ANÁLISIS PROSPECTIVO DE LA IMPUTABILIDAD DE MENORES
Autores: Tec. Iris Soledad Zucchiatti, Tec. Carolina Noelia Nuñez, Mg. Deolinda Beltzer, Lic. Tomas Fasciolo, Lic. Alvaro Escolano Delgado, Oficial SPB Prefecto Pablo Pagano. Trabajo académico realizado en el marco de la Diplomatura de Análisis Estratégico sobre Seguridad e Inteligencia impartida por la Universidad Abierta Interamericana extensión Rosario, Santa fe.
La edad de imputabilidad refiere a la edad mínima a partir de la cual una persona puede ser considerada penalmente responsable por sus actos. Este concepto varía significativamente entre países y sistemas legales, reflejando diferentes enfoques hacia la justicia juvenil. En Argentina está reflejada la edad de imputabilidad en los 16 años. Es decir, el menor de esa edad, no puede ser sometido a enjuiciamiento penal, ya que se interpreta que debajo de esa edad el menor no tiene las capacidades volitivas y cognoscitivas suficientes para discernir el impacto de sus acciones, ni de interpretar lo que la Ley le exige: la no vulneración de bienes jurídicos protegidos. Hay una franja de edad de dos años 16-18 en los que son punibles, pero están sometidos a otro proceso judicial con la posibilidad de acabar en centros especiales, institutos para menores.
En otro país culturalmente semejante y con el mismo idioma, como España, la edad de inimputabilidad es de 14 años. A partir de esa edad se podrán exigir responsabilidades conforme a la Ley Orgánica 5/2000 reguladora de Responsabilidad Penal del Menor. Sólo con 18 y a partir de esa edad es plenamente imputable penalmente.
Como se puede observar, la edad de imputabilidad completa es la misma en ambos países, pero por debajo de ella hay diversas formas de administrar el proceso, con distintos reproches y medidas y regímenes de responsabilidad.
En el plano internacional, instrumentos como la Convención sobre los Derechos del Niño establecen directrices sobre la protección de menores, sugiriendo que la edad mínima de responsabilidad penal no debe ser demasiado baja. Comparativamente, muchos países han adoptado un enfoque que equilibra la responsabilidad penal con la necesidad de proteger y rehabilitar a los jóvenes en conflicto con la ley.
Análisis
Desde una perspectiva criminológica, estudios han demostrado que la mayoría de los menores que cometen delitos lo hacen en un contexto de vulnerabilidad social, lo que plantea la necesidad de enfoques preventivos más que punitivos. Los aspectos sociales y psicológicos del desarrollo infantil y adolescente también son cruciales para entender las limitaciones que estos tienen en cuanto a la toma de decisiones y la comprensión de las consecuencias de sus actos.
Factores políticos: La viabilidad de esta medida depende en gran parte del clima político y del apoyo que reciba de los partidos políticos y las instituciones gubernamentales. Es importante considerar el impacto que esta decisión podría tener en la estabilidad política y en la percepción de legitimidad del gobierno.
Factores sociales: La sociedad civil, incluyendo organizaciones no gubernamentales, grupos de derechos humanos y la opinión pública en general, jugarán un papel clave en la aceptación o rechazo de esta medida. Las percepciones sobre la criminalidad juvenil y la eficacia del sistema judicial también son factores relevantes.
Factores económicos: La reducción de la edad de imputabilidad podría tener implicancias significativas para el sistema económico, especialmente en términos de los costos asociados con el encarcelamiento de menores y los programas de rehabilitación.
Factores psicológicos y neurocognitivos: el cerebro de los menores sigue en desarrollo, especialmente en áreas vinculadas a la toma de decisiones y el control de impulsos. Una alimentación sana ayuda especialmente al desarrollo de las capacidades cognitivas, y está necesidad no es cumplida por algunos progenitores.
Se considerará la singularidad de las personas. valorándolas y clasificándolas para recibir una atención más precisa que haga más eficiente el trabajo del Estado y más económicos los planes elaborados.
Factores tecnológicos: El avance en tecnologías de vigilancia y análisis de datos puede influir en la forma en que se implementa la justicia juvenil, ofreciendo herramientas tanto para la prevención del delito como para la gestión del sistema judicial.
Factores legales: Las implicancias legales de reducir la edad de imputabilidad son vastas, incluyendo posibles reformas a las leyes penales y el sistema judicial, así como el cumplimiento de obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.
