Del problema público al conocimiento para decidir
El método de inteligencia en el nivel municipal
Recientemente realicé una capacitación vinculada con el Ciclo de Políticas Públicas. Mientras avanzaba sobre sus distintas fases, desde la comprensión del problema y el diagnóstico hasta la construcción de alternativas, la decisión, la implementación y la evaluación, empecé a encontrar varios puntos de contacto con la inteligencia y a preguntarme qué podía aportar el Ciclo de Inteligencia a ese proceso.
A partir de esa pregunta comencé a revisar ambos ciclos, sus funciones, sus diferencias y las posibilidades de articulación en el nivel municipal. También resultó necesario volver sobre algo más básico: qué entendemos por inteligencia cuando no la observamos solamente desde su dimensión organizacional, sino también como método y como producto destinado a responder los interrogantes de un decisor.
Este artículo recoge una versión depurada de ese trabajo. La invitación es acompañar el razonamiento y observar qué ocurre cuando las necesidades de conocimiento que aparecen durante el Ciclo de Políticas Públicas se analizan desde el método de producción de inteligencia y, particularmente, qué posibilidades ofrece el nivel municipal para su aplicación.
La gestión municipal enfrenta de manera permanente decisiones vinculadas con el territorio, los servicios, el tránsito, el ambiente, el desarrollo urbano, la infraestructura, la prevención, la asignación de recursos y numerosas cuestiones que afectan directamente a la comunidad. Esas decisiones suelen apoyarse en estadísticas, expedientes, registros administrativos, inspecciones, cartografía, sistemas de información geográfica, reclamos ciudadanos, informes técnicos y conocimiento distribuido entre diferentes áreas. La literatura sobre políticas públicas y uso de evidencia reconoce que la capacidad estatal para decidir depende, entre otros factores, de la posibilidad de producir, evaluar, integrar y utilizar conocimiento pertinente. (Organisation for Economic Co-operation and Development [OECD], 2020; Wu et al., 2015).
El Ciclo de Políticas Públicas puede entenderse como una representación analítica de un proceso que comienza con el reconocimiento de una situación problemática, avanza hacia su definición y diagnóstico, desarrolla alternativas, conduce a decisiones e implementación y posteriormente incorpora seguimiento, evaluación y aprendizaje. Su funcionamiento real suele ser más recursivo que lineal, ya que la evidencia producida durante la ejecución o evaluación puede modificar la comprensión inicial del problema y abrir un nuevo proceso de decisión. (Howlett et al., 2020; Lahera, 1999).
Ese proceso combina una mirada retrospectiva, una lectura del presente y una orientación hacia el futuro. Comprender una situación requiere reconstruir antecedentes, reconocer cómo se llegó al estado actual, identificar actores, relaciones, causas posibles y capacidades existentes. La construcción de alternativas introduce preguntas sobre consecuencias, viabilidad y evolución probable. La implementación vuelve a colocar al decisor frente a cambios del entorno, desvíos y nuevas incertidumbres, mientras que la evaluación incorpora conocimiento sobre los resultados alcanzados. Desde esta perspectiva, el Ciclo de Políticas Públicas genera sucesivas necesidades de conocimiento para la decisión. (Howlett et al., 2020; OECD, 2020).
La doctrina de inteligencia ofrece un método desarrollado precisamente para trabajar con esas necesidades de conocimiento, organizar requerimientos, reunir información disponible, reconocer vacíos, orientar la obtención, integrar fuentes y producir juicios bajo condiciones de incertidumbre. Esa es la relación que interesa explorar.
Inteligencia como organización, método y producto
La palabra inteligencia puede adquirir significados diferentes según la dimensión desde la cual se la observe. Puede referirse a las organizaciones encargadas institucionalmente de producirla, a las actividades que desarrollan, al proceso mediante el cual la información se transforma en conocimiento y al producto que finalmente recibe un decisor. La doctrina consultada reconoce estas distintas dimensiones. (Ministry of Defence [MOD], 2023).
La dimensión organizacional depende del ordenamiento de cada Estado. En Argentina, la Ley de Inteligencia Nacional N.º 25.520 define y organiza el Sistema de Inteligencia Nacional, establece sus organismos y delimita jurídicamente la categoría de Inteligencia Nacional. Esa arquitectura responde a objetos, competencias y finalidades determinadas por el ordenamiento jurídico. (Ley 25.520, 2001; Decreto 941/2025, 2026).
