún país pueda detenerlo solo sin ayuda del resto.

Así, la pregunta de cómo responder eficazmente a esta amenaza ha desafiado a los gobiernos de la región durante décadas. Hoy por hoy no hay un mecanismo con respuestas aseguradas para responder a esta agenda, aunque sí urgencias por resolver el problema.

Respuestas posibles

Cuando hablamos de narcotráfico -un tipo de crimen organizado- consideramos dos grandes formas de contención del mismo: las estrategias de contención de la oferta y estrategias de contención de la demanda. No obstante, esto se puede aplicar a todo tipo de delincuencia organizada. Contener a la oferta implica, a grandes rasgos, el enfrentamiento con los grupos responsables, lo que deriva en la conocida “guerra contra el crimen organizado”. Por otro lado, contener a la demanda es trabajar con quienes consumen de alguna manera el “negocio” para que dejen de hacerlo, donde consumirlo no es solo “comprarlo” sino también ser parte de la cadena.

¿Cuál es la mejor? No hay respuestas claras. Por un lado, enfrentar a la oferta es necesario para evitar que la ilegalidad siga creciendo. Sin embargo, es crucial procurar que ese enfrentamiento no se convierta en una guerra, sino que se quede en el rol de investigación, control y “persecución”. Hablamos de nuevas amenazas, en las que una de sus características principales es que están inmersas en la ciudadanía. Una guerra propiamente dicha termina en una escalada de violencia donde el primero que pierde es el ciudadano.

Por otro lado, contener a la demanda implica un trabajo intersectorial de distintos organismos del Estado y la sociedad en su conjunto. Aquí entra la educación, el crecimiento económico, el acceso a la salud pública, la seguridad, la generación de espacios de contención social para los niños, niñas, adolescentes y jóvenes -especialmente en condiciones de vulnerabilidad-, e instancias de acompañamiento para los casos de violencia doméstica, por no mencionar otros ejemplos.

Con un Estado débil, una guerra contra el narcotráfico y las mafias termina en violencia social, aunque trabajar solo con la demanda no implica que el negocio deje de crecer. Lo cierto es que el ideal es lograr una estrategia común, que integre a ambas, de forma fuerte y sólida. Si se reduce el negocio, pero sigue habiendo demanda, el negocio se reestructura para dar respuesta. Si se reduce la demanda, la oferta irá en busca de nuevos mercados y trabajará por mantenerlos. Haciendo ambas a la vez, serán más las personas que busquen salir del mercado, que las que busquen entrar.

¿Será eficiente la nueva mega cárcel para dar fin a la delincuencia organizada en El Salvador?

Por supuesto que la respuesta es relativa. En primer lugar, vamos a los números. El Salvador está registrando una importante baja de la criminalidad en las calles. Presidentes como Bukele son lo que muchas sociedades inmersas en la anarquía y la violencia social necesitan, es por eso que su imagen se mantiene positiva en la opinión pública. Además, esta medida se enmarca en una política de seguridad más amplia que incluye, entre otras cosas, mayor presencia militar en las calles, aumentó de las penas y condiciones más duras para los reos en las cárceles.

En segundo lugar, su estrategia está logrando cumplir un objetivo clave para la consolidación del Estado, la recuperación del control territorial. En tercer lugar, la institución estatal, con el monopolio del uso legítimo de la fuerza, acude a estas instancias ya que este tipo de grupos tienen métodos de violencia que solo iniciativas como esta pueden lograr algún efecto real en su accionar.

No obstante, para poder medir la eficacia hay que analizar algunas cuestiones. Por un lado, hay que esperar a que los resultados se sostengan en el tiempo. Políticas como estas han sido emprendidas en El Salvador, pero poco han durado. Por otro lado, sería esencial asegurar una integración con los países vecinos en materia de seguridad para que el crimen organizado no se traslade.

Sin embargo, vamos a lo más controversial, los Derechos Humanos. Cabe aclarar que el régimen de excepción que instauró Bukele para hacer frente a las Maras le da al Estado y a las fuerzas de control atribuciones extraordinarias en las que se permiten, por ejemplo, detenciones sin orden judicial previa. Por no mencionar la intervención del Poder Judicial. De ser así, puede que haya gente detenida y hasta torturada, pero que en verdad es inocente. De hecho, no es una novedad que algunos regímenes incurren en esto para mostrar que se está haciendo “algo”. Ni los periodistas tienen permitido ingresar al penal, por lo que no sabemos realmente lo que pasa ahí dentro más que por lo que muestra el Gobierno.

No olvidemos una pregunta clave: ¿a qué costo? Intercambiar violencia por más violencia no debería ser la respuesta. Las denuncias de los organismos de Derechos Humanos y otros países tienen un margen de razón y es que la tortura no es la solución.

Hay gente que está de acuerdo con estos métodos porque no tolera, y con razón, la violencia de estos grupos. Pero hay otros, que amparados en la idiosincrasia liberal, entienden que nadie tiene derecho de usurpar contra los derechos fundamentales de otro. Ahí es donde las democracias liberales encuentran un desafío a largo plazo, o al menos un pacto social pendiente.

Hay una sola cosa que está clara: a estos grupos no se los frena con una simple condena, pero con Fuerzas de Seguridad (y/o Fuerzas Armadas, según corresponda) preparadas y equipadas, e infraestructuras idóneas, no es necesario ir por encima de los derechos fundamentales de vida y trato digno para contener a la delincuencia organizada.

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