EL CV DEL SISTEMA DE INTELIGENCIA NACIONAL
Por: Juan Carlos Espíndola – Director del Instituto de Inteligencia de #El Analista.
La Real Academia Española define el término “curriculum vitae” (CV) como “carrera de la vida”1, es decir que leyendo el CV de una persona podemos ver a grandes rasgos como se desarrolló su vida, por lo menos en la faz educativa, laboral y/o profesional. Seguramente mas de un lector ha tenido que presentar o leer uno.
Por eso, en esta 18° edición de la Columna, contando las que el suscripto ha redactado, y considerando la importancia de ese número en la cultura y legislación nacional, el cual nos indica la finalización de la etapa de “menor”2, creo que es menester hacer un breve repaso histórico de la Inteligencia en nuestro país.
Asimismo, cada uno puede permitirse realizar un “revisionismo histórico”3 para “revisar” y “reinterpretar” el pasado, y tal vez con ello, comprender en qué punto/s el Sistema de Inteligencia Nacional adquirió la connotación negativa que lo caracteriza en la actualidad.
Cabe aclarar que este es un panorama general que permite posteriormente, a quien lo desee, tener puntos de referencia para profundizar en el tema.
De la “información policial” a la Inteligencia de Estado (1906–1945)
La génesis de la inteligencia en la Argentina suele ubicarse entre 1906 y 1910, en un contexto de modernización del Estado, conflictividad laboral urbana, presencia de movimientos anarquistas y socialistas, y tensiones limítrofes en la Patagonia y el Norte. En ese marco, la entonces Policía de la Capital —antecesora de la Policía Federal Argentina— fortaleció sus “Secciones de Informaciones”, orientadas a la vigilancia del movimiento obrero, el seguimiento de prensa y panfletos, y la construcción de redes de informantes en puertos, cafés, imprentas y sindicatos. El fichaje dactiloscópico, basado en el sistema Vucetich, permitió articular por primera vez un registro relativamente sistemático de militantes y reincidentes.
En paralelo, la inteligencia militar comenzó a organizarse en secciones de Estado Mayor del Ejército y la Armada, dedicadas al reconocimiento de fronteras, la elaboración de cartografía y el estudio de doctrinas extranjeras a través de agregados militares en Europa. La obtención de información se apoyaba casi exclusivamente en fuentes humanas (HUMINT) y en análisis documental, con un incipiente control de comunicaciones telegráficas.
Este período está atravesado por una legislación de orden público que condicionó fuertemente el uso de la información: la Ley de Residencia Nº 4144 (1902)4, que habilitaba la expulsión de extranjeros considerados “indeseables”, y la Ley de Defensa Social Nº 7029 (1910)5, que endureció las herramientas de control en el contexto de los festejos del Centenario. La inteligencia opera aquí como “vigilancia político–social”, más cerca de la policía política que de un sistema integrado de inteligencia nacional.
Centralización y SIDE: de la posguerra a la Doctrina de Seguridad Nacional (1946–1976)
La Segunda Guerra Mundial y el comienzo de la Guerra Fría consolidaron la idea de que la Argentina necesitaba un órgano central de inteligencia estratégica. En 1946, mediante el Decreto 337/466, se creó la Coordinación de Informaciones de la Presidencia de la Nación (CIP). Por primera vez se intentó coordinar, desde un mismo organismo, la producción de inteligencia política, económica y militar para la toma de decisiones al más alto nivel.
Posteriormente, en 1949 pasó a denominarse Coordinación de Informaciones del Estado (CIDE)7, una agencia nacional de inteligencia administrada por personal civil cuya misión era producir información estratégica de primer nivel para ser puesta a disposición de las máximas esferas del gobierno nacional. Antes de la creación de la CIDE, las tareas de inteligencia eran llevadas adelante exclusivamente por personal militar, que se desempeñaba en el Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE) o en el Servicio de Inteligencia Naval (SIN).
Durante las décadas de 1950 y 1960, especialmente después del golpe de 1955, la CIDE fue reorganizada y coexistió con servicios de inteligencia robustecidos en las Fuerzas Armadas: el Servicio de Informaciones del Ejército (SIE), estructuras equivalentes en la Armada y la Fuerza Aérea, y secciones de informaciones en fuerzas de seguridad federales y policías provinciales. La competencia y superposición entre estos organismos alimentó una cultura de archivo político–social, listas negras y monitoreo permanente de partidos, sindicatos, organizaciones estudiantiles y actores considerados “subversivos” o “disolventes”8.