La dimensión metodológica permite observar otra cuestión. Si se considera la inteligencia como proceso, el elemento central pasa a ser la relación entre un decisor que necesita conocer algo y una capacidad de producción destinada a responder ese interrogante. Las distintas representaciones del Ciclo de Inteligencia presentan variaciones en cantidad y denominación de fases, aunque mantienen funciones recurrentes vinculadas con dirección, reunión u obtención, procesamiento, análisis, producción, difusión y retroalimentación. La doctrina consultada permite advertir que esas funciones pueden organizarse de diferentes maneras sin alterar la lógica general del proceso. (MOD, 2023).
Para pensar su aplicación municipal, el recorrido podría representarse mediante una necesidad del decisor, dirección, reunión de información disponible, determinación de vacíos, obtención dirigida, procesamiento, análisis, producción, difusión y retroalimentación. La secuencia no busca fijar una versión universal del ciclo, sino mostrar cómo esas funciones podrían articularse alrededor de necesidades concretas de decisión.
El producto constituye otra dimensión. Los estándares profesionales de análisis señalan que una evaluación destinada a un decisor debería diferenciar evidencia, supuestos y juicios, expresar adecuadamente la incertidumbre, considerar explicaciones alternativas y mantener una relación clara entre la pregunta planteada y la respuesta ofrecida. El valor del producto depende tanto de su pertinencia para el decisor como de la calidad del razonamiento que sostiene sus conclusiones. (Office of the Director of National Intelligence [ODNI], 2015; Professional Head of Intelligence Assessment [PHIA], 2025a, 2025b).
Un producto elaborado en el ámbito municipal mediante dirección, integración multifuente, análisis y producción de juicios podría reunir características doctrinarias propias de un producto de inteligencia. Para analizar esa posibilidad resulta necesario distinguir la inteligencia entendida como método y producto de la dimensión organizacional y jurídica que cada Estado regula para determinadas finalidades.
Del interrogante a lo que ya se sabe
El punto de partida se encuentra en el decisor. Un intendente, un secretario o un responsable de área puede necesitar comprender por qué aumentaron los accidentes en determinado corredor, qué explica la baja utilización de un servicio, qué factores están modificando una situación ambiental o qué efectos podrían producir determinados cambios económicos sobre una actividad local.
La pregunta inicial probablemente llegue expresada en términos generales. La función de dirección permite convertir esa preocupación en un requerimiento susceptible de ser trabajado analíticamente. La doctrina de inteligencia relaciona esta instancia con la determinación y priorización de requerimientos y con la posterior orientación de los recursos disponibles para satisfacerlos. (MOD, 2023).
Antes de producir nueva información conviene establecer cuánto puede responderse con aquello que ya se conoce. Una organización puede poseer buena parte de la respuesta y, sin embargo, tenerla dispersa entre archivos, sistemas, informes o áreas que fueron produciendo información con otras finalidades. La doctrina consultada contempla la explotación previa de bases, publicaciones y productos existentes antes de decidir que un vacío requiere nueva obtención. (MOD, 2023).
Resulta útil distinguir funcionalmente reunión y obtención, aun cuando diferentes doctrinas puedan asignarles alcances terminológicos diversos. La reunión puede entenderse como recuperación y organización de datos, información o conocimiento que ya han sido producidos y se encuentran disponibles. La obtención se vincula con aquella información que el requerimiento necesita y todavía no está disponible, por lo que debe generarse o adquirirse de manera dirigida.
La distinción tiene consecuencias prácticas. Si una secretaría conserva estadísticas históricas de tránsito, recuperarlas para responder una nueva pregunta constituye reunión de información disponible. Si después del análisis se advierte que falta conocer el flujo vehicular actual durante determinadas franjas horarias y se dispone realizar un conteo específico, aparece una obtención orientada por un vacío.
La secuencia puede resumirse en tres preguntas: qué sabemos, qué podemos responder con aquello que ya sabemos y qué necesitamos conocer todavía.
Inteligencia básica y conocimiento del territorio
Esta lógica se relaciona directamente con la inteligencia básica. La doctrina la caracteriza como conocimiento de referencia que proporciona contexto y sirve como base para interpretar información e inteligencia posteriores. Comprende antecedentes relativamente estables sobre territorio, actores, capacidades, estructuras y otros componentes que permiten comprender una situación antes de abordar un requerimiento específico. (MOD, 2023).
