Venezuela luego de la detención de Nicolás Maduro

Por el Dr. Patricio Orlandini

La captura del presidente venezolano Nicolás Maduro por parte de fuerzas estadounidenses el 3 de enero de 2026 constituye un punto de inflexión histórico en la geopolítica latinoamericana contemporánea. Este hecho, resultado de una sorpresiva operación militar de gran escala desplegada por EE. UU. en territorio venezolano, no representa solo la caída abrupta de un régimen autoritario, sino también el colapso de un nodo estratégico que durante más de dos décadas articuló alianzas políticas, económicas y criminales dentro y fuera de la región.
La trascendencia política, social y geoestratégica de este suceso es profunda: políticamente, porque derroca al sucesor del proyecto bolivariano iniciado por Hugo Chávez en 1999; socialmente, por las implicaciones para el pueblo venezolano tras años de crisis humanitaria; y geoestratégicamente, porque reconfigura equilibrios de poder regionales y desafía principios de soberanía y derecho internacional vigentes desde la Guerra Fría.
La remoción forzada de Maduro abre una etapa de incertidumbre estratégica regional sin precedentes, con oportunidades y riesgos significativos para Venezuela y América Latina.

Antecedentes estructurales e inmediatos de la crisis

Antecedentes estructurales (1999–2025). La crisis actual tiene raíces profundas en la evolución del régimen chavista. El proyecto bolivariano iniciado por Hugo Chávez en 1999 se cimentó en tres pilares fundamentales:
• Control político interno mediante la captura progresiva de las instituciones del Estado (Tribunal Supremo, Consejo Electoral, Fuerzas Armadas, etc.), consolidando un poder hegemónico unipersonal.
• Renta petrolera utilizada como herramienta de poder: primero para financiar programas sociales populares y luego como diplomacia petrolera, forjando lealtades internacionales a través de acuerdos energéticos.
• Alianzas antihegemónicas con potencias y regímenes adversos a Washington (Cuba, Irán, Rusia y más recientemente China), para desafiar la influencia de EE. UU. y construir un bloque geopolítico alternativo.

Este esquema, sin embargo, se degradó bajo la presidencia de Maduro (2013–2026). A partir de 2013 Venezuela sufrió pérdida de capacidad estatal, corrupción sistémica y colapso económico, agravado por la caída de los precios petroleros y sanciones internacionales. El Estado venezolano se transformó en muchos aspectos en una estructura funcional a economías ilícitas (narcotráfico, contrabando, minería ilegal), lo que convirtió al país en un factor de inestabilidad regional permanente.
Las consecuencias sociales y humanitarias fueron catastróficas: hiperinflación, escasez de alimentos y medicinas, y la migración masiva de casi 8 millones de venezolanos desde 2018, equivalentes a una cuarta parte de la población, generando una de las mayores crisis de refugiados del mundo.
Asimismo, la erosión institucional y la represión política (encarcelamiento o exilio de opositores) provocaron que la oposición interna se debilitara y fragmentara hasta 2023, socavando vías de cambio pacífico. No obstante, el gobierno de Maduro se fue aislando diplomáticamente: numerosos países de Occidente y la región dejaron de reconocer su legitimidad tras las cuestionadas elecciones de 2018 y 2024, y en su lugar apoyaron a líderes opositores alternos en intentos fallidos de transición.
Este prolongado estancamiento creó un impasse: un régimen autoritario consolidado, pero en profunda crisis económica y sin legitimidad democrática, frente a una oposición débil y una población empobrecida – un caldo de cultivo propicio para una solución de fuerza extraregional cuando las vías internas se agotaron.

Antecedentes inmediatos (2025).

La llegada de la administración Trump a la Casa Blanca en enero de 2025 reactivó la presión máxima sobre Venezuela. Durante ese año se observó una escalada de acciones y retórica hostil entre Washington y Caracas, marcando un cambio doctrinario en la política de EE. UU. hacia Venezuela. En lugar de limitarse a sanciones económicas y aislamiento diplomático – tácticas aplicadas durante años anteriores – Washington comenzó a considerar abiertamente la opción militar para “remover el centro de gravedad del régimen” de Maduro.
En septiembre de 2025, Maduro denunció públicamente que EE. UU. planeaba derrocarlo y autorizó un decreto de “seguridad nacional” anticipándose a una posible incursión extranjera. De hecho, EE. UU. desplegó una flota naval en el Caribe aduciendo combate al narcotráfico, y en semanas posteriores realizó ataques limitados contra embarcaciones venezolanas sospechosas de traficar drogas, causando bajas en tripulaciones – acciones cuya legalidad fue cuestionada por expertos internacionales.
Caracas replicó con ejercicios militares internos y arming de milicias civiles, preparándose para una “resistencia popular” ante un posible ataque extranjero. La retórica belicista se intensificó: Maduro buscó a último momento canalizar una negociación directa con Trump para evitar una confrontación – incluso envió una carta ofreciendo diálogo y prometiendo cooperación antinarcóticos – pero estos esfuerzos diplomáticos no prosperaron.
A fines de 2025, la situación llegó a un punto crítico: informes hablaban de planes detallados para atacar objetivos estratégicos dentro de Venezuela con el fin de capturar a Maduro y desmontar su círculo de seguridad. Maduro, por su parte, declaró un estado de conmoción exterior el 1 de enero de 2026, tratando de activar planes defensivos y otorgando control extraordinario a las Fuerzas Armadas sobre servicios públicos e instalaciones petroleras ante la inminencia de un ataque.
Pese a estas medidas preventivas, en la madrugada del 3 de enero de 2026 se lanzó la operación militar estadounidense. Según detalló el presidente Trump, 150 aeronaves norteamericanas bombardearon objetivos militares en Caracas (incluida la base de Fuerte Tiuna) y en otros estados venezolanos (Miranda, La Guaira y Aragua). Bajo la cobertura de estos bombardeos selectivos, comandos especiales ingresaron y capturaron a Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores en Caracas, extrayéndolos del país en helicóptero hacia el portaaviones USS Iwo Jima.
Horas después, Trump anunció públicamente que Maduro estaba bajo custodia estadounidense y sería trasladado a Nueva York para enfrentar cargos por narcoterrorismo y tráfico de drogas, de acuerdo con una acusación del Departamento de Justicia de EE. UU. reactivada ese mismo día. La audaz operación – ejecutada sin autorización del Congreso estadounidense ni mandato de la ONU, en una acción unilateral – tomó por sorpresa al mundo y generó efectos imprevisibles para toda la región. Se trató de la intervención militar directa de EE. UU. en Latinoamérica más contundente en varias décadas, reavivando ecos de la Doctrina Monroe y las intervenciones de la Guerra Fría, pero en un contexto moderno de lucha contra el crimen transnacional.