En 1973 se creó la Central Nacional de Inteligencia (CNI) mediante la Ley 20.1949, concebida como órgano de orientación, coordinación y difusión de inteligencia dependiente de la Presidencia. Una ley secreta asociada (Ley “S” 20.19510) estableció las funciones de las Secretaria de Informaciones del Estado (SIDE), un “organismo técnico, especializado en Inteligencia” que elaboró una Doctrina de Inteligencia que, en 1976, formalizaría la concepción del “enemigo interno” y la articulación entre inteligencia, fuerzas armadas y de seguridad en clave de guerra interna.
La Inteligencia durante la Dictadura y el Terrorismo de Estado (1976–1983)
El golpe de Estado de 1976 llevó al extremo una tendencia que venía gestándose: la subordinación casi total de la Inteligencia al paradigma de la “seguridad nacional”11 y la identificación del adversario como enemigo interno. Los servicios de inteligencia militares, la SIDE, las policías provinciales y fuerzas de seguridad federales articularon redes de obtención de información, infiltración y análisis destinadas a la represión ilegal.
La existencia de un sistema clandestino y sistemático de secuestro, tortura y desaparición forzada, que se apoyó en legajos, archivos, listados y estructuras de inteligencia formal e informal, fue documentada de manera exhaustiva por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) en su Informe Final, conocido como “Nunca Más”12. Allí se señala expresamente que no se trató de “excesos individuales”, sino de un plan organizado desde el Estado, con coordinación entre fuerzas y organismos de inteligencia.
En este período, la inteligencia deja de ser un instrumento del Estado de derecho para convertirse en un engranaje central del terrorismo de Estado y de la coordinación represiva regional conocida como Plan Cóndor. Las fronteras entre información, persecución política y eliminación física se esfuman.
CONADEP y “Nunca Más”: ruptura doctrinaria
La creación de la CONADEP en 1983 y la publicación del Informe “Nunca Más” marcaron un punto de inflexión para cualquier discusión posterior sobre inteligencia en la Argentina. Más allá de su naturaleza jurídica (no es una ley ni una doctrina oficial de inteligencia), el Informe fija principios que luego se verán reflejados en la normativa que regula el Sistema de Inteligencia Nacional.
Entre esos principios pueden destacarse al menos SEIS (06) ejes doctrinarios:
1. Legalidad y subordinación civil: la CONADEP documenta que existió un aparato clandestino de represión montado desde el Estado, lo que implica que cualquier actividad de inteligencia legítima debe estar sujeta a la Constitución, a la ley y al control civil democrático.
2. Prohibición de espionaje político interno: el Informe describe el uso de listados, legajos y seguimientos por motivos ideológicos, contra organizaciones políticas, sindicales y sociales. De allí se desprende la proscripción de la inteligencia interior con fines de persecución política.
3. Control judicial de medidas intrusivas: la sistematicidad de allanamientos, detenciones y violaciones de comunicaciones sin orden judicial muestra la necesidad de que cualquier interceptación, allanamiento o medida intrusiva esté sujeta a autorización judicial previa, motivada y limitada.
4. Preservación y desclasificación de archivos: el valor probatorio de la documentación recopilada por la CONADEP (legajos, listas, registros de centros clandestinos y organismos estatales), refuerza la idea de que los archivos de inteligencia deben preservarse, clasificarse legalmente y ser desclasificables ante requerimientos judiciales en causas de derechos humanos.
5. Responsabilidad institucional y controles estructurales: el Informe enfatiza la existencia de cadenas de mando y coordinación interagencial. Esto se traduce en la necesidad de mecanismos de control parlamentario, auditorías internas, límites competenciales claros y trazabilidad de órdenes y operaciones.
6. Garantías de no repetición y reforma institucional: el “Nunca Más” reclama reformas que garanticen la no repetición: educación en derechos humanos, transparencia y protocolos compatibles con los estándares internacionales.
Estos ejes se proyectarán, años más tarde, en la Ley 25.520 de Inteligencia Nacional13 (2001), en su reglamentación (Decreto 950/200214) y en la reforma que transforma la SIDE en Agencia Federal de Inteligencia (AFI) en 2015 (Ley 27.126).
Del caos normativo al Sistema de Inteligencia Nacional (2001–2015)
Durante la década de 1990 se sucedieron intentos parciales de ordenar el sector de inteligencia, pero recién en 2001 se sanciona la Ley 25.520 de Inteligencia Nacional, verdadero pivote normativo del sistema democrático.
