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¿UN NUEVO HORIZONTE? Analizando la reciente Convención de la ONU contra la Ciberdelincuencia

#El Analista

Autor: Juan Carlos Magaña. Máster en Estudios de Seguridad Internacional. Máster Profesional de Analista de Inteligencia. Máster en Ciberinteligencia.

La Convención de la ONU contra la ciberdelincuencia tiene el potencial de transformar la forma en que los gobiernos y las organizaciones enfrentan la ciberdelincuencia, pero también existe una preocupación real por su uso inapropiado.

Recientemente, el pasado 8 de agosto el documento final fue adoptado por consenso por los estados miembros de la ONU.

“La Convención, adoptada por consenso por el Comité Ad Hoc, será presentada a la Asamblea General de las Naciones Unidas para su aprobación final a finales de este año y luego quedará abierta a la firma de los Estados miembros de las Naciones Unidas hasta el 31 de diciembre de 2026.” (EUROPEAN COMMISSION, 2024)

¿Qué busca la Convención?

La Convención busca fortalecer la cooperación internacional en la lucha contra los delitos cibernéticos, esto a través de un marco para la aplicación de la ley, el cual brinda una serie de herramientas para combatir el cibercrimen de forma conjunta. Recientemente, la Directora Ejecutiva de la UNODC, Ghada Waly manifestó:

“La finalización de esta Convención es un paso histórico, ya que se trata del primer tratado multilateral contra la delincuencia en más de 20 años y de la primera Convención de las Naciones Unidas contra la Ciberdelincuencia en un momento en que las amenazas en el ciberespacio están creciendo rápidamente” (UNODC, 2024).

Ahora bien, el documento no es perfecto, por lo que aparte de aportar beneficios también trae consigo preocupaciones.

Beneficios de la Convención

La Convención de la ONU contra la ciberdelincuencia ofrece varios beneficios importantes, especialmente en un mundo cada vez más interconectado y vulnerable a las amenazas cibernéticas, dado que los delitos cibernéticos no respetan fronteras uno de los beneficios clave es el de contar con un marco legal que facilite la colaboración entre países para combatir eficazmente este tipo de crímenes.

La Convención como tal busca facilitar las investigaciones transfronterizas y los procesos judiciales, proporcionando medidas mediante las cuales los estados podrán llevar cabo tareas de prevención, investigación y persecución de forma cooperativa y en armonía con las leyes y ordenamiento jurídico interno, siempre y cuando se trate de

los delitos tipificados dentro de la Convención, los cuales se encuentran a partir del Capítulo 2 de la misma.

Por otro lado, la Convención presenta la facilidad no solo de compartir información de manera directa entre estados, sino que también de desarrollarla, estableciendo estrictamente que esto se hará por medio de conductos oficiales.

Dentro del documento se establece que los Estados partes tendrán reuniones periódicas, donde examinarán la aplicación de la Convención, intercambio de información relacionada a los delitos tipificados y para tratar aspectos con el fin de fortalecer los objetivos de la Convención, dicha tarea puede llevar a mantener una comunidad internacional mucho más en sincronía para combatir el cibercrimen.

En cuanto a los países en desarrollo que forman parte de la Convención, en el capítulo 7, artículo 56 se incluyen disposiciones para la asistencia técnica y de cualquier otro tipo (UN, 2024), esto plantea un escenario dentro de cual a través de la asistencia de otros Estados partes de la Convención, los países en desarrollo podrían mejorar sus capacidades y así combatir de mejor manera la ciberdelincuencia.

Cabe mencionar que la Convención además de brindar, también exige que los Estados partes se comprometan a adoptar y a hacer efectivas las medidas que exige la Convención para combatir lo ciberdelitos tipificados en la misma, estipulando por supuesto que cada país actuará acorde a como indica su ordenamiento jurídico interno.

Preocupaciones existentes por la Convención

A pesar de estos beneficios, la Convención también ha generado serias preocupaciones a nivel internacional en torno a los derechos humanos, especialmente en lo que respecta a la privacidad y el posible abuso de poder, esto se debe al amplio alcance de las facultades de vigilancia que la Convención otorga a los Estados miembros.

Tal es el caso del Centro de Investigaciones Políticas de la Universidad de las Naciones Unidas, el cual manifestó lo siguiente;

“Las disposiciones del ámbito procesal obligan a los Estados a obligar a los proveedores de servicios a mantener la confidencialidad de su participación obligatoria en la conservación o recopilación de datos.”(UNU-CPR, 2024).