Mapa narrativo de los actores relevantes

En un escenario tan complejo, es crucial trazar un mapa de actores – nacionales e internacionales, estatales y no estatales – que desempeñan roles clave en la crisis post-captura de Maduro.
A continuación, se describen los principales actores y sus posiciones:

I.- Actor central derrocado: Régimen de Nicolás Maduro (Chavismo en el poder). Tras la captura de Maduro, los remanentes de su gobierno intentan proyectar continuidad y resistencia. La hasta entonces vicepresidenta Delcy Rodríguez se erigió públicamente como voz principal del chavismo: en una alocución televisada desde Caracas, Rodríguez denunció la operación de EE. UU. como un “secuestro ilegal e ilegítimo” de Maduro, calificándola de acto “bárbaro” contra la soberanía venezolana. Afirmó enfáticamente que “Nicolás Maduro es el único presidente de Venezuela” – desconociendo cualquier solución de poder impuesta desde afuera – y exigió su liberación inmediata junto a su esposa. Delcy Rodríguez, quien constitucionalmente sería la sucesora temporal, hizo un llamado a la calma y unidad nacional para “defender la patria” ante lo que describió como una agresión imperialista, asegurando que Venezuela “nunca será colonia de ninguna nación”. No obstante, esta postura de desafío contrasta con versiones difundidas por Washington: el presidente Trump sugirió en una rueda de prensa que su gobierno ha conversado con Rodríguez y que ella habría mostrado disposición a “hacer lo que sea necesario para hacer a Venezuela grande de nuevo”, insinuando una posible cooperación – afirmación que Delcy no corroboró públicamente y más bien desmintió con su retórica de resistencia.
Junto a Rodríguez, otros jerarcas chavistas han reaparecido para movilizar a las bases y mantener cohesionado al régimen tras la decapitación de su líder. El ministro del Interior Diosdado Cabello, uno de los hombres fuertes del chavismo, reapareció en la madrugada posterior al ataque haciendo un llamado a los venezolanos a no caer en pánico. En un mensaje televisado, Cabello pidió “mucha calma, que nadie caiga en el desespero” y advirtió contra “facilitarle las cosas al enemigo invasor”. Visiblemente consternado, Cabello tildó el ataque estadounidense de “criminal y terrorista”, denunciando que habría provocado víctimas civiles, y exigió que los países del mundo tomaran posición condenando la agresión. Su discurso busca tanto evitar el caos interno (saqueos, vacío de poder) como presionar por solidaridad internacional con el régimen depuesto.
El alto mando militar venezolano permanece como factor crítico. El ministro de Defensa, General Vladimir Padrino López, emitió un comunicado en vídeo declarando que las Fuerzas Armadas desplegaron unidades en todo el país en cumplimiento de las órdenes de Maduro y en acatamiento al plan de defensa nacional. Padrino condenó la incursión extranjera, afirmando que “han atacado zonas civiles” durante los bombardeos nocturnos y que el país recopila información sobre muertos y heridos a causa de la agresión. En un tono desafiante, proclamó que Venezuela “resistirá la presencia de tropas extranjeras”, llamando a soldados y ciudadanos a formar un “muro indestructible de resistencia” contra lo que describió como “la peor agresión que ha sufrido la patria”. “Nos han atacado, pero no nos someterán”, declaró Padrino,
invocando un legado histórico de lucha antiimperialista. Estas declaraciones evidencian que, pese al golpe sufrido con la pérdida de su comandante en jefe, al menos una facción importante de las Fuerzas Armadas se alinea con la cúpula chavista residual en la promesa de resistencia armada y desconocimiento de la intervención extranjera.
Otro actor institucional relevante es el Ministerio Público venezolano. El fiscal general Tarek William Saab, aliado del chavismo, condenó enérgicamente la operación de EE. UU. calificándola como “un vil y cobarde ataque del enemigo imperial” realizado de madrugada contra objetivos civiles. Saab – quien también preside el llamado Poder Ciudadano – exigió una “prueba de vida” de Maduro y responsabilizó directamente al gobierno de EE. UU. por cualquier daño a la integridad física del mandatario capturado. En declaraciones vía telefónica al canal estatal VTV, advirtió que lo que antes parecía una amenaza ahora “se ha convertido en hechos de sangre, con víctimas inocentes mortalmente heridas y otras asesinadas” durante el ataque.
El fiscal pidió la intervención inmediata de la ONU y otros organismos internacionales de derechos humanos frente a esta “flagrante violación” a la soberanía, denunciando que Maduro y su esposa se hallan en “condición de secuestro” en manos estadounidenses. Asimismo, Saab convocó a la población a mantenerse en las calles “con calma y alerta, sin caer en la guerra psicológica del enemigo”, acusando a EE. UU. de difundir fake news para desmoralizar a la nación, e instando a resistir con el “espíritu del 13 de abril” (en alusión a la restitución de Chávez tras el fallido golpe de 2002).
Estas manifestaciones de los operadores políticos y militares chavistas pintan un escenario de continuidad del régimen sin Maduro, al menos discursivamente: se posicionan como gobierno legítimo en resistencia, buscando mantener la cohesión de sus seguidores y la cadena de mando, a la vez que tratan de ganar simpatía externa presentando la intervención como una injusticia colonial

II.- Actores de la oposición venezolana. Paralelamente, los líderes de la oposición venezolana han visto en la caída de Maduro una posible “hora cero” para la restauración democrática, aunque no sin divisiones y retos. La dirigente opositora María Corina Machado, ganadora de las primarias opositoras de 2024 y prominente figura anti-chavista (galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2025 según reportes recientes), celebró la captura de Maduro proclamando: “¡Llegó la hora de la libertad!”. Machado instó a los venezolanos a permanecer “vigilantes, activos y organizados” para avanzar hacia una transición democrática, enfatizando que la oposición “está preparada para tomar el poder”. Asimismo, pidió que Edmundo González Urrutia – candidato opositor que contendió contra Maduro en las elecciones de 2024 y a quien muchos países reconocen como presidente electo legítimo de Venezuela – asuma las riendas del país y el control de las Fuerzas Armadas. En palabras de Machado: “Hoy estamos listos para hacer valer nuestro mandato y tomar el poder”, ratificando su reclamo al liderazgo transicional[48]. González Urrutia, por su parte, también se declaró listo para “la gran operación de reconstrucción de nuestra nación”, buscando proyectar una imagen de estadista en espera.
Sin embargo, esta narrativa opositora de tomar el control de inmediato no ha sido plenamente respaldada por Washington. En su primera comparecencia tras la operación, el presidente Trump cuestionó la viabilidad de que Machado encabece la transición, alegando que “no cuenta con el apoyo y el respeto necesarios” dentro de Venezuela para gobernar. Estados Unidos, de hecho, no ha otorgado un reconocimiento automático a un gobierno de transición opositor, sino que ha indicado que “dirigirá Venezuela hasta que haya una transición segura, ordenada y justa”.
Esto implica un posible tutelaje internacional en el corto plazo, lo cual genera tensiones con la oposición venezolana, deseosa de ejercer la autoridad que reclama legítima. Figuras opositoras moderadas han expresado preocupación de que la ausencia inicial de líderes civiles venezolanos en el gobierno transitorio obedezca a consideraciones estratégicas: EE. UU. podría preferir estabilizar primero la situación con una administración provisional propia para evitar choques internos entre facciones opositoras o asegurar que el chavismo residual no recupere espacios.
No se descarta que en una segunda fase se incorpore formalmente a dirigentes opositores – como González Urrutia o Machado – en un gobierno interino venezolano, una vez logrados ciertos consensos internos y condiciones mínimas de seguridad y legitimidad.
En suma, la oposición venezolana, aunque jubilosa por la caída de Maduro, enfrenta el desafío de coordinar con los interventores externos y entre sí para no desaprovechar el “momento histórico” de restaurar la democracia. La fragmentación histórica de la oposición y la necesidad de reconstruir instituciones ex nihilo hacen que su rol en esta transición deba aún definirse con claridad.