La norma (cuyo texto actualizado puede consultarse en Infoleg: https://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/70000-74999/70496/texact.htm) establece las bases jurídicas, orgánicas y funcionales del Sistema de Inteligencia Nacional (SIN).
Entre sus aportes centrales se encuentran definiciones, limites, estructura del SIN, control parlamentario y otras cuestiones. Todo esto lo pueden rever en los artículos de esta columna “SECRETARÍA DE INTELIGENCIA DE ESTADO (SIDE) 2024-UN NUEVO CAPITULO EN EL SISTEMA DE INTELIGENCIA NACIONAL”15 y “CONCEPTUALIZANDO LA LEY DE INTELIGENCIA”16
En paralelo, se fueron institucionalizando áreas de inteligencia criminal en fuerzas de seguridad federales y policías provinciales, así como sistemas de información criminal (como el Sistema Nacional de Información Criminal, SNIC) y subsistemas como el Subsistema de Inteligencia Criminal (SICRI)17, con desarrollos desiguales según la jurisdicción.
De la SIDE a la SIDE, previo paso por la AFI, y los desafíos del siglo XXI
Los atentados contra la Embajada de Israel (1992) y la AMIA (1994) expusieron dramáticamente las falencias de coordinación entre inteligencia, fuerzas de seguridad y justicia, así como problemas de preservación de la escena, cadena de custodia y manejo de información sensible. Estos hechos alimentaron, con los años, el consenso en torno a la necesidad de una reforma profunda del sistema.
En 2015, la Ley 27.12618 transformó la SIDE en Agencia Federal de Inteligencia (AFI), redefinió funciones y dispuso el traspaso de las escuchas judiciales al Poder Judicial de la Nación (DAJuDeCO). La reforma buscó reforzar la separación entre inteligencia y sistema de justicia, limitar la injerencia de la AFI en causas judiciales y actualizar la definición de Inteligencia Nacional, lo cual se plasmó en una Nueva Doctrina de Inteligencia, establecida mediante Decreto 1311/201519, hoy derogada por el Decreto 22/2023.
En la década de 2010 y primeros años de la de 2020 se registraron intervenciones, reestructuraciones internas y procesos de desclasificación de documentación en causas de alto interés público, en línea con las demandas de verdad y justicia propias del paradigma de derechos humanos. Sin embargo, persisten debates abiertos sobre el alcance real del control parlamentario, la transparencia presupuestaria, el uso político de la inteligencia y la profesionalización del personal.
Al mismo tiempo, se desarrollan capacidades crecientes en campos como la inteligencia de señales (SIGINT), la ciberdefensa20 y la ciberseguridad, coordinadas con el Sistema de Ciberdefensa y equipos de respuesta a incidentes (CSIRT) gubernamentales21. Estas tecnologías reeditan, en clave digital, la tensión clásica entre seguridad y libertad que ya se observa en debates contemporáneos sobre vigilancia digital y datos personales.
Finalmente, mediante Decreto 614/2024, disolvió la AFI y se recreó una nueva Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), un tema ya abordado en esta columna.
Inteligencia como proceso, producto y organización: leer la historia argentina
La experiencia argentina permite aplicar, con claridad, la tríada conceptual clásica de la teoría de inteligencia: inteligencia como proceso, como producto y como organización. Sherman Kent, en Strategic Intelligence for American World Policy22 (1949), definió la inteligencia principalmente como conocimiento para la decisión (producto) y como actividad profesional con métodos y estándares (proceso), distinguiendo también la dimensión organizacional.
Si observamos el período 1906–1945, vemos una inteligencia entendida casi exclusivamente como “proceso de vigilancia” (observación encubierta, seguimiento, fichaje) al servicio del orden público, con productos rudimentarios y una organización dispersa. Entre 1946 y 1976, la consolidación de la SIDE y los servicios de inteligencia militares da lugar a una “organización” más robusta, con productos de análisis político–estratégico, pero crecientemente orientada por la lógica del enemigo interno. Durante la dictadura, ese proceso y esa organización se ponen al servicio de un proyecto criminal de Estado, produciendo “inteligencia” para la represión ilegal.
La transición democrática, el Informe “Nunca Más” y la Ley 25.520, y sus muchas modificaciones, intentan reconducir la tríada: el proceso debe respetar la legalidad y los derechos; el producto debe servir a decisiones legítimas de política pública y defensa; la organización debe estar sometida a controles civiles y parlamentarios. La última transformación de la SIDE y las reformas recientes retoman estos principios, aunque su implementación práctica sigue siendo objeto de disputa política y académica.
