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Registros sin orden: lectores de patentes, Flock y el límite de la vigilancia estatal

Charles Brownlee fue condenado a 60 años de prisión en una investigación que usó registros de una extensa red de cámaras lectoras de patentes, consultados por la policía sin orden judicial. Ahora, la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito de Estados Unidos debe decidir si reconstruir los movimientos de un auto con esa red es una intromisión a la privacidad. En Argentina, donde estos sistemas se expanden, la pregunta es qué reglas deberían existir antes de que los jueces tengan que improvisarlas caso por caso.

¿Cuántas cámaras hacen falta para que haya vigilancia?

En mayo de 2024, la policía de Dallas-Fort Worth, en Texas, investigaba una serie de cinco robos a comercios de préstamos y servicios financieros. Para ubicar los vehículos involucrados y reconstruir sus recorridos, usó registros de cámaras lectoras automáticas de patentes (conocidas como LPR, por sus siglas en inglés) de la empresa Flock Safety. Lo hizo sin pedirle autorización a un juez.

Charles Brownlee, el sospechoso, pidió antes del juicio que esos registros no se admitieran como prueba, porque la policía había reconstruido sus movimientos sin orden judicial. El juez federal Terry Means rechazó el pedido (Runnels, 2026). El 26 de marzo de 2025 un jurado lo declaró culpable de los cinco robos y de portación de armas de fuego, y en julio de 2025 fue condenado a 720 meses de prisión, es decir, 60 años (U.S. Attorney’s Office, Northern District of Texas, 2025a). La defensa apeló ante el Quinto Circuito.

El planteo se apoya en la Cuarta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que protege contra registros arbitrarios. Como regla general, el Estado no puede meterse en un ámbito donde las personas tienen una “expectativa razonable de privacidad” sin una orden de un juez basada en causa probable. La discusión, entonces, es si seguir el rastro de un auto a través de una red de cámaras es una “búsqueda” de ese tipo.

El abogado de Brownlee, Matthew Wright, distingue entre una cámara que registra el paso de un auto en un punto y una base que permite cruzar registros de muchas cámaras y reconstruir recorridos con una facilidad y una rapidez que antes no existían. Michael Weisbuch, alto asesor del Departamento de Justicia de EE. UU. responde que se trata de fotografías episódicas, tomadas cuando un vehículo pasa frente a una cámara, y no de un seguimiento continuo. Agrega que Brownlee viajaba como pasajero en el auto de su hermana, sin ser dueño ni conductor, de modo que ni siquiera tendría derecho a cuestionar esa búsqueda.

En la audiencia, la jueza Jennifer Walker Elrod formuló la pregunta que resume el problema: ¿cuántas cámaras hacen falta para que observaciones aisladas se conviertan, por acumulación, en una forma de vigilancia? La audiencia se realizó el 5 de octubre de 2026. Al cierre de esta publicación, el tribunal no había resuelto (United States Court of Appeals for the Fifth Circuit, 2026).

El antecedente: de los GPS a los celulares

La pregunta de Elrod no parte de cero. En United States v. Jones (2012), la Corte Suprema de Estados Unidos analizó un GPS colocado en un auto durante 28 días, y varios jueces advirtieron en sus votos que el seguimiento prolongado de una persona revela mucho más que cada movimiento por separado. Seis años después, en Carpenter v. United States (2018), la Corte sostuvo que obtener de la compañía telefónica el historial de ubicación de un celular durante siete días o más es una búsqueda que requiere orden judicial, aunque esos datos estuvieran en manos de una empresa y cada punto del recorrido hubiera sido, en principio, visible para cualquiera. La idea de fondo se conoce como “teoría del mosaico”: la suma de datos que por separado parecen inofensivos puede revelar lo que ninguno revela por sí solo.