En el nivel municipal podría pensarse en una inteligencia básica construida a partir de conocimiento procesado sobre población, territorio, infraestructura, servicios, movilidad, ambiente, actividades económicas, actores, capacidades institucionales, riesgos e interdependencias. Una estadística aislada seguiría siendo un insumo; su contextualización, evaluación e integración con otros antecedentes podría transformarla en parte de una base de conocimiento susceptible de ser actualizada y utilizada frente a futuros interrogantes.
Los gobiernos municipales ya producen continuamente información sobre el territorio. Una parte importante surge de la administración cotidiana y se conserva con finalidades específicas. La aplicación de un método de producción de inteligencia podría permitir que parte de ese conocimiento fuese organizada y explotada también como contexto para la decisión, manteniendo su trazabilidad y las condiciones jurídicas correspondientes.
Cada nuevo requerimiento podría comenzar así sobre una base acumulativa, en lugar de reconstruir el problema desde cero. La información obtenida durante un ciclo también podría incorporarse posteriormente a ese conocimiento básico y contribuir al aprendizaje institucional.
Del vacío a la Dirección del Esfuerzo de Obtención
Una vez explotada la información disponible, aquello que continúa sin respuesta constituye un vacío de conocimiento. Ese vacío permite formular requerimientos más específicos y orientar la Dirección del Esfuerzo de Obtención.
El decisor plantea un interrogante, el análisis determina qué conocimiento existente permite responderlo y los vacíos restantes se traducen en requerimientos de información. Cada requerimiento puede ser asignado al medio que posea mejores condiciones para satisfacerlo. La gestión de obtención transforma una necesidad de conocimiento en tareas concretas, priorizadas y vinculadas con una finalidad. (MOD, 2023).
Supóngase que un análisis sobre siniestralidad determina que existe un incremento concentrado en determinadas franjas horarias, pero la información disponible no permite conocer el volumen actual de tránsito pesado, las condiciones reales de iluminación en algunos puntos o el origen de ciertas modificaciones en los flujos de circulación. Cada uno de esos vacíos puede generar una tarea distinta. Un área puede realizar conteos específicos, otra efectuar un relevamiento físico, otra consultar documentación o solicitar información a otra jurisdicción y otra recurrir a personas que posean conocimiento relevante del fenómeno.
La obtención queda así vinculada con un vacío concreto. Las capacidades disponibles dejan de orientarse hacia una búsqueda indiferenciada de información y pasan a responder aquello que resulta necesario conocer para satisfacer el requerimiento.
Una ventaja particular del nivel municipal
El ámbito municipal presenta una característica que puede adquirir especial valor en las etapas de reunión y obtención. Los gobiernos locales poseen una relación cotidiana con un territorio relativamente acotado y desarrollan funciones vinculadas con servicios, habilitaciones, inspecciones, tránsito, ambiente, desarrollo urbano, infraestructura, catastro, atención ciudadana y numerosas actividades que los colocan regularmente en contacto con hechos, actores y procesos locales. La literatura sobre descentralización y gobernanza territorial reconoce que los gobiernos subnacionales pueden disponer de ventajas derivadas del conocimiento local y de su proximidad con los problemas que administran. (OECD, 2009).
Esa proximidad podría convertirse en una ventaja informacional cuando se combina con competencias administrativas legítimas y con un método capaz de orientar la producción de conocimiento. El diferencial no estaría solamente en encontrarse físicamente cerca del fenómeno, sino en disponer de áreas que observan, registran, inspeccionan, relevan e interactúan con el territorio como parte de sus funciones ordinarias.
En Mendoza, por ejemplo, la Ley Orgánica de Municipalidades N.º 1.079 contempla atribuciones vinculadas con tránsito, higiene, inspección, establecimientos, registros, estadísticas y distintas formas de administración y control local. Esas funciones generan información y oportunidades de observación que podrían incorporarse a procesos analíticos cuando exista un requerimiento legítimo relacionado con las competencias municipales. (Ley 1.079 de Mendoza, 1934).
La diferencia entre reunión y obtención permite observar con claridad esta capacidad. Un registro de inspecciones ya producido puede reunirse y explotarse para responder un interrogante nuevo. Si el análisis revela que determinado dato nunca fue relevado y resulta necesario para comprender el problema, el área competente podría incorporar ese observable a una futura actuación o realizar un relevamiento específico dentro de sus atribuciones.