CONCLUSIÓN: Desmitificar la inteligencia en clave democrática
Hablar de historia de la inteligencia en la Argentina es hablar de las luces y sombras del Estado mismo. La misma herramienta (la capacidad de reunir, analizar y usar información de manera sistemática) puede servir tanto para proteger a la población frente a amenazas reales como para perseguirla por sus ideas. Por eso, el punto de inflexión no es solo institucional o técnico, sino ético y normativo: el “Nunca Más”, las ideas y lineamientos establecidos como límite.
Desmitificar la inteligencia implica, en este contexto, correrla del lugar de “caja negra” omnipotente o de “policía del pensamiento”, y ubicarla como una “función estatal especializada”, necesaria en cualquier Estado moderno, pero que debe operar dentro de un marco claro de leyes, controles y responsabilidad política.
La historia argentina muestra lo que ocurre cuando la inteligencia se emancipa de esos límites y se confunde con represión ilegal; también muestra que es posible reconstruir un sistema con bases democráticas, aunque imperfecto y siempre inacabado.
La discusión que se abre hacia adelante (en tiempos de vigilancia digital, big data e inteligencia artificial) es cómo actualizar esos principios fundantes para un entorno tecnológico que multiplica tanto las capacidades del Estado como los riesgos para los derechos.
REFERENCIAS:
1.R.A.E: Curriculum Vitae
https://dle.rae.es/curriculum%20vitae#Bk6QU1
2.Cod. Civil y Comercial de la Nación-Art. 25
https://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/235000-239999/235975/texact.htm#
3.Revisionismo Historico
https://www.elsaltodiario.com/diccionario-posverdad/revisionismo-historico
4.Ley de Residencia Nº 4144
https://www.cels.org.ar/common/documentos/inmigrantes_peruanos_bolivianos.pdf
5.Ley de Defensa Social Nº 7029
https://www.cels.org.ar/common/documentos/inmigrantes_peruanos_bolivianos.pdf
6.Coordinación de Informaciones de la Presidencia de la Nación (CIP).
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/r-eni1-editorialag.pdf
7.Coordinación de Informaciones del Estado (CIDE)
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/r-eni1-editorialag.pdf
8.Qué fue el Plan CONINTES, que anticipó el terrorismo de Estado de los ’70.
9.Central Nacional de Inteligencia. Funciones
https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-20194-181249/text
10.Ley “S” 20.195
https://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/115000-119999/119720/norma.htm
11.Paradigma de la “Seguridad Nacional”
https://www.pensamientopenal.com.ar/system/files/2015/01/doctrina40562.pdf
12.Informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) “Nunca Más”.https://www.comisionporlamemoria.org/por-que-mienten-los-negacionistas/informe-nunca-mas-1984/
13.Ley 25.520 de Inteligencia Nacional (2001)
https://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/70000-74999/70496/norma.ht
14.Decreto Reglamentario de Ley 25.520 de Inteligencia Nacional, Decreto 950/2002
https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/decreto-950-2002-74896/texto
15.SECRETARÍA DE INTELIGENCIA DE ESTADO (SIDE) 2024-UN NUEVO CAPITULO EN EL SISTEMA DE INTELIGENCIA NACIONAL.https://elanalista.com.ar/secretaria-de-inteligencia-de-estado-side-2024%ef%bf%bc/
16.CONCEPTUALIZANDO LA LEY DE INTELIGENCIAhttps://elanalista.com.ar/conceptualizando-la-ley-de-inteligencia/
17.EL “HERMANO MENOR” DEL SISTEMA DE INTELIGENCIA NACIONALhttps://elanalista.com.ar/el-hermano-menor-del-sistema-de-inteligencia-nacional/
18.Ley 27.126 AGENCIA FEDERAL DE INTELIGENCIA
https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-27126-243821/texto
19.Decreto 1311/2015 Nueva Doctrina de Inteligencia.
https://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/245000-249999/248914/norma.htm
20.Argentina ya tiene listo su Centro Nacional de Ciberdefensa.
21.Misiones y funciones del CERT.ar
22.Kent, Sherman. *Strategic Intelligence for American World Policy*. Princeton University Press, 1949.
Aviso Legal: El contenido del presente articulo no fue redactado por #ElAnalista, siendo el mismo de exclusiva autoría y propiedad intelectual de su creador. El artículo podría no reflejar las opiniones de #ElAnalista como organismo.