III.- Sociedad civil y población venezolana. La reacción dentro de la sociedad venezolana ante estos eventos ha sido mixta y sumamente polarizada. Por un lado, miles de opositores venezolanos – tanto dentro del país como en la diáspora – celebraron la caída del “dictador” Maduro. Escenas de júbilo se reportaron, por ejemplo, en comunidades de exiliados en Santiago de Chile y Madrid, donde grupos de venezolanos se congregaron con banderas para vitorear la “liberación” de su patria.
En redes sociales abundaron mensajes de alivio y esperanza, comparando el momento con “un nuevo amanecer” para Venezuela. La influyente diáspora venezolana (estimada en más de 7 millones globalmente) podría jugar un rol importante en la reconstrucción económica y el impulso a la democratización, ya sea retornando al país o presionando a la comunidad internacional para sostener la transición.
Por otro lado, los sectores chavistas de base – aunque disminuidos por años de crisis – han mostrado signos de movilización en apoyo a Maduro. Grupos de simpatizantes del gobierno salieron a las calles del centro de Caracas y otras ciudades coreando consignas antiimperialistas y exigiendo la devolución “inmediata” de Maduro, a quien consideran su presidente legítimo.
Estos manifestantes, organizados en algunos casos por estructuras del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y colectivos locales, denuncian la intervención como un atropello colonial y temen represalias o persecución en un escenario post-chavista. Existe además el riesgo de brotes de violencia interna: saqueos, ajuste de cuentas, o enfrentamientos entre civiles pro y anti-Maduro.
Hasta ahora, gracias al llamado a la calma tanto de Cabello como de la oposición democrática, no se han reportado disturbios generalizados, pero la tensión es palpable. La sociedad venezolana se encuentra fuertemente dividida entre la esperanza de cambio y el temor a lo desconocido; tras años de penuria, muchos ven con buenos ojos cualquier acción que prometa el fin de la crisis, mientras otros perciben la intervención como una humillación nacional. En este contexto, actores de la sociedad civil organizada – ONG de derechos humanos, la Iglesia católica, gremios profesionales – podrían tomar un rol mediador. De hecho, la Conferencia Episcopal Venezolana y diversas organizaciones civiles han llamado a evitar venganzas y trabajar por la reconciliación, al tiempo que exhortan a respetar los derechos fundamentales de todos (incluyendo los militares y políticos capturados) y a emprender una asistencia humanitaria urgente para la población más vulnerable.

IV.- Actores estatales externos (regionales). La respuesta internacional ha sido inmediata y dividida, con gobiernos de América Latina alineándose según afinidades ideológicas. Los países con gobiernos conservadores o abiertamente anti-Maduro celebraron la acción de EE. UU.: el presidente de Argentina, Javier Milei, uno de los más cercanos aliados de Trump en la región, expresó efusivamente su apoyo. “La libertad avanza. ¡Viva la libertad, carajo!”, escribió Milei en X (antes Twitter) al saberse la noticia, calificando a Maduro como “dictador, terrorista y narcotraficante” y congratulándose de su caída.
De igual forma, el joven presidente de Ecuador, Daniel Noboa, afirmó que “todos los criminales narco-chavistas tendrán su hora, su estructura finalmente colapsará en todo el continente”, reiterando la solidaridad de su país con el pueblo venezolano en transición.
En Chile, el caso fue singular: el presidente saliente Gabriel Boric (de centroizquierda) condenó el ataque por violar la soberanía, mientras que el presidente electo José Antonio Kast (derecha) aplaudió la captura de Maduro como “una gran noticia” para la región. Kast incluso llamó a que “los gobiernos de Latinoamérica aseguren que todo el aparato del régimen abandone el poder y rinda cuentas”, marcando una postura de línea dura favorable al regime change.
En contraste, los gobiernos de izquierda y centroizquierda de la región denunciaron la intervención de manera contundente. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, publicó en X que “el gobierno colombiano rechaza la agresión contra la soberanía de Venezuela y América Latina”, y fue el primero en solicitar una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU para tratar el caso.
Petro, quien había intentado mediar diálogos en Venezuela en el pasado, advirtió que la acción sienta un precedente peligroso. Su aliado ideológico, el presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva, declaró que “los bombardeos al territorio venezolano y la captura de su presidente cruzan una línea inaceptable”, enfatizando que apoya la restauración de la democracia en Venezuela, pero no por medios militares externos.
México, bajo la presidenta Claudia Sheinbaum, también condenó la intervención: la cancillería mexicana la calificó de violación al derecho internacional e instó a respetar la Carta de la ONU, aunque al mismo tiempo Sheinbaum debió subrayar que México mantiene una buena cooperación de seguridad con EE. UU. para distender roces con Washington.
Cuba y Nicaragua, estrechos aliados del chavismo, equipararon el ataque a un acto de “terrorismo de Estado” estadounidense. El presidente cubano Miguel Díaz-Canel afirmó que la agresión militar contra Venezuela es “un crimen imperial” y reiteró la solidaridad incondicional de Cuba con los “hermanos venezolanos”.
En Bolivia, el gobierno de Luis Arce se sumó al repudio, y junto con Nicaragua han invocado consultas de urgencia en instancias como la CELAC y el ALBA para condenar la intervención y pedir la inmediata devolución de Maduro.
Se observa así un reordenamiento de alianzas regionales: los gobiernos democráticos liberales ven la caída de Maduro como una oportunidad para estabilizar el entorno regional, mientras que los gobiernos de izquierda radical sufren una pérdida simbólica y estratégica muy fuerte. Esta fractura ideológica en la región refleja la persistencia de visiones opuestas sobre soberanía y derechos humanos: para unos, la acción de EE. UU. pone fin a una tiranía que desestabilizaba la región; para otros, reabre las heridas del intervencionismo y amenaza la paz regional.
Vale mencionar que algunos gobiernos que no simpatizaban con Maduro igualmente han expresado reservas sobre el método empleado: por ejemplo, el primer ministro de España, Pedro Sánchez, aclaró que, si bien España nunca reconoció al régimen de Maduro, “tampoco reconocerá una intervención que viola el derecho internacional y empuja a la región hacia la incertidumbre y la beligerancia”.
Sánchez llamó a respetar la Carta de la ONU y a buscar una transición dialogada que anteponga la protección de la población civil. Esta postura matizada de un aliado europeo subraya la incomodidad que la operación genera incluso entre democracias occidentales, preocupadas por las implicaciones jurídicas y humanitarias de la misma.

