La causa Malvinas en la política exterior de Javier Milei
Resumen
La cuestión Malvinas constituye uno de los ejes permanentes de la política exterior argentina desde la recuperación democrática de 1983. La Constitución Nacional establece el carácter permanente e irrenunciable del reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, así como sobre los espacios marítimos e insulares correspondientes (Constitución de la Nación Argentina, 1994).
El presente artículo analiza la evolución del tratamiento de la Causa Malvinas durante la presidencia de Javier Milei (desde diciembre de 2023 hasta septiembre de 2026). El relevamiento considera la información disponible hasta el 3 de septiembre de 2026 e identifica elementos de continuidad respecto de la posición histórica del Estado argentino y modificaciones en la forma de presentar y desarrollar el reclamo en el marco de la política exterior nacional.
La hipótesis sostiene que, durante este período, no se modificaron los fundamentos jurídicos y diplomáticos centrales de la posición argentina, aunque sí pueden identificarse variaciones en los énfasis discursivos y en la vinculación de la cuestión con la inserción internacional, las relaciones con potencias occidentales y la valorización estratégica del Atlántico Sur. Esta interpretación permite analizar la coexistencia entre la continuidad del reclamo soberano y su articulación con otras prioridades de la política exterior del Gobierno.
Palabras clave: Malvinas; soberanía; política exterior argentina; Javier Milei; Reino Unido; Atlántico Sur.
Introducción: Malvinas como política de Estado
La Causa Malvinas constituye uno de los temas más persistentes de la política exterior argentina contemporánea. Desde la ocupación británica de las islas en 1833, Argentina sostiene un reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes. La posición argentina se fundamenta en argumentos históricos, jurídicos y territoriales, mientras que el Reino Unido sostiene que debe prevalecer el principio de autodeterminación de los habitantes de las islas.
La disputa adquirió reconocimiento dentro del sistema internacional cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó, en 1965, la Resolución 2065 (XX), mediante la cual reconoció la existencia de una controversia de soberanía entre Argentina y el Reino Unido e invitó a ambos Estados a iniciar negociaciones para alcanzar una solución pacífica (Asamblea General de las Naciones Unidas, 1965).
Desde entonces, la diplomacia argentina ha sostenido que la cuestión constituye una disputa pendiente de resolución mediante negociaciones bilaterales. El Reino Unido, por su parte, sostiene que los habitantes de las islas poseen derecho a la autodeterminación. Esta posición fue reafirmada por el Gobierno británico en la declaración de Lord Collins ante la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), pronunciada el 24 de junio de 2026 y publicada el 25 de junio de ese año (Foreign, Commonwealth & Development Office, 2026).
En el caso argentino, la Causa Malvinas adquirió jerarquía constitucional con la reforma de 1994. La Disposición Transitoria Primera establece que:
«La Nación Argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes» (Constitución de la Nación Argentina, 1994).
Asimismo, la norma señala que la recuperación del ejercicio pleno de la soberanía constituye un objetivo permanente e irrenunciable, de acuerdo con los principios del derecho internacional.
Desde la recuperación democrática de 1983, los distintos gobiernos argentinos han mantenido la reivindicación soberana, aunque con diferentes estrategias diplomáticas para promoverla. Mientras algunas administraciones otorgaron mayor énfasis a la dimensión histórica, regional y multilateral del reclamo, otras priorizaron enfoques vinculados con la inserción internacional, la cooperación o la negociación bilateral.
La llegada de Javier Milei a la Presidencia, en diciembre de 2023, introdujo una nueva orientación general en la política exterior argentina, caracterizada por una búsqueda de mayor acercamiento con Estados Unidos, Israel y otros países occidentales. En este marco, la cuestión Malvinas continuó formando parte de la posición oficial argentina, aunque su tratamiento estuvo atravesado por el objetivo más amplio de redefinir la inserción internacional del país.