Factores internacionales: La tendencia global hacia la protección de los derechos de los menores podría entrar en conflicto con una política de reducción de la edad de imputabilidad, lo que podría afectar la imagen internacional del país.
Desarrollo de los escenarios para implementar a 10 años desde el presente.
Delimitación y Alcance: El tema se centra en analizar los posibles escenarios y consecuencias de la implementación de políticas que reduzcan la edad de imputabilidad penal de menores en Argentina. Esto incluye una evaluación de las implicancias legales, sociales, políticas y de seguridad.
Diagnóstico de la Situación: Actualmente, la discusión sobre la baja de la edad de imputabilidad está influenciada por factores como el aumento de la delincuencia juvenil, la percepción pública de la inseguridad, y el debate sobre los derechos de los menores. Se enfrenta a incertidumbres políticas y sociales significativas.
Determinación de las incertidumbres
Las incertidumbres clave en este análisis incluyen:
Impacto Social: ¿Cómo reaccionará la sociedad a la implementación de una ley más estricta?
Respuestas de los Actores Clave: ¿Cómo actuarán las diferentes partes interesadas (ONGs, organismos de derechos humanos, fuerzas de seguridad)?
Efectividad de las Medidas: ¿Lograrán estas políticas una reducción efectiva en la delincuencia juvenil?
Marco Legal: Cambios o resistencias en el marco legal vigente.
Evolución Política: Cambios en la orientación política que puedan influir en la aplicación de la ley.
Dinámica Política: Cómo el contexto político nacional e internacional podría influir en la implementación y el éxito de esta medida.
Identificación y análisis de tendencias
Tendencias Seleccionadas:
- Aumento de la Delincuencia Juvenil: Un incremento en los delitos cometidos por menores ha puesto este tema en el centro de la agenda pública y política. Se observa en datos estadísticos recientes.
- Endurecimiento de Políticas de Seguridad: En respuesta a la percepción de inseguridad, el gobierno podría optar por políticas más estrictas, incluyendo la reducción de la edad de imputabilidad.
- Movilización de Organismos de Derechos Humanos: Resistencia a la modificación de la edad de imputabilidad.
- Innovaciones en Justicia Penal Juvenil: Programas de prevención y rehabilitación podrían ser considerados como alternativas o complementos a la baja de la edad de imputabilidad.
- Cambios en la Opinión Pública: Creciente apoyo a políticas más duras por parte de la ciudadanía.
Identificación de los Actores Clave
- Gobierno Nacional
- Organizaciones de Derechos Humanos.
- Fuerzas de Seguridad.
- Medios de Comunicación.
- Sociedad Civil.
- Sistema Judicial.
- Organismos Internacionales.
- Oposición Política
Matrices de Influencia y Dependencia
- Influencia de los Actores: Evaluamos cómo cada actor influye sobre los otros actores y la medida.
- Dependencia de los Actores: Evaluamos cuán dependientes son los actores de las decisiones de otros.
Las matrices permiten visualizar quién tiene mayor influencia y cómo las interacciones entre ellos pueden determinar el futuro de la medida.
SUPOSICIONES CLAVE
Se aprueba la ley
RESULTADOS A FUTURO
- Reducción del Crimen Juvenil.
- Mejora en la Relación Familiar.
- Reinserción Exitosa de Menores.
- Impacto Social Positivo.
IMPACTO A LARGO PLAZO
- Cohesión Familiar.
- Sistema de Apoyo Integral.
- Educación Preventiva
Escenarios
- Apoyo político alto + alta capacidad operativa: Se logra una implementación efectiva de la baja de imputabilidad. El sistema penitenciario está preparado y el respaldo político permite avanzar rápidamente con la ley y su implementación. Los programas de reinserción y las medidas de seguridad son exitosos. – Escenario Optimista: «Reinserción Efectiva y Mejora de la Seguridad con el Apoyo de los Padres»
- Apoyo político alto + baja capacidad operativa: A pesar del fuerte apoyo político, el sistema penitenciario no está listo para implementar la ley de manera adecuada. Esto Genera problemas operativos, con hacinamiento y falta de recursos, aunque la ley se aprueba.- Escenario Optimista (Ajustado): «Reinserción Efectiva con Educación, Deporte y Oficios.