Pero Carpenter también aclaró que su decisión era acotada y que no ponía en duda técnicas de vigilancia convencionales, como las cámaras de seguridad. Brownlee ocupa justamente esa zona gris: ¿una red de lectores de patentes se parece más a una cámara de seguridad o al historial de ubicación de un celular?

Qué es Flock y cómo funciona

Flock se presenta como una plataforma de seguridad pública para fuerzas policiales, escuelas, empresas y barrios. Es conocida por sus cámaras lectoras de patentes, pero ofrece también cámaras de video, detección de sonidos, drones y programas para analizar datos (Flock Safety, s. f.).

Las cámaras LPR se instalan en calles, accesos, estacionamientos y entradas de barrios. Cuando detectan movimiento, sacan una foto y, con inteligencia artificial, extraen la patente, la marca, el modelo y el color del vehículo, junto con el lugar y la hora. No hace falta nadie mirando una pantalla: los usuarios autorizados pueden buscar coincidencias, recibir alertas cuando pasa un auto de una lista de interés o consultar registros anteriores. La empresa aclara que sus cámaras no usan reconocimiento facial, no identifican a los ocupantes y no siguen de manera continua a nadie: registran “avistamientos” en lugares y momentos concretos. También reconoce que los resultados llevan indicadores de confianza y requieren corroboración; por lo que una coincidencia no es una identificación segura.

Lo decisivo es la red. Las agencias participantes pueden compartir datos, y lo captado en un lugar puede servir a una investigación en otro. Una cámara ve pasar un auto, otra lo ve más adelante, una tercera en otro punto; y de esta manera la plataforma permite relacionar esos registros y reconstruir un recorrido.

Frente a las críticas, Flock informa que redujo de 30 a 7 días el período de conservación recomendado para los datos LPR (con excepciones por normativa o investigaciones autorizadas), amplió el control de los clientes sobre lo que se comparte, reforzó las auditorías y exige autenticación en dos pasos. También afirma no tener contratos con ICE, el servicio de inmigración y control de aduanas de Estados Unidos. Son declaraciones de la propia empresa y no reemplazan una verificación independiente.

Ciudades que cancelan, jueces que deciden

Brownlee no es un caso aislado. En agosto de 2026, The Guardian informó que, según DeFlock, un proyecto que se opone a estas cámaras y las mapea, al menos 56 municipios estadounidenses desactivaron, cancelaron o rechazaron contratos con Flock ese año. La cifra reúne decisiones muy distintas, y no todas significan que las cámaras se apagaron (Mansoor, 2026). En Florida, el Departamento de Transporte revocó los permisos para instalarlas en rutas estatales (Florida Department of Transportation, 2026), pero eso no prohibió el sistema en general. En Dallas se anunció el apagado de 321 cámaras y se cortó el acceso federal, pero el 30 de septiembre se acordó mantenerlas encendidas al menos 90 días más (Ablon, 2026). Y varias localidades reemplazaron a Flock por otra empresa, Axon: cambia el proveedor y las reglas, pero no la capacidad de reconstruir desplazamientos.

También hay problemas con los propios usuarios. En Milwaukee, el policía Josue Ayala fue acusado de mala conducta en el cargo: según la denuncia, hizo alrededor de 180 búsquedas en Flock por motivos personales, algunas sobre su expareja (State of Wisconsin v. Ayala, 2026). Las auditorías sirven, pero no garantizan que la herramienta no se use para fines ajenos a una investigación.

La discusión se vuelve más seria cuando estos datos sirven como prueba en una causa penal. En octubre de 2026, una jueza federal de Oklahoma resolvió United States v. Kyle: la policía había consultado Flock y otra plataforma, VehicleManager, y obtenido más de 50 registros que permitían reconstruir aproximadamente un mes de desplazamientos de un vehículo por distintos estados, sin orden. La jueza concluyó que era una búsqueda alcanzada por la Cuarta Enmienda y excluyó las pruebas derivadas. Es una decisión de primera instancia, no invalida automáticamente toda consulta de este tipo y todavía no pasó por una apelación (United States v. Kyle, 2026). Lo que decida el Quinto Circuito en Brownlee puede marcar el rumbo.