El presente artículo analiza el período comprendido entre diciembre de 2023 y el 3 de septiembre de 2026, fecha hasta la cual se considera información para el relevamiento. El objetivo es identificar continuidades y modificaciones en la política argentina sobre Malvinas. La hipótesis central sostiene que la administración Milei mantuvo los fundamentos jurídicos tradicionales del reclamo, pero modificó algunos de sus énfasis discursivos y estratégicos mediante una mayor vinculación entre soberanía, recursos del Atlántico Sur e inserción internacional.
1. Fundamentos históricos y jurídicos del reclamo argentino
La posición argentina sobre la Cuestión Malvinas se construye a partir de una combinación de argumentos históricos, jurídicos y diplomáticos que han sido sostenidos por los distintos gobiernos desde el siglo XIX.
Desde la perspectiva argentina, tras la independencia respecto de España en 1816, el país heredó los territorios que correspondían al antiguo Virreinato del Río de la Plata, incluidos los derechos sobre las Islas Malvinas. En este marco, Buenos Aires sostiene que ejerció actos de soberanía sobre las islas hasta la ocupación británica de 1833, cuando fuerzas del Reino Unido desplazaron a las autoridades argentinas establecidas en el territorio.
A partir de entonces, Argentina considera que existe una situación de ocupación ilegítima y sostiene que la disputa debe resolverse mediante negociaciones bilaterales de soberanía. Esta posición fue incorporada al orden constitucional argentino mediante la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional de 1994, que establece el carácter permanente e irrenunciable del reclamo (Constitución de la Nación Argentina, 1994).
Uno de los principales instrumentos internacionales utilizados por Argentina es la Resolución 2065 (XX) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, aprobada en 1965. Dicho documento reconoció la existencia de una disputa de soberanía entre Argentina y el Reino Unido e invitó a ambos gobiernos a iniciar negociaciones para alcanzar una solución pacífica (Asamblea General de las Naciones Unidas, 1965).
Desde la posición argentina, la controversia no constituye un caso de aplicación del principio de autodeterminación de los pueblos, debido a que el Estado sostiene que la población actual de las islas se conformó luego de la ocupación británica de 1833. En consecuencia, Argentina argumenta que deben considerarse la integridad territorial y la necesidad de resolver la disputa entre los Estados involucrados.
Por su parte, el Reino Unido mantiene una interpretación diferente. Su posición oficial sostiene que los habitantes de las Islas Malvinas poseen derecho a la autodeterminación y que su voluntad política debe ser considerada en la resolución de cualquier controversia relacionada con el territorio. Esta postura fue reafirmada en junio de 2026 por el diputado de la Cámara de los Lores, Lord Collins, quien sostuvo ante la OEA que los habitantes de las islas tienen derecho a determinar su futuro político y que cualquier modificación de su situación debe contar con su consentimiento (Foreign, Commonwealth & Development Office, 2026).
La diferencia entre ambas posiciones constituye uno de los principales obstáculos para avanzar hacia una negociación sobre la soberanía. Mientras Argentina sostiene que la cuestión debe resolverse mediante conversaciones bilaterales entre los dos Estados involucrados, el Reino Unido considera que la voluntad de los habitantes de las islas constituye un elemento central de la discusión.
La guerra de 1982 representó un punto de inflexión en la historia de la cuestión. El conflicto armado entre Argentina y el Reino Unido produjo consecuencias políticas, sociales y diplomáticas profundas. Luego de la derrota argentina, el reclamo soberano continuó desarrollándose por medios diplomáticos, consolidándose durante el período democrático como una política de Estado sostenida por diferentes administraciones.
En este sentido, la Causa Malvinas presenta una combinación de continuidad y variaciones estratégicas: mientras los fundamentos jurídicos y constitucionales del reclamo permanecieron estables, cada gobierno definió distintas herramientas diplomáticas para promover la posición argentina en el escenario internacional.
2. El gobierno de Javier Milei y una nueva orientación diplomática (2023-2024)
La llegada de Javier Milei a la Presidencia, en diciembre de 2023, produjo una modificación general en la orientación de la política exterior argentina, especialmente en relación con la búsqueda de una mayor vinculación con Estados Unidos, Israel y otros países occidentales.