- Apoyo político bajo + alta capacidad operativa: El sistema penitenciario es capaz de manejar la ley, pero la falta de apoyo político, impide su aprobación. Las fuerzas de oposición y organizaciones de derechos humanos juegan un rol importante en bloquear la implementación. – Escenario Pesimista: «Resistencia al Cambio y Estancamiento Político»
- Apoyo político bajo + baja capacidad operativa: Este es el peor escenario. Sin apoyo político y con un sistema penitenciario inadecuado, la ley no solo no se aprueba, sino que genera una crisis política y operativa. – Escenario: «Cambio de Gobierno y Transición de Política.
Desarrollo de escenarios
Se desarrollan cuatro escenarios, dos referenciados como escenarios positivos y dos como escenarios negativos. Cada uno con diferentes niveles y diferentes características
Escenario Pesimista: «Resistencia al Cambio y Estancamiento Político»
- Organismos de Derechos Humanos y UNICEF, junto con parte de la Oposición Política, logran articular una fuerte campaña en contra de la medida.
- Los Medios de Comunicación afines a la oposición amplifican la resistencia social.
- Sociedad Civil y Organizaciones de Derechos Humanos organizan protestas y movilizaciones.
- El Gobierno Nacional enfrenta dificultades para construir consenso político.
Escenario optimista: «Cambio de Gobierno y Transición de Políticas»
IMPACTO A FUTURO
- Reforma de la Ley.
- Enfoque en Derechos Humanos.
- Cambios en el Programa de Reinserción.
- Impacto en la Seguridad y Criminalidad.
- Tensiones Políticas.
IMPACTO A LARGO PLAZO
- No hay transformación del Sistema de Justicia Juvenil.
- Debilitamiento de Políticas Sociales.
- Deterioro de reputación Internacional
- Aumento paulatino de la delincuencia
ESCENARIO DE MAYOR PROBABILIDAD
- Éxito en la Aplicación de la Ley de Baja en la Edad de Imputabilidad, caracterizado por:
- Una reducción significativa de la criminalidad juvenil.
- Un sistema de reinserción efectivo que combina educación, deporte y formación laboral.
- Una sociedad menos polarizada y con mayor confianza en las políticas de seguridad del gobierno.
Matriz de Probabilidades de Escenarios, que permite visualizar los distintos escenarios futuros, asignarles porcentajes de probabilidad, y proyectar el éxito o fracaso de la ley de baja en la edad de imputabilidad a lo largo de los próximos 10 años.
Elaboración de estrategias para la gestión de dicho escenario
Escenario Optimista (Ajustado): «Reinserción Efectiva con Educación, Deporte y Oficios.
La baja en la edad de imputabilidad se acompaña de un proyecto de ley que establece que los menores involucrados en conflictos con la ley deben cumplir con uno de los siguientes requisitos para su reinserción en la sociedad:
- Completar el nivel secundario.
- Destacarse en algún deporte.
- Aprender un oficio laboral.
Este proyecto es implementado con el apoyo del Gobierno, Sistema Judicial, Organismos Internacionales, y la Sociedad Civil.
Padres y familias también juegan un papel central en el apoyo a sus hijos
RESULTADOS A FUTURO
- Rehabilitación a través de la Educación.
- Éxito en el Deporte
- Capacitación Laboral.
- Reducción de la Reincidencia.
IMPACTO A LARGO PLAZO
- Reinserción Completa.
- Fortalecimiento del Tejido Social.
- Mejora en el Capital Humano
Este ajuste en el escenario optimista enfatiza la importancia de la educación, el deporte y los oficios laborales como pilares para la rehabilitación y reinserción de los menores.
Implementación Gradual de la Ley
ESTRATEGIA: Proponer una implementación gradual de la ley, comenzando con programas piloto en provincias o regiones donde el problema de la delincuencia juvenil sea más acuciante. Esto permitiría al gobierno recoger datos y demostrar con evidencia el impacto positivo de la ley antes de su implementación a nivel nacional. Crear una mesa de diálogo con organizaciones de derechos humanos y grupos de interés que se oponen a la ley, con el objetivo de discutir las preocupaciones éticas y sociales. Esto podría derivar en un consenso sobre cómo hacer que la ley sea más inclusiva y respetuosa de los derechos de los menores.