La proximidad puede facilitar entonces el acceso legítimo a información de elevada granularidad. El método de inteligencia podría aportar dirección, priorización e integración a capacidades que ya se encuentran distribuidas dentro de la administración municipal.
Esa ventaja no se limita a registros administrativos. También puede relacionarse con diferentes disciplinas y modalidades de obtención.
Fuentes humanas, abiertas y geoespaciales
La Human Intelligence (HUMINT), o inteligencia de fuentes humanas, se relaciona doctrinariamente con información obtenida mediante personas y puede abarcar distintas formas de comunicación, observación y entrevista. Su definición no depende exclusivamente de modalidades clandestinas; el contexto institucional y jurídico determina las formas concretas mediante las cuales se desarrolla. (MOD, 2023).
En el ámbito municipal, una entrevista voluntaria, una consulta a un especialista, el reporte funcional de un inspector, la experiencia de un trabajador territorial o un relevamiento realizado por personal competente podrían aportar información humana a un requerimiento. Para adquirir valor dentro del Ciclo de Inteligencia, esa información necesitaría estar vinculada con una necesidad de conocimiento y posteriormente ser evaluada e integrada con otras fuentes.
La Geospatial Intelligence (GEOINT), o inteligencia geoespacial, puede construirse mediante explotación y análisis de imágenes e información georreferenciada. Los municipios utilizan regularmente cartografía, sistemas de información geográfica, información catastral, ortofotografías, imágenes satelitales y, en determinadas circunstancias, imágenes obtenidas mediante sistemas aéreos autorizados. Cuando esos recursos se utilizan para responder preguntas concretas y se integran con otros datos, podrían contribuir a una producción de inteligencia geoespacial. (MOD, 2023).
La Open Source Intelligence (OSINT), o inteligencia de fuentes abiertas, ofrece otra posibilidad. La disponibilidad pública de información no constituye por sí sola inteligencia. Su explotación sistemática, dirigida por un requerimiento, evaluada e integrada dentro de un proceso analítico puede transformarla en conocimiento útil para el decisor. (Office of the Director of National Intelligence & Central Intelligence Agency, 2024).
La combinación de distintas fuentes puede aportar un valor adicional. Información administrativa, fuentes humanas, imágenes, cartografía, fuentes abiertas y datos provenientes de otras instituciones ofrecen visiones parciales de un mismo problema. La integración multifuente permite comparar esas evidencias, identificar coincidencias y contradicciones y construir un juicio cuya solidez no dependa exclusivamente de una fuente. (MOD, 2023).
La proximidad municipal vuelve a ser relevante en este aspecto. Un gobierno local puede disponer simultáneamente de información administrativa, observación directa, interacción con vecinos y actores territoriales y conocimiento geográfico detallado. El Ciclo de Inteligencia podría proporcionar un marco para organizar esa diversidad alrededor de interrogantes concretos.
Comprender, anticipar y decidir
La relación con el Ciclo de Políticas Públicas puede observarse mejor cuando se considera el tipo de conocimiento necesario en sus distintos momentos.
Durante la identificación de un problema, el decisor necesita comprender cómo se llegó a la situación actual. La inteligencia básica, el conocimiento acumulado y la reunión de antecedentes pueden contribuir a reconstruir el contexto, reconocer tendencias previas e identificar actores y relaciones relevantes. (Howlett et al., 2020; MOD, 2023).
La problematización requiere establecer qué está ocurriendo, cuáles podrían ser sus causas, qué explicaciones alternativas existen y qué aspectos continúan siendo desconocidos. La gestión de requerimientos, la identificación de vacíos, la evaluación de fuentes y el análisis multifuente podrían aportar una metodología para trabajar esa comprensión del problema.
Cuando aparecen alternativas de intervención, la necesidad de conocimiento comienza a proyectarse hacia el futuro. Interesa analizar qué podría ocurrir si las condiciones actuales continúan, qué consecuencias plausibles puede producir cada curso de acción, qué variables podrían modificar una tendencia y qué señales deberían observarse. La inteligencia estimativa y la advertencia proporcionan herramientas destinadas a formular juicios sobre posibles desarrollos futuros y a expresar el grado de incertidumbre que acompaña esas evaluaciones. (ODNI, 2015; PHIA, 2025a, 2025b).