En este nuevo contexto, la Causa Malvinas continuó formando parte de la posición oficial argentina. La administración mantuvo el reconocimiento del reclamo soberano y la defensa de la vía diplomática como mecanismo de resolución de la controversia, en línea con los principios establecidos por la Constitución Nacional y las resoluciones de las Naciones Unidas.
Durante los primeros años de gobierno, el tratamiento de Malvinas puede analizarse dentro de una agenda exterior más amplia, en la cual adquirieron relevancia cuestiones vinculadas con la inserción internacional del país, la apertura económica y la construcción de alianzas estratégicas.
Sin embargo, resulta necesario diferenciar entre las decisiones explícitas del Gobierno y las interpretaciones realizadas a partir del conjunto de sus acciones diplomáticas. La relación entre la política de acercamiento a países occidentales y la defensa del reclamo soberano puede entenderse como una hipótesis de análisis sobre la orientación general de la política exterior, aunque no necesariamente como una estrategia formulada de manera expresa por la administración.
Durante 2024, la Cancillería argentina continuó presentando la posición nacional en organismos internacionales y mantuvo la postura de que la disputa debe resolverse mediante negociaciones pacíficas. De esta manera, el Gobierno sostuvo elementos de continuidad respecto de la tradición diplomática argentina posterior a 1982.
El desafío central consistió en compatibilizar dos objetivos: preservar la reivindicación soberana sobre las islas y, simultáneamente, desarrollar una política exterior orientada a fortalecer vínculos internacionales considerados prioritarios por la administración.
3. Entre cooperación internacional y reafirmación soberana: Malvinas durante 2025
Durante 2025, la Causa Malvinas continuó formando parte de la agenda diplomática argentina dentro de un contexto caracterizado por la búsqueda de una mayor inserción internacional del país y una redefinición de sus vínculos externos.
La administración de Javier Milei mantuvo la posición histórica del Estado argentino respecto del carácter permanente e irrenunciable del reclamo soberano. En este sentido, continuó sosteniendo que la controversia debe resolverse mediante negociaciones pacíficas entre Argentina y el Reino Unido, conforme a los principios establecidos por las Naciones Unidas y por la Constitución Nacional.
Al mismo tiempo, la relación entre la cuestión Malvinas y otros elementos de la política exterior argentina —como la importancia estratégica del Atlántico Sur, la protección de los recursos naturales y la presencia internacional del país en la región— permite identificar una dimensión adicional para el análisis.
Esta relación debe interpretarse dentro del análisis general de la política exterior del Gobierno. Si bien la administración Milei promovió un acercamiento político y económico con Estados Unidos y otros países occidentales, no corresponde afirmar, sin documentación específica, que dicha estrategia tuviera como objetivo directo fortalecer la posición argentina sobre Malvinas. En cambio, puede analizarse cómo ambas dimensiones —la inserción internacional y la defensa del reclamo soberano— coexistieron dentro de la orientación general de la política exterior.
La relación con el Reino Unido presentó, en este marco, una dinámica compleja. Por un lado, la disputa de soberanía permaneció vigente y Argentina continuó expresando su reclamo histórico. Por otro, ambos países mantuvieron espacios de cooperación en áreas específicas vinculadas con ciencia, comercio, conectividad, intercambio académico y preservación ambiental.
Esta combinación entre diálogo y reivindicación soberana no constituye un fenómeno exclusivo del gobierno de Milei. A lo largo de las últimas décadas, distintas administraciones argentinas han buscado sostener canales de comunicación con el Reino Unido sin abandonar la posición oficial sobre la soberanía de las islas. La particularidad del período analizado puede interpretarse a partir de la manera en que esta administración incorporó la cuestión dentro de una estrategia exterior orientada hacia nuevas prioridades internacionales.
En el ámbito multilateral, Argentina continuó presentando la Cuestión Malvinas ante organismos internacionales. El Comité Especial de Descolonización de las Naciones Unidas mantuvo el tratamiento del caso dentro de los territorios pendientes de descolonización y continuó considerando la existencia de una disputa de soberanía entre Argentina y el Reino Unido. Esta continuidad institucional forma parte del marco diplomático en el que se desarrolla el reclamo argentino.