V.- Potencias extrahemisféricas e internacionales. La captura de Maduro también involucra a actores globales con intereses en Venezuela. Estados Unidos es obviamente el actor protagónico externo: la administración Trump justificó su acción como necesaria para eliminar un “amenaza narcoterrorista” y restaurar la democracia en un Estado fallido, pero no ocultó motivaciones geoestratégicas.
En su conferencia de prensa, Trump informó que empresas estadounidenses se harán cargo de la industria petrolera venezolana durante la transición, aludiendo a “poner a fluir el petróleo” nuevamente en el país rico en crudo. Esta declaración deja ver que el control de los vastos recursos energéticos venezolanos es considerado un interés prioritario por Washington, lo que alimenta la narrativa chavista de que la intervención busca “apoderarse de nuestros recursos” más que defender principios.
Junto con EE. UU., es probable que potencias occidentales cercanas (Reino Unido, Canadá, la Unión Europea) apoyen la reconstrucción venezolana, aunque con distintos matices: por ejemplo, Francia declaró que la operación militar contradice el derecho internacional, y el líder de la oposición británica enfatizó la necesidad de respetar la legalidad internacional, pero ninguno defendió a Maduro.
En la ONU, el Consejo de Seguridad se reunió de urgencia a pedido de países latinoamericanos; sin embargo, cualquier resolución condenatoria fue bloqueada por el veto de EE. UU. y probablemente del Reino Unido
y Francia, frente a votos a favor de Rusia, China y aliados de Venezuela. Esto dejó en evidencia la división Este-Oeste: Rusia y China – principales socios extrahemisféricos de Maduro – criticaron duramente la acción de EE. UU. Moscú exigió “claridad inmediata” sobre el paradero y estado de Maduro, y presentó una protesta formal alegando violación de la soberanía y de la Carta de la ONU.
Beijing, por su parte, expresó “grave preocupación” y probablemente ve peligrar sus inversiones petroleras y mineras en Venezuela; si bien China suele oponerse por principio a intervenciones unilaterales, también actuará con pragmatismo para asegurar que cualquier nuevo gobierno respete los acuerdos financieros suscritos durante el chavismo.
Irán – otro aliado de Maduro – condenó el ataque como “aventurerismo estadounidense” y solidarizó con Caracas, recordando los intentos de EE. UU. de cambio de régimen en Oriente Medio. Organismos internacionales como la Unión Africana también han mostrado apoyo al reclamo venezolano: la UA emitió un comunicado rechazando la intervención militar, alineándose con la defensa de la soberanía estatal, en tanto que países africanos amigos de Maduro (Sudáfrica, Angola) hicieron eco de ese rechazo. En el sistema interamericano, la OEA quedó dividida: su secretario general evitó respaldar abiertamente la acción armada, y varios estados miembros llamaron a priorizar la vía diplomática, aunque difícilmente la OEA logre una resolución conjunta dada la polarización entre sus miembros.

VI.- Organizaciones no estatales y otros actores. Dentro de Venezuela, además de los actores oficiales, existen grupos armados irregulares cuya postura es relevante. Colectivos armados chavistas, milicias bolivarianas e incluso grupos de guerrilla colombiana asentados en Venezuela (ELN, disidencias de las FARC) podrían convertirse en focos de resistencia violenta contra lo que perciben como ocupación extranjera.
Hasta el momento no hay informes confirmados de acciones insurgentes mayores, pero analistas advierten que algunos de estos grupos podrían emprender tácticas de guerrilla o terrorismo urbano para desestabilizar la transición. Asimismo, bandas criminales como el Tren de Aragua – cuyo auge regional estuvo vinculado al colapso venezolano – podrían aprovechar el caos para expandir actividades, aunque la eliminación del amparo estatal chavista podría, en el mediano plazo, dificultar su operación.
Por otro lado, la sociedad internacional civil también se ha activado: redes transnacionales de derechos humanos demandan acceso para asistencia humanitaria en Venezuela, mientras que organizaciones como la Corte Penal Internacional (CPI) observan de cerca el trato a los detenidos (Maduro podría enfrentar cargos no solo en EE. UU. sino potencialmente en la CPI por crímenes de lesa humanidad denunciados en Venezuela). La Iglesia católica, a través del Vaticano, ha ofrecido sus buenos oficios para mediar tanto entre
EE. UU. y el chavismo residual, como entre facciones venezolanas, con el fin de evitar un derramamiento de sangre mayor y asegurar una transición lo más consensuada posible.
En síntesis, el tablero de actores post-captura de Maduro es sumamente complejo: actores internos del ancien régime buscando sobrevivir y combatir la injerencia extranjera; fuerzas opositoras tratando de llenar el vacío de poder con apoyo internacional pero bajo condiciones impuestas; una sociedad civil polarizada entre la euforia y la ansiedad; Estados vecinos y potencias globales divididos entre aplausos y condenas según sus intereses y valores; y factores transnacionales (crimen organizado, organismos internacionales) influyendo en los márgenes. Esta multiplicidad de actores y agendas hace especialmente difícil la gestión de la transición y aumenta la incertidumbre sobre el desenlace del caso venezolano.

Análisis de los escenarios futuros posibles para la transición política y social de Venezuela

A partir de la captura de Maduro y la situación descrita, se vislumbran varios escenarios futuros para Venezuela, cuyo desarrollo dependerá de cómo interactúen los actores mencionados y de factores contingentes. A nivel analítico, pueden plantearse al menos cuatro escenarios plausibles de transición política y social:

Escenario 1: Transición tutelada exitosa con restauración democrática.
En este escenario optimista, la intervención de EE. UU. logra su objetivo declarado de encaminar a Venezuela hacia una democracia estable. Implicaría una transición bifásica: primero una fase de administración provisional dirigida o supervisada por EE. UU., seguida de una fase de transferencia del poder a autoridades venezolanas legítimamente constituidas.
Durante la primera fase (meses iniciales de 2026), Washington mantendría un control significativo – aunque se espera que sea temporal – sobre las funciones clave del Estado (seguridad, industria petrolera, ayuda humanitaria) para estabilizar el país y crear condiciones de orden. Este control podría ejercerse mediante un gobernador civil-militar interino designado por EE. UU. o una junta internacional (quizá con participación de la OEA o la ONU como observadores), evitando así disputas inmediatas entre facciones venezolanas. La prioridad sería atender la emergencia humanitaria (proveer alimentos, medicinas, reactivar servicios básicos) y asegurar la seguridad pública, desarmando a grupos paramilitares y reestableciendo la cadena de mando militar bajo nuevos acuerdos.
Tras esta etapa, vendría la transferencia paulatina del mando a un gobierno de transición venezolano plural. Aquí entrarían figuras como González Urrutia y María Corina Machado, posiblemente encabezando un
gobierno de unidad nacional que incluya a distintos sectores (oposición tradicional, chavistas moderados no implicados en delitos graves, tecnócratas independientes, etc.).
Este gobierno provisional organizaría en el plazo de 1 a 2 años elecciones libres supervisadas internacionalmente, refundando la autoridad democrática. En este escenario, crucialmente, la sociedad venezolana comienza a reconciliarse: se lanzan procesos de justicia transicional (comisiones de la verdad, amnistías condicionadas, o enjuiciamientos selectivos de violadores de DD.HH. y corruptos) para cerrar el ciclo de violencia, a la vez que se sientan bases para la recuperación económica con apoyo internacional masivo (Plan Marshall regional, inversión privada en el petróleo con garantías legales, etc.). Este sería el mejor caso: evitar un vacío de poder caótico y lograr en pocos años la normalización institucional. Sin embargo, su viabilidad depende de un delicado equilibrio: que EE. UU. limite su tutela al tiempo necesario sin derivar en ocupación prolongada; que la oposición venezolana se mantenga unida y con credibilidad interna; y que segmentos del chavismo acepten retirarse del poder pacíficamente a cambio de garantías (por ejemplo, amnistías o exilios seguros para quienes no tengan crímenes de lesa humanidad). Si este camino prospera, hacia finales de la década Venezuela podría reincorporarse plenamente al concierto democrático latinoamericano, con reconstrucción económica en marcha y retorno paulatino de refugiados.