La prospectiva puede complementar esta función mediante la exploración sistemática de futuros posibles, escenarios e incertidumbres críticas. Prospectiva e inteligencia estimativa conservan identidades metodológicas propias, aunque ambas pueden aportar conocimiento cuando una política necesita incorporar el futuro a una decisión presente.
Durante la implementación aparecen nuevas preguntas. El contexto puede cambiar, surgir actores no considerados, modificarse variables relevantes o producirse efectos inesperados. Los indicadores administrativos permiten observar ejecución y resultados, mientras que una función de inteligencia podría incorporar una interpretación sobre qué significan determinados cambios y qué podrían anticipar para la decisión.
La evaluación vuelve sobre los supuestos iniciales. Los resultados permiten comprobar qué explicaciones se sostuvieron, qué hipótesis necesitan revisión y qué aprendizaje puede incorporarse al conocimiento básico. La retroalimentación conecta ambos ciclos. El Ciclo de Políticas Públicas utiliza la evaluación para revisar una intervención; el Ciclo de Inteligencia utiliza el feedback para revisar requerimientos, productos y conocimiento acumulado. (Lahera, 1999; MOD, 2023).
Puede plantearse entonces una relación funcional relativamente sencilla. El Ciclo de Políticas Públicas genera decisiones y esas decisiones producen necesidades de conocimiento. El Ciclo de Inteligencia organiza la forma de responderlas. El producto retorna al decisor y se incorpora, junto con consideraciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y administrativas, al proceso de decisión.
El marco jurídico como condición del método
La aplicación municipal de este método requiere considerar las competencias concretas que el ordenamiento atribuye a cada gobierno local. La Constitución Nacional reconoce la autonomía municipal y deja a las provincias la determinación de su alcance institucional, político, administrativo, económico y financiero. Las funciones efectivamente disponibles dependerán de la constitución provincial, las leyes orgánicas, las cartas orgánicas cuando correspondan y la normativa sectorial aplicable. (Constitución de la Nación Argentina, 1994, art. 123).
La Ley 25.520 regula otra dimensión. Define jurídicamente la Inteligencia Nacional, establece la organización del Sistema de Inteligencia Nacional y delimita las funciones comprendidas dentro de ese ámbito. Las modificaciones vigentes desde 2026 mantienen una arquitectura nacional específica y establecen las características jurídicas de las actividades desarrolladas dentro de ese sistema. (Ley 25.520, 2001; Decreto 941/2025, 2026).
La aplicación del Ciclo de Inteligencia en el ámbito municipal podría diseñarse a partir de las competencias y medios legítimamente disponibles en ese nivel de gobierno. Dirección, reunión, obtención, procesamiento, análisis, producción, difusión y retroalimentación pueden examinarse como funciones metodológicas, mientras que cada modalidad concreta de ejecución deberá corresponder con la finalidad pública, las atribuciones del área y el régimen jurídico aplicable.
La protección de datos también condiciona este proceso. El tratamiento, relacionamiento e interconexión de información personal se encuentran sujetos a los principios establecidos por la Ley 25.326, entre ellos adecuación, pertinencia y correspondencia con la finalidad para la cual los datos son utilizados. Estas condiciones deberían ser consideradas desde el propio diseño del requerimiento y durante todo el ciclo de producción. (Ley 25.326, 2000).
El marco jurídico define qué recursos y competencias están disponibles para responder una necesidad de conocimiento y permite diseñar el esfuerzo de reunión y obtención de manera compatible con las responsabilidades institucionales existentes.
Del conocimiento local a una comprensión de mayor escala
La proximidad municipal puede adquirir otra dimensión cuando los fenómenos observados localmente forman parte de procesos que atraviesan diferentes jurisdicciones. Movilidad, ambiente, infraestructura, desarrollo económico, riesgos naturales, servicios o transformaciones sociales suelen manifestarse en un territorio concreto y, al mismo tiempo, integrar dinámicas de mayor alcance.
Una aplicación sistemática del método, acompañada por capacitación, criterios comunes de calidad y mecanismos adecuados de articulación interjurisdiccional, podría aumentar la utilidad del conocimiento producido localmente. Una observación aislada posee un alcance limitado; múltiples observaciones territorialmente contextualizadas podrían contribuir, junto con otras fuentes y niveles de análisis, a comprender tendencias o transformaciones que requieren una mirada de mayor escala.