¿Y en la Argentina?

Acá el escenario es distinto, pero se mueve en la misma dirección. La Resolución 866/2025 del Ministerio de Seguridad Nacional creó un sistema federal para detectar vehículos con pedido de secuestro mediante lectores de patentes conectados con la base SIFCOP, en coordinación con las provincias y la Ciudad de Buenos Aires para compartir información y generar alertas (Ministerio de Seguridad Nacional, Resolución N° 866/2025). Es el antecedente normativo más directo de esta expansión. Río Negro muestra hacia dónde se puede ir: su Anillo Digital cuenta, al 14 de octubre, con 150 lectores que cruzan automáticamente cada patente con unos 600.000 registros nacionales de vehículos con pedido de secuestro y unos 3.000 provinciales, y envían alertas a centros de monitoreo. Los resultados difundidos son oficiales, no una evaluación independiente (Anroca, 2026).

Estos sistemas tienen un problema que el propio Estado reconoce: la Resolución 1069/2025 admite que las consultas pueden mostrar medidas que figuran vigentes aunque ya hayan perdido vigencia, por errores de carga o de actualización, y ordena procedimientos para corregirlas (Ministerio de Seguridad Nacional, Resolución N° 1069/2025). No trata de lectores de patentes ni de prueba penal, pero muestra un riesgo concreto, en tanto una base desactualizada puede producir una intervención policial equivocada.

Para entender qué falta resolver conviene distinguir dos usos. El primero es el alerta en tiempo real: el sistema lee la patente, la compara con una lista de autos buscados y avisa si hay coincidencia. En principio, no necesita guardar las lecturas de todos los demás. El segundo es la consulta retrospectiva: se guardan todas las lecturas y después se busca en ellas, como hizo la policía en Texas. Lo que está documentado en la Argentina se parece mucho más al primero. Pero las normas y comunicaciones oficiales que conocemos no aclaran si las lecturas que no coinciden con ninguna lista se guardan, por cuánto tiempo ni quién puede consultarlas. Y la misma infraestructura, salvo que el diseño lo impida, puede servir para ambos usos: lo que cambia es qué se conserva y quién tiene acceso. Ese silencio es, justamente, lo que hay que llenar con reglas claras.

El antecedente judicial local más cercano es el litigio por el reconocimiento facial en la Ciudad de Buenos Aires, aunque es distinto: allí se discute un sistema biométrico, no la reconstrucción de recorridos de vehículos.

Lo que está en juego

Una patente fotografiada en la calle no dice demasiado: quien circula sabe que lo ven. El problema aparece cuando miles de capturas, sostenidas en el tiempo y cruzadas entre sí, forman un retrato de la vida de alguien: sus rutinas, los lugares que frecuenta (un médico, un templo, un local político) y la gente con la que se encuentra. Nadie consintió exponer eso.

También cambia la lógica de la investigación. La forma tradicional parte de un hecho y de una sospecha sobre alguien, y desde ahí busca pruebas. Con estas herramientas el camino puede invertirse: se revisa una enorme cantidad de datos, un software propone candidatos y la sospecha se construye “hacia atrás”. Eso trae riesgos. El Estado entra en la esfera privada de miles de personas que no cometieron ningún delito. Los resultados, que son estimaciones de un programa privado, pueden llegar al expediente como si fueran hechos, sin que se conozca su margen de error. Y la herramienta puede usarse para fines ajenos a la investigación, como muestra el caso de Milwaukee. Además, registrar a todos los vehículos de una red vial recuerda, por su lógica, a los registros indiscriminados que las garantías del artículo 18 de la Constitución Nacional buscan evitar: se revisa sin sospecha sobre nadie en particular.