Durante este período también adquirieron relevancia analítica las dimensiones estratégicas vinculadas con el Atlántico Sur. La importancia de la región no se limita al componente territorial, sino que comprende aspectos relacionados con los recursos pesqueros, la biodiversidad marina, los recursos energéticos y las rutas de comunicación marítima.
Desde esta perspectiva, la cuestión Malvinas puede analizarse no solamente como una reivindicación histórica y jurídica, sino también como un elemento vinculado con los intereses estratégicos nacionales. Sin embargo, estas dimensiones forman parte de debates existentes previamente dentro de la política exterior argentina, por lo que el cambio durante esta etapa puede entenderse principalmente como una modificación en el énfasis otorgado por el discurso oficial, antes que como la aparición de una orientación completamente nueva.
4. Una reafirmación más intensa del reclamo argentino en 2026
Durante 2026, la cuestión Malvinas adquirió una presencia significativa en el discurso presidencial argentino. Esta evolución no implicó una modificación de los fundamentos tradicionales del reclamo, sino que permite identificar una intensificación de algunos elementos discursivos vinculados con la soberanía, la identidad nacional y la dimensión estratégica del Atlántico Sur.
Un documento relevante para analizar esta etapa es el Comunicado Oficial N.º 157 de la Oficina del Presidente, publicado el 3 de septiembre de 2026. En él, el Gobierno reafirmó la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, así como sobre los espacios marítimos e insulares correspondientes. También invocó fundamentos históricos y jurídicos, calificó la recuperación del ejercicio pleno de la soberanía como un objetivo permanente e irrenunciable y vinculó el reclamo con la defensa de los recursos naturales (Oficina del Presidente de la Nación Argentina, 2026).
El comunicado también relacionó la cuestión Malvinas con el avance del proyecto de explotación petrolera Sea Lion y anunció medidas orientadas a la defensa de la soberanía nacional. De esta manera, el documento constituye una fuente primaria para observar cómo el Gobierno articuló el reclamo territorial con la protección de los recursos y los intereses estratégicos argentinos.
Desde la perspectiva argentina, la controversia debe analizarse a partir de la existencia de una disputa territorial reconocida por las Naciones Unidas y no exclusivamente desde la voluntad política de la población actual de las islas. Esta interpretación se contrapone con la posición británica, que sostiene la centralidad del principio de autodeterminación de los habitantes del territorio (Foreign, Commonwealth & Development Office, 2026).
Durante este período, el discurso oficial también vinculó la cuestión Malvinas con la dimensión estratégica del Atlántico Sur. La soberanía fue relacionada con aspectos como la protección de recursos naturales, la seguridad marítima y la importancia geopolítica de la región.
Este enfoque puede interpretarse como una ampliación del modo en que el reclamo es presentado públicamente: además de la dimensión histórica y jurídica, adquieren relevancia argumentos vinculados con los intereses económicos y estratégicos nacionales. El Comunicado Oficial N.º 157 permite documentar esta asociación en el discurso gubernamental del 3 de septiembre de 2026.
No obstante, el Gobierno mantuvo la referencia a la defensa de la soberanía como objetivo permanente del Estado argentino. La vía diplomática y el marco del derecho internacional continúan siendo elementos centrales de la posición histórica argentina, aunque el comunicado citado también contempla herramientas diplomáticas, económicas, judiciales y legales para responder a la explotación de recursos que Argentina considera propios.
En consecuencia, la evolución del discurso durante 2026 puede analizarse como una modificación en la intensidad y en los elementos asociados al reclamo, más que como un cambio en sus fundamentos centrales. La soberanía sobre Malvinas continuó siendo presentada como una política de Estado, aunque con una mayor incorporación de dimensiones estratégicas dentro de la narrativa oficial.
5. Continuidades y rupturas de la política de Milei sobre Malvinas
El análisis del período comprendido entre diciembre de 2023 y el 3 de septiembre de 2026 permite identificar elementos de continuidad y modificaciones en la manera en que la administración de Javier Milei abordó la Cuestión Malvinas.