Este alcance podría permitir a los gobiernos realizar una vigilancia intrusiva, a menudo sin la supervisión adecuada o la autorización judicial previa y a su vez haría partícipes del proceso a los proveedores de servicios, por lo que este alcance de las facultades de vigilancia representa una amenaza directa a la privacidad de las personas.

La Convención hace mención del respeto de los Derechos Humanos, sin embargo solo dedica un artículo a ello, siendo este el número 6 y consta únicamente de dos numerales, el numeral primero cita lo siguiente;

“Los Estados partes velarán por que el cumplimiento de sus obligaciones con arreglo a la presente Convención se ajuste a sus obligaciones en virtud del derecho internacional de los derechos humanos.” (UN, 2024)

Ahora bien, la Convención hace referencia en su numeral dos a que nada de lo escrito en dicha Convención habilita a la supresión de derechos humanos o libertades fundamentales, sin embargo en su artículo 24 abarca el aspecto de las salvaguardias y hace mención que cada estado velará por el cumplimiento de las salvaguardias acorde a su derecho interno y es en este aspecto que surge la preocupación, ya que al existir una falta de salvaguardias sólidas en la Convención, se crea un riesgo para los países en donde los DDHH son frágiles y violentables, de tal forma que si un Estado parte de la Convención cuenta con un sistema frágil para brindar garantías de DDHH, fácilmente puede violentarlos, bajo el concepto de combatir el cibercrimen.

Por otro lado, ¿Qué hay del abuso del poder?, el Centro de Investigaciones Políticas de la Universidad de las Naciones Unidas, presentó lo siguiente en su web;

“En el texto, un delito grave se define como un delito para el cual la pena nacional aplicable conlleva una pena máxima de cuatro años de prisión o más. Por lo tanto , un Estado podría razonablemente aumentar la pena para cualquier delito que desee que esté contemplado en la Convención, convirtiendo así el delito en “grave”.” (UNU-CPR, 2024).

Esto conlleva a que exista la posibilidad de que la Convención sea utilizada como una herramienta para el abuso de poder, en donde la Convención pudiese ser utilizada para fines de matices grises, siendo una preocupación real.

Equilibrio entre la protección contra delitos cibernéticos y la salvaguardia de los derechos individuales

La Convención contra la ciberdelincuencia busca proteger a las sociedades de los crecientes peligros del cibercrimen, más sin embargo se debe tener en cuenta que la efectividad del mismo radicará en la capacidad de mantener un equilibrio entre la necesidad existente de protección contra el cibercrimen y la salvaguardia de los derechos individuales.

Por un lado, la protección contra los delitos que se llevan en el ciberespacio se ha vuelto una prioridad, el mundo tan interconectado en el que vivimos más la suma del aumento de los ataques cibernéticos, desde fraudes financieros hasta ciberterrorismo, ha demostrado la necesidad de un enfoque global coordinado para llevar a cabo tareas

que parten desde la investigación hasta el hecho de llevar ante la ley a los actores criminales, pero por otro lado, la protección de los derechos individuales también es un pilar fundamental de cualquier marco legal legítimo.

Mantener este equilibrio es especialmente desafiante en un entorno donde la tecnología avanza rápidamente y las amenazas cibernéticas evolucionan, el desafío radica en que la Convención garantice que las medidas adoptadas para combatir la ciberdelincuencia sean efectivas, pero también que estas no se conviertan en herramientas de abuso que conlleven a violentar los derechos humanos.

Para equilibrar estos intereses es esencial que la Convención incluya mecanismos de supervisión y rendición de cuentas, esto con el fin de revisar las acciones llevadas a cabo por los Estados parte dentro de este marco, de ser así, estos aspectos podrían tratarse perfectamente dentro del espacio de reuniones periódicas que establece el documento en su artículo 7.

Pros y Contras

La Convención sobre Ciberdelincuencia de la ONU marca un paso significativo en los esfuerzos globales para combatir la ciberdelincuencia, pero también presenta una mezcla compleja de beneficios, desafíos y preocupaciones, por lo que a continuación se muestran en concreto los aspectos favorables y los desfavorables;

Pros:

Cooperación Global Mejorada: La Convención facilita el intercambio de pruebas electrónicas y la cooperación entre los Estados, por lo que tiene el potencial de mejorar significativamente la cooperación global en la lucha contra la ciberdelincuencia.