La profesionalización de estas capacidades podría favorecer un ecosistema público de conocimiento para la decisión, donde cada nivel aporte aquello que su posición, competencias y proximidad le permiten conocer. La utilidad surgiría de la articulación y contextualización de ese conocimiento, antes que de su mera transferencia entre organismos.
En determinadas circunstancias, la calidad, continuidad y trazabilidad de la información territorial podrían hacer que parte de ese conocimiento resultara útil también para necesidades de decisión de diferente escala, dentro de los mecanismos institucionales correspondientes.
Inteligencia para decidir
El Ciclo de Inteligencia puede ser observado como un método completo de producción de conocimiento. Comienza con una necesidad del decisor, explota el conocimiento ya disponible, determina vacíos, dirige la obtención hacia aquello que todavía necesita conocerse, procesa e integra la información, produce un juicio y devuelve ese conocimiento a quien debe decidir. La retroalimentación permite revisar el producto y actualizar la inteligencia básica.
El Ciclo de Políticas Públicas genera constantemente ese tipo de necesidades. Comprender un problema, determinar sus causas, construir alternativas, anticipar consecuencias, implementar una decisión y evaluar sus resultados requieren conocimiento de distinta naturaleza y con diferentes horizontes temporales.
El nivel municipal agrega un elemento particular. Su proximidad con el territorio y las competencias administrativas que lo vinculan cotidianamente con personas, servicios, actividades e infraestructura pueden proporcionarle acceso legítimo a información de elevada granularidad. Esa proximidad podría transformarse en una ventaja cuando existe un método que permita determinar qué información es relevante, qué se conoce, qué falta conocer y cómo integrar posteriormente aquello que fue reunido u obtenido.
La aplicación del método de inteligencia podría aportar esa arquitectura y profesionalizar la relación entre interrogante, conocimiento, vacío, obtención, análisis y decisión.
La pregunta que apareció durante aquella capacitación sobre el Ciclo de Políticas Públicas termina llevando a una posibilidad más amplia. El municipio podría ser un espacio donde el método de inteligencia encuentre aplicación y, al mismo tiempo, un nivel especialmente interesante para aprovecharlo por la cercanía entre el decisor, el territorio y muchas de las fuentes necesarias para comprenderlo.
La inteligencia, entendida como método y producto de conocimiento, podría contribuir a que las políticas públicas se construyan sobre una comprensión más organizada del pasado, una lectura más integrada del presente y una aproximación más consciente a la incertidumbre del futuro.
Referencias
Constitución de la Nación Argentina. (1994). Artículo 123.
Decreto 941/2025. Modificación de la Ley de Inteligencia Nacional N.º 25.520. Boletín Oficial de la República Argentina, 2 de enero de 2026.
Howlett, M., Ramesh, M., & Perl, A. (2020). Studying public policy: Principles and processes (4th ed.). Oxford University Press.
Lahera, E. (1999). La evaluación en el ciclo de las políticas públicas. Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social, Comisión Económica para América Latina y el Caribe.
Ley 1.079. Ley Orgánica de Municipalidades de la Provincia de Mendoza. Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza, 23 de enero de 1934.
Ley 25.326. Protección de los Datos Personales. Boletín Oficial de la República Argentina, 2 de noviembre de 2000. Ley 25.520. Ley de Inteligencia Nacional. Boletín Oficial de la República Argentina, 6 de diciembre de 2001.
Ministry of Defence. (2023). Joint Doctrine Publication 2-00: Intelligence, counter-intelligence and security support to joint operations (4th ed.). Development, Concepts and Doctrine Centre.
Office of the Director of National Intelligence. (2015). Intelligence Community Directive 203: Analytic standards.
Office of the Director of National Intelligence, & Central Intelligence Agency. (2024). The IC OSINT strategy 2024-2026.
Organisation for Economic Co-operation and Development. (2009). Regions matter: Economic recovery, innovation and sustainable growth. OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/9789264076525-en
Organisation for Economic Co-operation and Development. (2020). Building capacity for evidence-informed policy-making: Lessons from country experiences. OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/86331250-en
Professional Head of Intelligence Assessment. (2025a). PHIA common analytical standards. UK Government.
Professional Head of Intelligence Assessment. (2025b). Explaining uncertainty in UK intelligence assessment. UK Government.
Wu, X., Ramesh, M., & Howlett, M. (2015). Policy capacity: A conceptual framework for understanding policy competences and capabilities. Policy and Society, 34(3-4), 165-171. https://doi.org/10.1016/j.polsoc.2015.09.001
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