Los defensores de estos sistemas tienen argumentos que merecen ser tomados en cuenta. Se sostiene que circular por la vía pública no genera expectativa de privacidad, que cada captura es un dato mínimo y que la tecnología ayuda a recuperar autos robados, encontrar personas desaparecidas y resolver delitos. Todo eso es cierto en buena medida, sobre todo para el alerta en tiempo real. Pero la respuesta que dio Carpenter sigue siendo válida: que cada dato sea visible no significa que todos puedan juntarse sin límite. La solución no es prohibir una herramienta útil, sino distinguir usos y ponerles reglas.

Qué reglas hacen falta

Una ley, no solo resoluciones. El artículo 18 de la Constitución Nacional dispone que una ley determine en qué casos y con qué justificativos puede avanzarse sobre el domicilio y los papeles privados, y tratados con jerarquía constitucional, como el Pacto de San José de Costa Rica (art. 11), protegen contra injerencias arbitrarias en la vida privada. En el caso Halabi c. P.E.N. (Corte Suprema de Justicia de la Nación [CSJN], 2009), la Corte Suprema declaró inconstitucional una norma que obligaba a conservar datos sobre las comunicaciones de todos sin garantías suficientes. No trata de lectores de patentes, pero su lógica ayuda: la conservación masiva de datos personales necesita respaldo legal y control. A eso se suma la ley de protección de datos personales (25.326). La libertad probatoria que rige en los códigos procesales permite incorporar pruebas, pero no autoriza por sí sola a usar herramientas que afectan la intimidad.

Control judicial según el uso. En los sistemas acusatorios, el fiscal dirige la investigación, pero las medidas que afectan derechos suelen ser autorizadas por un juez. Las alertas en tiempo real contra listas de vehículos buscados podrían seguir un régimen administrativo, con controles. Pero en cambio, buscar en el historial de lecturas el recorrido de una persona o de un vehículo debería requerir una orden judicial, reservada para delitos graves y concretos, y precedida siempre de una pregunta: ¿hay un modo menos invasivo de obtener lo mismo?

Plazos de conservación definidos. La ley debería fijar cuánto tiempo se guardan las lecturas que no coinciden con ninguna lista. Como referencia, la propia Flock bajó su plazo recomendado a 7 días. Retener datos de forma prolongada y sin orden judicial puede constituir una intromisión inconstitucional.

Registro y auditoría de cada consulta. Cada búsqueda debería dejar un rastro que no se pueda modificar: quién consultó, por qué y en qué causa, con controles periódicos y sanciones para su uso indebido. Si el sistema usa inteligencia artificial, la defensa tendría que poder saber cómo funciona y con qué margen de error. Y sería útil una evaluación independiente de su eficacia, no solo cifras oficiales.

Consecuencias de la inobservancia de las reglas. Si los datos se obtuvieron sin respaldo legal, omitiendo la orden judicial previa cuando correspondía o excediendo los plazos de conservación, la consecuencia procesal debería ser la exclusión probatoria. Como se observó en la jurisprudencia comparada a partir del caso Kyle, la ilicitud en la obtención o trazabilidad de los datos invalida su incorporación al proceso. Si la recolección masiva o el acceso al historial vulneró la intimidad, todo el material probatorio derivado queda irremediablemente viciado

El desafío de política criminal es simple de enunciar y difícil de cumplir: aprovechar la eficacia de estas herramientas sin que la sospecha deje de ser individual ni el control judicial se vuelva una formalidad. Si no se fijan reglas claras de antemano, serán los tribunales quienes definan los límites al resolver los conflictos que lleguen, como ya empieza a ocurrir en Estados Unidos. La pregunta de la jueza Elrod nació en Texas, pero ya es también una pregunta argentina: cuántas cámaras hacen falta para que mirar se convierta en vigilar.