Escenario 2: Resistencia chavista y conflicto interno prolongado.
Un escenario pesimista contempla que la salida de Maduro no conduzca a la caída completa del chavismo, sino a una prolongada resistencia que derive en conflicto civil de baja intensidad. Es posible que sectores duros del chavismo – encabezados por militares leales o paramilitares – se nieguen a rendirse y emprendan una insurgencia armada contra lo que califican de ocupación extranjera.
Pese a la captura del líder, la estructura chavista (PSUV, milicias, colectivos) aún puede movilizar a decenas de miles de adeptos y recursos escondidos. Se repetiría, de cierto modo, el patrón histórico de regímenes autoritarios que, al perder el poder central, se transforman en movimientos subversivos. Las Fuerzas Armadas podrían fracturarse: una parte colaborando con los interventores y la nueva autoridad civil, y otra parte, sobre todo mandos medios vinculados al tráfico ilegal, pasando a la clandestinidad o aliándose con guerrillas extranjeras.
Esto podría llevar a enfrentamientos armados focalizados en zonas históricamente chavistas (por ejemplo, barrios populares de Caracas, estados llaneros o la frontera colombo-venezolana). El fiscal Saab y Diosdado Cabello, en sus mensajes, ya hablan de “pueblo en armas” y llaman a “derrotar la agresión imperial”, lo cual podría no ser mera retórica.
Si este escenario se materializa, Venezuela correría el riesgo de un conflicto irregular prolongado – una especie de guerra de guerrillas del siglo XXI – que complicaría enormemente la transición. EE. UU. y las fuerzas de paz (si las hay) se verían combatiendo focos insurgentes mientras intentan reconstruir el país, generando inevitablemente bajas civiles adicionales y resentimientos. La situación podría asemejarse a Irak tras 2003 o a escenarios como Libia 2011: derrocamiento del régimen central seguido de un vacío donde milicias compiten. En el peor de los casos, si la resistencia chavista logra apoyo encubierto de potencias como Irán o grupos aliados (por ejemplo, suministro de armas desde Nicaragua o células de Hezbolá activas en Venezuela), el conflicto podría escalar en costo y duración.
Socialmente, esto implicaría prolongar el sufrimiento de la población, impedir el retorno de muchos migrantes por falta de seguridad y retrasar años la recuperación económica. La geografía venezolana – selvas, montañas – podría brindar santuarios a insurgentes, y los enormes arsenales que el chavismo acumuló (armas rusas, drones iraníes, etc.) podrían alimentar esta guerra asimétrica. No obstante, este escenario de “Estado fallido en guerra” podría mitigarse si la respuesta internacional es contundente y coordinada: por ejemplo, con una misión robusta de la ONU o coalición regional que contenga la violencia, y con incentivos para que los remanentes chavistas depongan las armas (garantías de no persecución, integración de algunos cuadros en la nueva fuerza armada depurada, etc.).
En cualquier caso, un conflicto prolongado sería devastador para Venezuela y generaría “una nueva Siria” en el hemisferio, algo que la mayoría de los actores – incluso los contrarios a la intervención – desean evitar.

Escenario 3: Cooptación y reconversión del chavismo sin Maduro.
Existe un escenario intermedio en el que, tras el golpe inicial, sectores del chavismo se reacomodan en el nuevo panorama en lugar de resistir frontalmente. Aquí, líderes chavistas de segundo nivel o militares pragmáticos podrían optar por negociar su supervivencia e influencia en la Venezuela post-Maduro.
Esto podría tomar dos formas: (a) Integración controlada de algunos chavistas en la transición, o (b) reorganización de un chavismo opositor que compita políticamente en el futuro. En la primera variante, figuras como Delcy Rodríguez u otros tecnócratas chavistas sin sanciones internacionales podrían ser incluidas en un Consejo Consultivo o gobierno provisional ampliado, para dar una sensación de inclusividad y facilitar la gobernabilidad (similar a como sucedió en transiciones de Europa del Este tras el comunismo, donde exfuncionarios reconvertidos colaboraron con los nuevos gobiernos).
A cambio, estos actores renunciarían a sabotear el proceso y garantizarían la neutralización de sectores violentos. La segunda variante implicaría que el chavismo se reconstituya como partido político sin Maduro ni su círculo, condenando quizás los “excesos” del antiguo mandatario, pero reivindicando su ideario social, y participe en futuras elecciones democráticas.
Cabe recordar que chavismo no es un monolito: más allá del núcleo corrupto, hay una base popular y cuadros medios con arraigo social. Si se les permite competir en las urnas, quizás bajo nuevas siglas, parte de la población podría seguir votándolos (sobre todo si la transición fracasa en aliviar la crisis). Un “chavismo light” podría emerger, similar a cómo en Nicaragua el sandinismo perduró como oposición tras 1990. Este escenario de cooptación/reconversión requeriría astucia política: tanto la oposición como EE. UU. tendrían que trazar una línea entre quienes pueden ser parte del futuro y quienes deben enfrentar la justicia.
Un ejemplo histórico pertinente es “¿Y si el derrocamiento de Maduro no implica la caída del chavismo?” – reflexionado en análisis recientes. Esa posibilidad es real: la ideología y la base chavista pueden sobrevivir a Maduro. Si logran transformarse democráticamente, Venezuela podría evitar una purga total y transitar hacia un sistema pluralista donde el chavismo sea una corriente más, minoritaria o mayoritaria según la voluntad popular. Esto contribuiría a la paz social, pero conlleva el riesgo de que elementos antidemocráticos permanezcan infiltrados en las nuevas estructuras, saboteando desde adentro. Aun así, muchos expertos abogan por una salida negociada que incluya a ciertos sectores del oficialismo, pues la exclusión absoluta podría alimentar el escenario 2 (insurgencia) mientras que la inclusión prudente facilitaría el escenario 1 (transición ordenada).