Desarrollo de Capacidades: Los países en desarrollo se beneficiarán de la asistencia técnica proporcionada, ayudándoles a construir la infraestructura necesaria para enfrentar la ciberdelincuencia de una manera mucho más efectiva.

Marco Legal: La Convención proporciona un marco legal aplicable que facilita la cooperación entre los Estados miembros en áreas como la investigación conjunta, el intercambio de información y la extradición de sospechosos, ayudando a superar las barreras que han obstaculizado las investigaciones transfronterizas en el pasado.

Actualización de nuevas formas de cibercrimen: Un aspecto llamativo de la Convención se encuentra en el artículo 11 y es que este artículo indica que un Estado parte puede tipificar como delito la obtención, venta, importación, distribución o cualquier otra forma de facilitación de cualquier dispositivo o programa que sea utilizado con fines criminales, siempre y cuando el delito que se cometa este tipificado en dicha

Convención (UN, 2023), esto plantea un avance entorno a la búsqueda por llevar ante la justicia a cibercriminales y que sean juzgados debidamente sin que estos puedan favorecerse o quedar absueltos por el uso de tecnologías recientes o poco regladas.

Contras:

Derechos Humanos y privacidad: Existen preocupaciones significativas sobre el posible abuso de los poderes de vigilancia otorgados por la Convención, la ONG internacionalmente reconocida “Humans rights Watch” se manifestó recientemente argumentando lo siguiente;

“El actual proyecto de tratado se remite a la legislación nacional para establecer salvaguardias de los derechos humanos. Esto significa que las personas están sujetas a las leyes de cada país, en lugar de beneficiarse de las normas clave de derechos humanos del derecho internacional, como los principios de necesidad y legalidad y la necesidad de notificar a las personas cuando han sido objeto de vigilancia para que puedan impugnarla.”(HRW, 2024).

Riesgo de Uso Indebido: Las disposiciones en el texto podrían ser utilizadas por algunos Estados para fines distintos a los que tiene la Convención, especialmente en países donde las leyes nacionales son más restrictivas y los DDHH son frágiles.

Amplio alcance: Su amplio alcance permite a los estados incluir una amplia gama de delitos, algunos de los cuales podrían estar motivados con fines ajenos a los de la Convención, este amplio alcance combinado con salvaguardias débiles para los DDHH, crea la posibilidad de que la Convención pueda ser mal utilizada para suprimir libertades y llevar a cabo vigilancia masiva.

Conclusión

La Convención de la ONU contra la ciberdelincuencia representa un esfuerzo significativo para proteger a las sociedades de las crecientes amenazas cibernéticas y tiene el potencial para mejorar significativamente la cooperación internacional y fortalecer la capacidad global para combatir el cibercrimen.

A su vez, la Convención promueve la creación de capacidades en países en desarrollo, lo que no solo fortalece la capacidad global para combatir la ciberdelincuencia, sino que también fomenta un enfoque más equilibrado y colaborativo en la lucha contra este tipo de delitos y en un mundo tan interconectado esta mejora en la cooperación global se vuelve esencial para enfrentar la creciente complejidad y sofisticación de las amenazas cibernéticas.

A hora bien, dicha Convención plantea riesgos significativos si no se implementa con fuertes salvaguardias para proteger los derechos humanos, ya que sin estas medidas

la Convención corre el riesgo de ser utilizada para justificar prácticas de vigilancia invasiva que podrían comprometer las libertades fundamentales de los ciudadanos en todo el mundo, por lo que los próximos pasos orientados a la propia implementación de la Convención probablemente requerirán un monitoreo cuidadoso y posibles ajustes en el proceso con el fin de abordar estas preocupaciones de manera efectiva.

El éxito de la Convención dependerá en gran medida de cómo logre equilibrar dos aspectos; la protección contra estos delitos y la preservación de los derechos individuales, siendo este equilibrio esencial para asegurar que las herramientas brindadas por la Convención, las cuales han sido creadas para protegernos no sean empleadas para fines ajenos y a su vez para asegurar la legitimidad y eficacia de la Convención a largo plazo.

Bibliografía:

Aviso Legal: El contenido del presente articulo no fue redactado por #ElAnalista, siendo el mismo de exclusiva autoría y propiedad intelectual de su creador. El artículo podría no reflejar las opiniones de #ElAnalista como organismo.

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