Fuentes

Ablon, M. (2026, 30 de septiembre). Dallas police department says Flock will keep hundreds of cameras on for next 90 days. CBS News Texas. https://www.cbsnews.com/texas/news/dallas-police-flock-cameras-status-9-30-2026/

Anroca. (2026, 14 de octubre). Río Negro transforma la lectura de patentes en una herramienta de detección inteligente. ANRoca. https://www.anroca.com.ar/noticias/2026/10/14/227703-rio-negro-transforma-la-lectura-de-patentes-en-una-herramienta-de-deteccion-inteligente

Carpenter v. United States, 585 U.S. 296 (2018). https://supreme.justia.com/cases/federal/us/585/16-402/

Corte Suprema de Justicia de la Nación. (1981). Montenegro, Luciano Bernardino. Fallos 303:1938.

Flock Safety. (s. f.). Flock Safety: Public safety operating system. Recuperado el 23 de octubre de 2026, de https://www.flocksafety.com/

Florida Department of Transportation. (2026, 31 de agosto). Revocation of general use permits for automated license plate readers (Engineering and Operations Memorandum No. 26-01). https://www.fdot.gov/design/bulletins

Halabi, Ernesto c/ P.E.N. – ley 25.873 – dto. 1563/04 s/ amparo ley 16.986 (Corte Suprema de Justicia de la Nación, 24 de febrero de 2009). Fallos: 332:111. https://www.csjn.gov.ar/

Honorable Congreso de la Nación Argentina. (2000, 2 de noviembre). Protección de los Datos Personales (Ley N° 25.326). Boletín Oficial N° 29.517. https://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=64790

Mansoor, S. (2026, 20 de agosto). Their cities dropped Flock surveillance cameras. They’re still being watched. The Guardian. https://www.theguardian.com/us-news/2026/aug/20/flock-cameras-surveillance

Ministerio de Seguridad Nacional. (2025, 24 de julio). Sistema Federal de Identificación de Vehículos con Pedido de Secuestro (Resolución N° 866/2025). Boletín Oficial de la República Argentina N° 35.713. https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/norma-415496

Ministerio de Seguridad Nacional. (2025, 11 de septiembre). Procedimiento para la Interpretación, Verificación y Actualización de Registros de Medidas Judiciales en el SIFCOP (Resolución N° 1069/2025). Boletín Oficial de la República Argentina N° 35.747. https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/norma-417393

Runnels, A. (2026, 19 de octubre). Un hombre de Texas busca que se anule su condena por robo a mano armada debido a un registro realizado con una cámara Flock sin orden judicial. The Texas Tribune. https://www.texastribune.org/2026/10/19/texas-flock-cameras-fifth-circuit-search/

State of Wisconsin v. Ayala, DA Case No. 2026ML004796 (Circuit Court Milwaukee County Feb. 2026). https://mkepdpio.org/wp-content/uploads/2026/02/Criminal-Complaint_3-Ayala-Josue.pdf

U.S. Attorney’s Office, Northern District of Texas. (2025a, 18 de julio). Armed serial robber sentenced to 60 years in federal prison [Comunicado de prensa]. U.S. Department of Justice. https://www.justice.gov/usao-ndtx/pr/armed-serial-robber-sentenced-60-years-federal-prison

United States Court of Appeals for the Fifth Circuit. (2026, 5 de octubre). Estados Unidos contra Brownlee (No. 25-10855) [Grabación de audio de alegatos orales]. https://www.ca5.uscourts.gov/oral-argument-recordings?docket=25-1

United States v. Jones, 565 U.S. 400 (2012). https://supreme.justia.com/cases/federal/us/565/400/

United States v. Kyle, No. 4:26-cr-00189 (N.D. Okla. Oct. 1, 2026). https://app.midpage.ai/document/united-states-v-kyle–178c1304-1092-4207-9f9b-ca85a4344a1e

Mariana Curra Zamaniego. Abogada, Agente Fiscal del Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires y docente de Derecho Penal II en la Universidad Católica de La Plata (UCALP). Se especializa en investigación penal y se encuentra cursando la Especialización en Cibercrimen y Evidencia Digital.

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