Escenario 4: Intervención prolongada y tutela internacional indefinida. Un último escenario para considerar es que la transición se estanque y Venezuela quede bajo tutela externa por un periodo extendido, más allá de lo inicialmente previsto, debido a la complejidad de la reconstrucción y la falta de consensos internos.
Este escenario significaría que, en 2026–2027, Venezuela estuviera de facto administrada por EE. UU. u organismos internacionales, sin un gobierno venezolano plenamente soberano. Diversos factores podrían conducir a esto: divisiones irreconciliables entre la oposición, alta conflictividad social que obligue a mantener tropas extranjeras para garantizar la seguridad, lentitud en la reconstrucción institucional (por ejemplo, rehacer el registro electoral, convocar elecciones confiables, lleva tiempo), o incluso interés
geopolítico de EE. UU. en mantener una presencia permanente para asegurarse influencia (dado el peso estratégico de Venezuela en petróleo y ubicación).
Trump ya insinuó en su discurso: “vamos a gobernar Venezuela hasta que haya una transición segura”, sin aclarar plazos. Si esos plazos se dilatan, podría consolidarse una especie de protectorado. Se podría pensar en modelos históricos como la ocupación de Japón post-1945 (EE. UU. gobernó 7 años) o territorios bajo mandatos de la ONU. Una misión internacional más robusta podría entrar en juego, quizá transformando la presencia unilateral estadounidense en una fuerza multinacional de estabilización bajo mandato de la ONU (siempre que Rusia/China lo permitieran, lo cual es dudoso). Desde la perspectiva de la población, una tutela prolongada es ambivalente: por un lado, garantiza continuidad en ayuda y seguridad (evitando el colapso total), pero por otro lado priva a los venezolanos de su autodeterminación por más tiempo y podría generar nacionalismo reactivo.
Además, conforme pasen los meses, la narrativa chavista de “ocupación” podría ganar tracción incluso entre quienes inicialmente apoyaron la caída de Maduro, especialmente si surgen abusos por parte de tropas extranjeras o si la recuperación económica no es inmediata. Este escenario sería una “tierra de nadie” en términos de legitimidad: ni el antiguo régimen chavista gobierna, ni uno nuevo elegido; un vacío de soberanía que en el largo plazo es insostenible. La comunidad internacional tendría que fijar una hoja de ruta clara con metas y fechas (roadmap) para evitar que la transición se eternice.
De lo contrario, Venezuela correría el riesgo de convertirse en un estado tutelado semi-permanente, lo que podría despertar amplias condenas en la región y hasta insurgencias nacionalistas. En suma, este escenario es el de una “pausa prolongada” antes de la solución final, reflejando el dilema de reconstruir un Estado colapsado: la disyuntiva entre la eficacia de intervenciones largas y el principio de soberanía nacional.
Por supuesto, la realidad podría contener elementos de varios escenarios. Venezuela podría experimentar un período inicial de tutela foránea, seguido de elecciones donde compitan tanto opositores como ex-chavistas transformados (combinación de escenarios 1 y 3).
O podría haber zonas pacificadas y bajo nueva administración, mientras en otras persiste violencia esporádica (escenario híbrido 1–2, parecido a Colombia tras la desmovilización de las FARC, con disidencias activas en áreas remotas). En cualquier caso, todos los análisis coinciden en que “el día después siempre es más complejo que la batalla final”. La derrota de Maduro no garantiza por sí sola la consolidación democrática; evitar que el vacío de poder sea llenado por “nuevos señores de la guerra” o que la sociedad se fracture aún más será la prueba más difícil para Venezuela y sus aliados en los próximos meses.
Una variable transversal a todos los escenarios es la recuperación socioeconómica. Sin mejoras tangibles en la vida cotidiana (empleos, servicios públicos, inflación controlada), cualquier transición política carecerá de legitimidad popular. Por ello, un elemento crítico del futuro será implementar un plan de reconstrucción económica con apoyo internacional: levantar sanciones progresivamente, reestructurar la deuda externa, reactivar la producción petrolera con transparencia y abrir cauces para la inversión privada y la asistencia multilateral.
La reinserción de Venezuela en mercados internacionales también podría darse relativamente rápido si hay un gobierno reconocido: por ejemplo, el FMI y el Banco Mundial podrían establecer programas de ayuda, y la diáspora enviar remesas e incluso retornar con capital humano. El éxito de la transición, entonces, dependerá no solo de acuerdos políticos sino de que la ciudadanía perciba mejoras reales tras el cambio de régimen.
En resumen, los escenarios van desde una transición rápida y exitosa a una resistencia prolongada y caótica, pasando por posibles acuerdos con remanentes chavistas o incluso una tutela de larga duración. La realidad probablemente se ubicará en algún punto intermedio. Los planificadores internacionales enfatizan la necesidad de “evitar un vacío que aprovechen fuerzas desestabilizadoras o remanentes del viejo régimen”. Esto implica actuar con rapidez, pero también con prudencia estratégica: combinar firmeza (para que no resurja un régimen autoritario) con inclusividad (para no excluir a actores necesarios para la reconciliación). Venezuela, como indica el análisis de Kandiko (2026), tiene una “oportunidad histórica de reconstruirse”, pero debe hacerlo sorteando múltiples riesgos y con la ayuda coordinada de la región y el mundo.

Implicaciones regionales e internacionales del suceso

La audaz decisión de EE. UU. de capturar a Maduro en suelo venezolano genera profundas implicaciones geopolíticas a nivel regional y global. Supone no solo un cambio en la situación interna de Venezuela, sino un reordenamiento de alianzas, un precedente en el derecho internacional y repercusiones en la dinámica de poder de distintos bloques regionales y potencias extrahemisféricas.
Reordenamiento de alianzas en América Latina. La salida de Venezuela del eje bolivariano reorganiza el mapa político regional. Por un lado, los países gobernados por corrientes liberales o de derecha se ven fortalecidos en su narrativa. Gobiernos como los de Argentina, Ecuador, Uruguay y probablemente Chile (bajo Kast en 2026) se alinean más estrechamente con EE. UU. y celebran la eliminación de un foco de inestabilidad.
Esto abre la puerta a una posible cooperación hemisférica renovada en temas de seguridad y democracia, bajo liderazgo estadounidense. Algunos analistas señalan que “la operación confirma el retorno de Washington como policía en su ‘esfera de influencia’”, reminiscente del siglo XX. En efecto, la influencia de EE. UU. en la región podría consolidarse si la transición venezolana prospera y se convierte en un caso modelo de “restauración democrática” apoyada por Occidente.
Países como Colombia, que oficialmente condenaron la intervención, de todos modos, comparten el interés en una Venezuela estable (menos migración, menos grupos armados en la frontera) y podrían terminar cooperando discretamente en la nueva etapa si se garantiza la soberanía venezolana a mediano plazo.
Por otro lado, los gobiernos de izquierda radical sufren un revés estratégico. Venezuela bajo Chávez y Maduro fungía como sostén económico (petróleo subsidiado) e ideológico de una constelación de países y movimientos antihegemónicos. La “pérdida simbólica” es enorme: figuras como Daniel Ortega en Nicaragua o Miguel Díaz-Canel en Cuba pierden a su principal aliado regional, lo que debilita su posición interna y externa.
Cuba en particular ve dañado el eje La Habana–Caracas que durante 20 años le proveyó petróleo barato a cambio de asesoría de inteligencia y médicos – esa simbiosis queda ahora en entredicho. Es previsible que Cuba intensifique lazos con otros socios (China, Rusia) para compensar, pero la desaparición del sostén venezolano agrava sus problemas económicos, lo que podría forzarla a negociaciones con EE. UU. a futuro.
En América del Sur, Bolivia – el último gobierno del ALBA en Sudamérica – queda aislada ideológicamente sin Venezuela; mientras que aliados potenciales como Brasil o Argentina bajo administraciones anteriores de izquierda ya no están en esa órbita.
En suma, el sueño de la “Patria Grande” bolivariana sufre un golpe letal, y los movimientos populistas de izquierda pierden narrativa y recursos. Algunos pueden radicalizar su discurso contra EE. UU. para consumo interno, pero en los hechos tendrán menor capacidad de incidencia regional sin la chequera petrolera venezolana.

Efectos sobre el derecho internacional y normas de intervención.

La captura de Maduro plantea serios interrogantes jurídicos. En estricto derecho internacional, se trató de una violación de la soberanía de Venezuela al no mediar autorización del Estado venezolano (que, irónicamente, fue quien se intervino) ni del Consejo de Seguridad de la ONU. Muchos juristas la califican de acto ilícito internacional, equiparable a una invasión no provocada. Sin embargo, EE. UU. podría invocar doctrinas como la “responsabilidad de
proteger” (R2P) o la legítima defensa colectiva contra una amenaza no convencional (narcoterrorismo) para justificar su accionar, aunque tales argumentos son controvertidos.
Lo cierto es que la comunidad internacional está dividida: mientras unos celebran la remoción de un régimen autoritario responsable de crímenes masivos, otros temen que se siente un precedente peligroso que cualquier potencia podría esgrimir en el futuro para intervenir en otro país con el pretexto de un “mal gobierno”. El caso venezolano, por sus particularidades (colapso interno, acusaciones de narcotráfico con alcance transnacional, reconocimiento discutido del gobierno), podría considerarse sui generis. Aun así, países como España han enfatizado que no reconocerán una intervención que viole el derecho internacional y que empuje a la región a la incertidumbre bélica. Francia igualmente sostuvo que la captura de un jefe de Estado mediante fuerza militar es contraria a las normas internacionales. Estas posturas reflejan la preocupación de que se abra la “caja de Pandora” de las intervenciones unilaterales en Latinoamérica tras décadas de abstinencia.
En foros multilaterales, se espera un debate intenso sobre la legalidad de lo ocurrido. El Consejo de Seguridad de la ONU quedó paralizado por el veto, pero la Asamblea General podría discutir una resolución de condena simbólica (necesitando dos tercios de votos, algo incierto dado que muchos países africanos y asiáticos simpatizan con la defensa de la soberanía). La Organización de Estados Americanos (OEA) también enfrenta un dilema: tradicionalmente defiende la democracia (y Maduro la vulneró) pero también la no intervención externa.
Es probable que no alcance consenso para apoyar ni condenar claramente; recordemos que la OEA ya estaba dividida desde 2017 sobre cómo lidiar con Venezuela. Por su parte, instancias judiciales internacionales podrían verse involucradas: Venezuela ha denunciado ante la Corte Internacional de Justicia a EE. UU. por “agresión armada”, aunque sin el consentimiento de Washington la CIJ no tendría jurisdicción contenciosa en este caso. La Corte Penal Internacional puede investigar hechos de violencia ocurridos durante la intervención si se alega la comisión de crímenes de guerra (por ejemplo, civiles fallecidos en bombardeos sin discriminación); no obstante, políticamente es improbable que proceda contra autoridades estadounidenses.
En síntesis, el orden internacional liberal sufre una sacudida: se reaviva la tensión entre soberanía vs. injerencia. A largo plazo, esto podría llevar a llamados a reformar las normas globales para lidiar con Estados fallidos o regímenes criminales: ni la inacción (dejar a Maduro) ni la acción unilateral (estilo Trump) satisfacen plenamente a la comunidad internacional, así que podría impulsarse fortalecer mecanismos
colectivos de prevención y respuesta (por ejemplo, mejorar los procedimientos de la Carta Democrática Interamericana o crear coaliciones regionales de paz bajo amparo legal).