IMPACTO FUNCIONAL: Involucrar a estas organizaciones podría disminuir la oposición y aumentar la legitimidad de la ley, al mismo tiempo que se garantiza que las críticas sean tenidas en cuenta y abordadas de forma proactiva. Esta estrategia reduciría la resistencia inicial, ya que los legisladores podrían ver resultados concretos antes de comprometerse a la aplicación completa de la ley. Además, permitiría ajustar la legislación según las necesidades operativas que surjan en los programas piloto.
CAMBIOS POSIBLES: Flexibilidad en la implementación de la ley, permitiendo que las provincias con mayores problemas de inseguridad juvenil adopten la medida antes que otras, promoviendo una mayor aceptación progresiva. Introducción de disposiciones adicionales en la ley para garantizar la protección de los derechos de los menores, incluyendo un enfoque más centrado en la rehabilitación y apoyo psicológico.
IMPACTO OPERATIVO: Operativamente, el enfoque gradual reduce la carga administrativa y logística inicial, permitiendo a las autoridades locales y provinciales ajustar sus recursos en fases. Esto también mitigaría la resistencia al cambio inmediato y permitiría introducir mejoras continuas según los resultados de las fases piloto. En la operación diaria, esto significaría una implementación más segura desde el punto de vista legal y social. Al trabajar de la mano con organizaciones de derechos humanos, el gobierno podría anticipar y mitigar posibles conflictos operativos, como denuncias o demandas judiciales, lo que agilizaría la ejecución de la ley.
Conclusión
La aplicación de la ley de disminución de la edad de imputabilidad en Argentina, con acompañamiento del gobierno nacional y su estructura, podría traer los siguientes resultados positivos en un horizonte temporal de 10 años:
Reducción de la delincuencia juvenil: La disminución de la edad de imputabilidad podría disuadir a los menores de cometer delitos, ya que sabrían que enfrentarían consecuencias legales más severas.
Mayor seguridad pública: La aplicación efectiva de la ley podría llevar a una disminución de la tasa de delincuencia en general, lo que a su vez aumentaría la sensación de seguridad en la población.
Rehabilitación y reinserción efectiva: Con el acompañamiento del gobierno, se podrían implementar programas de rehabilitación y reinserción social efectivos para menores infractores, lo que reduciría la reincidencia.
Mejora en la prevención del delito: La ley podría impulsar la creación de programas de prevención del delito enfocados en menores, lo que ayudaría a reducir la delincuencia en el futuro.
Mayor conciencia social: La aplicación de la ley podría generar un debate público sobre la responsabilidad de los menores y la necesidad de abordar las causas profundas de la delincuencia juvenil.
Fortalecimiento del sistema de justicia: La ley podría impulsar la modernización y el fortalecimiento del sistema de justicia, incluyendo la formación de profesionales y la mejora de la infraestructura.
Reducción de la sobrepoblación carcelaria: La implementación de programas de rehabilitación y reinserción efectivos podría reducir la cantidad de menores en prisión, disminuyendo la sobrepoblación carcelaria.
Mejora en la protección de las víctimas: La ley podría garantizar una mayor protección para las víctimas de delitos cometidos por menores, asegurando que reciban la justicia y el apoyo que necesitan.
Estos resultados positivos dependerán de la efectiva implementación de la ley y el acompañamiento del gobierno nacional y su estructura. El camino hacia la implementación de la baja en la edad de imputabilidad requiere una estrategia integral que aborde no solo la aprobación de la ley, sino también su ejecución eficiente. Mediante una sólida planificación, el gobierno puede no solo responder a las demandas sociales de mayor seguridad, sino también ofrecer un modelo de reinserción social que garantice el respeto a los derechos humanos y la mejora de las condiciones sociales de los menores involucrados. Con estas acciones estratégicas, no solo se logrará el éxito de la política, sino que también se fortalecerá la confianza de la ciudadanía en el gobierno y en su capacidad para liderar el cambio.
Bibliografía
Ley 22.278 Régimen Penal de Minoridad.
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Proyecto de Ley Imputabilidad Menores de edad (2024)
https://www4.hcdn.gob.ar/dependencias/dsecretaria/Periodo2024/PDF2024/TP2024/2409-D-2024.pdf
Convención Internacional sobre los Derechos del Niño.
Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil (Directrices de Riad)
Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las niñas, niños y adolescentes
Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores (Reglas de Beijing)
Reglas mínimas de las Naciones Unidas sobre las medidas no privativas de la libertad (Reglas de Tokio)
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/1/85/7.pdf
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