Respuesta de bloques regionales y organismos internacionales.

A nivel de bloques, Mercosur (Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay) se encuentra dividido: Argentina apoya la intervención, Brasil y Uruguay la critican, Paraguay probablemente la apoya dado su historial anti-Maduro. Esto dificulta una posición conjunta; Mercosur quizás emita solo una declaración mínima llamando a retorno a la democracia con respeto a la legalidad.
La Alianza del Pacífico (México, Colombia, Chile, Perú) también sufre divergencias: México y Colombia condenan el uso de la fuerza, Chile y Perú podrían ser más neutrales o hasta apoyar discretamente (Perú sufrió mucho con la migración venezolana). Es probable que estos bloques queden paralizados en pronunciamientos formales, cediendo la iniciativa a canales diplomáticos bilaterales. CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y caribeños), al incluir a todos sin EE. UU., podría volverse un foro de catarsis antiintervención para los países del ALBA y otros, pero sus resoluciones carecen de poder vinculante. ALBA-TCP (la alianza bolivariana) prácticamente colapsaría sin Venezuela, aunque sus miembros restantes intentarán mantener vivo el discurso.
Un actor regional clave es Colombia, que comparte 2200 km de frontera con Venezuela. Petro ya reforzó la presencia militar en la frontera y preparó planes de contingencia ante un posible flujo masivo de refugiados o desbordamiento del conflicto. La coordinación entre EE. UU. y Colombia será vital para asegurar que la frontera no se convierta en santuario de insurgentes chavistas o en ruta de escape para dirigentes buscados. Petro, a pesar de su postura pública crítica, difícilmente romperá relaciones con un eventual nuevo gobierno venezolano; más bien buscará mantenerse relevante ofreciendo mediación.
En el ámbito global, la Unión Europea en conjunto podría adoptar una posición intermedia: lamentar la violación de la soberanía, pero comprometerse a ayudar en la reconstrucción democrática. De hecho, la UE había impuesto sanciones a Maduro y desconocido su reelección de 2018, por lo que en el fondo desea un cambio de régimen, aunque no apruebe el método. Es notable que líderes europeos como Emmanuel Macron celebraron la “liberación de Venezuela” según reportes de prensa, lo que sugiere que prevalecerá un pragmatismo: condenar el aspecto ilegal de la intervención, pero de facto reconocer y respaldar al nuevo orden que surja en Venezuela, sobre todo si se encamina a elecciones libres.
La Unión Africana – influenciada por Sudáfrica y otros – formalmente repudió el ataque extranjero, reflejando la importancia del principio de no intervención para los países del Sur global. Rusia y China, ya
mencionados, podrían intentar aprovechar foros como los BRICS o la Organización de Cooperación de Shanghái para emitir solidaridad con los “países del ALBA” y criticar el unilateralismo de EE. UU., fortaleciendo sus lazos con Cuba y Nicaragua como trincheras que les quedan en el hemisferio. En particular, Cuba podría convertirse en el siguiente foco de la confrontación hemisférica: Trump insinuó que Cuba “podría ser el próximo tema a discutir” en su política regional[96], lo que encendió alarmas en La Habana. La perspectiva de que EE. UU. extienda la doctrina de acción directa a otros casos (Cuba, Nicaragua, u otros regímenes autoritarios) inquieta no solo a esos países, sino a potencias como Rusia, que considera a Cuba parte de su zona de influencia estratégica desde la Guerra Fría.

Reconfiguración geoestratégica y balance de poder global.

Venezuela, con las mayores reservas de petróleo del mundo, tiene un valor geoestratégico enorme. Su toma de control por EE. UU. remodela el balance energético: es previsible que en el corto plazo Washington busque aumentar la producción petrolera venezolana (actualmente reducida a mínimos) e integrarla en los mercados occidentales, reduciendo la dependencia de fuentes de Oriente Medio y debilitando la capacidad de influencia de actores como Rusia en el mercado energético.
Esto podría llevar a una baja de precios del crudo a mediano plazo si Venezuela logra bombear significativamente, beneficiando a importadores, pero afectando a la OPEP, donde curiosamente Venezuela era un miembro fundador. La OPEP misma tendrá que adaptarse: un gobierno venezolano pro-EE. UU. podría coordinar más con las políticas de Washington que con las cuotas de la OPEP+ dominada por Arabia Saudita y Rusia. A nivel continental, la presencia más activa de EE. UU. en Venezuela envía un mensaje disuasivo a otros adversarios: América Latina vuelve a ser una “línea roja” para Washington. Esto puede frenar, por ejemplo, la penetración militar rusa (que había coqueteado con bases en Venezuela) o los proyectos chinos como Huawei en telecomunicaciones regionales, ante el temor de provocar reacciones similares.
Sin embargo, también puede provocar efecto boomerang: potencias emergentes podrían estrechar filas para oponerse a lo que describen como neocolonialismo. Por ejemplo, en el Consejo de Seguridad de la ONU, China y Rusia podrían vetar propuestas futuras de EE. UU. para misiones de paz en Latinoamérica, o ampliar su apoyo a gobiernos que se sientan amenazados (proveer armamento avanzado a Cuba/Nicaragua, o intensificar influencia económica en Sudamérica para ganar aliados).
A su vez, la OTAN ha respaldado políticamente a EE. UU. en su acción (no como alianza militar, pero sí sus miembros clave), lo que muestra una inusual extrapolación del escenario de seguridad euroatlántico al
hemisferio sur. Esto podría traer a América Latina de nuevo a la arena de competencia de grandes potencias, en un momento en que el mundo se encamina a una lógica de nueva Guerra Fría entre EE. UU./Europa vs. China/Rusia. Venezuela se convierte así en un punto de anclaje de EE. UU. en Sudamérica, algo que no ocurría desde la retirada de la base de Panamá en 1999. Países vecinos, como Brasil, verán este hecho con recelo: Lula ya habló de “línea inaceptable” cruzada; Brasil históricamente defiende la no intervención y querrá afirmar su liderazgo regional autónomo.
En términos de seguridad hemisférica, la operación en Venezuela también reaviva el debate sobre el alcance del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) y otros mecanismos. Venezuela había sido retirada del TIAR por Maduro, pero el gobierno interino opositor había intentado reactivar su participación. EE. UU. podría argumentar retrospectivamente la legalidad de la acción amparada en una coalición hemisférica contra una amenaza (narcotráfico/terrorismo) si logra el reconocimiento regional del nuevo gobierno. De lograrlo, eso fortalecería la institucionalidad hemisférica a su favor. Si no, se arriesga a debilitarla (por la vía de los hechos, Washington actuó sin esperar a la OEA ni TIAR).
Finalmente, en el terreno de la opinión pública global, el caso venezolano polariza percepciones: para muchos pueblos de la región (incluso en Chile, Perú, Argentina) la imagen de un dictador siendo esposado y llevado a juicio es un triunfo de la justicia (se ha llegado a comparar con la detención de Noriega en 1989 o incluso con Núremberg, salvando las distancias). Pero para otras sociedades, sobre todo con memoria del intervencionismo, esto despierta antiguos resentimientos hacia EE. UU. y temor a su poder militar. De hecho, en foros intelectuales se habla del “regreso de la Doctrina Monroe 2.0” y se debate si Latinoamérica asistirá a un nuevo ciclo de tutelaje estadounidense o si por el contrario esto acelerará la integración autónoma para contrapesar a EE. UU. El tiempo dirá cómo se asientan estas tendencias, pero sin duda el tablero regional cambió para siempre con el fin del régimen de Maduro: se eliminó un foco disruptivo, pero a costa de reintroducir la intervención armada como herramienta de política regional, algo que no se veía en décadas.

Conclusiones

La detención de Nicolás Maduro a manos de Estados Unidos inaugura una nueva era de incertidumbre estratégica en América Latina. Como se ha analizado, sus implicaciones son multifacéticas. Políticamente, marca el colapso de más de veinte años de proyecto bolivariano en Venezuela, ofreciendo una oportunidad histórica para la restauración democrática pero también planteando el desafío de evitar un vacío de poder que desemboque en caos o autoritarismos renovados.
Socialmente, abre la esperanza de alivio para un pueblo agobiado por la crisis humanitaria, a la vez que exige procesos de reconciliación nacional y reconstrucción del tejido socioeconómico tras años de polarización y éxodo masivo. Geoestratégicamente, el hecho reconfigura alineamientos: reposiciona a EE. UU. como actor decisivo en el hemisferio, obliga a potencias como China y Rusia a recalcular su estrategia en la región, y envía un mensaje ambiguo a Latinoamérica – entre la satisfacción por el fin de una dictadura y la preocupación por el precedente intervencionista.
Este caso evidencia que en el sistema internacional actual subsiste la tensión entre principios de soberanía y derechos humanos, entre la no intervención y la responsabilidad de proteger. Venezuela se convirtió en el escenario donde esa tensión se resolvió de facto por la fuerza.
A corto plazo, puede que ello traiga beneficios (fin de un régimen represivo, posible estabilización regional si la transición prospera). Pero también conlleva riesgos de legitimidad y legalidad que la región deberá afrontar: ¿cómo garantizar que un cambio necesario no siente bases de futuros abusos? ¿Cómo asegurar que la “fuerza bruta” empleada en Venezuela, como editorializó un medio, no socave el consenso internacional sino que sea encauzada hacia un resultado justo?
En términos de Relaciones Internacionales, la situación de Venezuela post-Maduro será un campo de estudio obligado. Temas como la influencia de actores externos en transiciones domésticas, el rol de las organizaciones regionales en resolver crisis, o la interacción entre colapso estatal y seguridad hemisférica, se ilustran vívidamente en este caso. La necesidad de balancear realpolitik (el interés de potencias por recursos y seguridad) con idealismo (la defensa de la democracia y los DD.HH.) quedará a prueba en los meses venideros.
Para América Latina en su conjunto, el suceso puede interpretarse como una alerta y una oportunidad. Alerta de que, en ausencia de mecanismos regionales eficaces para lidiar con dictaduras y emergencias humanitarias, actores de fuera llenarán el vacío a su manera. Y oportunidad para reflexionar sobre la integración regional: fortalecer la capacidad de resolución de crisis latinoamericanas por medios pacíficos, reafirmando principios democráticos sin esperar imposiciones externas.
Países como Argentina, por ejemplo, bajo el gobierno de Javier Milei, ya vislumbran la chance de reposicionarse como actores claves en un nuevo orden regional alineado con las democracias liberales. La recomendación de expertos para Argentina – aplicable a otros – es de “apoyo político claro, pero no intervencionista”: respaldar la transición venezolana en lo diplomático y humanitario, evitando
involucramiento militar directo. Esa parece ser una brújula sensata para la región: acompañar la reconstrucción de Venezuela con solidaridad, pero también con prudencia estratégica.
En última instancia, la captura de Maduro no cierra una etapa, sino que abre un capítulo lleno de interrogantes. ¿Renacerá la democracia plena en Venezuela o veremos una nueva forma de tutela? ¿Se pacificará el país o se sumirá en nuevas violencias? ¿Reafirmará América Latina su vocación pacífica o revivirá bloques antagónicos? Las respuestas dependerán de las decisiones de los próximos días y de la sabiduría con que los actores – internos y externos – lean el tablero. Como advirtió el análisis citado, “en geopolítica, como en toda partida compleja, no gana quien mueve primero, sino quien entiende mejor el final del juego”.
En consecuencia, será vital que todos los involucrados actúen con visión de largo plazo, colocando los intereses del pueblo venezolano por encima de agendas particulares. Solo así la crisis actual podrá convertirse en un punto de inflexión positivo que siente las bases de una Venezuela próspera y en paz, y de una América Latina más unida en valores y desarrollo. La historia inmediata de la región está en juego en Venezuela, y el desenlace será recordado por generaciones.

Referencias (formato APA 7):
•
Kandiko, L. (2026, 3 de enero). Venezuela después de Maduro: el día que el tablero geopolítico regional cambió para siempre. LinkedIn Pulse[104][3].
•
Reuters. (2025, 29 de septiembre). Venezuela’s Maduro readies security powers in case of feared US attack[11][12]. Reuters News.
•
Reuters. (2026, 3 de enero). Venezuela defense minister says will resist presence of foreign troops[36]. Reuters News.
•
Reuters. (2026, 3 de enero). Vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, dice que Maduro es el único presidente del país[105][106]. Reuters/Yahoo Noticias.
•
LatinUS / EFE. (2026, 3 de enero). “Que nadie caiga en el desespero”: reaparece Diosdado Cabello en público y pide calma a los venezolanos[33][34]. LatinUS.
•
El Tiempo. (2026, 3 de enero). Tarek William Saab responsabiliza a EE.UU. de lo que pueda pasar con Maduro[41][43]. El Tiempo (Colombia).
•
Reuters. (2026, 3 de enero). Condemnation and applause in Latin America after US seizes Venezuela’s Maduro[66][64]. Reuters News.
•
Reuters. (2026, 3 de enero). Spain will not recognize US intervention in Venezuela, PM says[70]. Reuters News.
•
CBS News. (2026, 3 de enero). Venezuelan officials condemn Maduro’s capture, calling it a “kidnapping”[25][107]. CBS News.
•
El País. (2026, 4 de enero). Última hora del ataque de EEUU a Venezuela, en directo[51][108]. El País.