La principal continuidad se encuentra en los fundamentos jurídicos del reclamo. El Gobierno mantuvo la referencia a la Constitución Nacional, a las resoluciones de las Naciones Unidas y al carácter permanente e irrenunciable de la reivindicación argentina. En este sentido, no se observa, en los documentos considerados, una modificación de la posición histórica del Estado argentino respecto de la soberanía sobre las islas.
Asimismo, permaneció la defensa de la soberanía como objetivo permanente del Estado argentino. La administración Milei continuó sosteniendo la reivindicación histórica, en línea con los fundamentos constitucionales y la política exterior argentina posterior a 1982.
Las principales diferencias pueden identificarse en la forma de presentar el reclamo. Mientras otras administraciones priorizaron determinados aspectos vinculados con la memoria histórica, la identidad nacional, la integración regional o el fortalecimiento de espacios multilaterales, durante el gobierno de Milei pueden identificarse asociaciones discursivas entre la inserción internacional, la dimensión estratégica del Atlántico Sur y la importancia de los recursos naturales.
Esta modificación no implica necesariamente un abandono de enfoques anteriores, sino una reorganización de los argumentos utilizados para promover la posición argentina. En este sentido, la particularidad del período analizado reside, desde la interpretación propuesta, en la incorporación de nuevas asociaciones discursivas alrededor del reclamo soberano.
La relación con el Reino Unido también refleja esta combinación entre continuidad y cambio. La administración Milei mantuvo la reivindicación argentina sobre la soberanía, mientras que la posición británica continuó defendiendo el principio de autodeterminación. La existencia de canales de cooperación en áreas específicas no elimina la controversia, sino que muestra la coexistencia de intereses compartidos y desacuerdos fundamentales entre ambos Estados.
Desde una perspectiva analítica, el período 2023-septiembre de 2026 puede interpretarse como una etapa de continuidad jurídica y reformulación de los énfasis estratégicos. Los fundamentos centrales del reclamo permanecieron estables, mientras que variaron los instrumentos discursivos y las asociaciones mediante las cuales la cuestión fue incorporada a la política exterior.
Conclusiones
La Causa Malvinas continúa siendo uno de los temas centrales y permanentes de la política exterior argentina. Su importancia se encuentra vinculada tanto con los fundamentos históricos y jurídicos del reclamo como con su incorporación dentro del marco constitucional argentino.
El análisis del período comprendido entre diciembre de 2023 y el 3 de septiembre de 2026 permite observar que el gobierno de Javier Milei mantuvo los principios tradicionales de la posición argentina: la defensa de la soberanía, el reconocimiento de la existencia de una disputa con el Reino Unido y la reivindicación de una solución en el marco del derecho internacional.
Sin embargo, la administración introdujo modificaciones en la manera de abordar la cuestión dentro de su política exterior. Durante los primeros años de gobierno, el reclamo coexistió con una agenda orientada a fortalecer la inserción internacional argentina y los vínculos con determinados actores internacionales. Posteriormente, especialmente a partir de las manifestaciones oficiales de septiembre de 2026, el discurso gubernamental otorgó mayor relevancia a dimensiones vinculadas con los recursos estratégicos, la seguridad y la importancia geopolítica del Atlántico Sur.
En consecuencia, la evolución observada no puede caracterizarse, a partir de los documentos examinados, como un cambio en los fundamentos jurídicos centrales de la posición argentina, sino como una transformación en los énfasis y las herramientas utilizados para sostener el reclamo. La soberanía sobre Malvinas permaneció como un objetivo permanente del Estado argentino, aunque integrada dentro de una narrativa exterior con nuevos elementos estratégicos.
El caso Malvinas demuestra cómo una política de Estado puede mantener principios estables mientras modifica sus estrategias de implementación según las prioridades de cada administración. La resolución de la controversia continúa dependiendo del ámbito diplomático internacional y del desarrollo de negociaciones entre las partes involucradas.
BIBLIOGRAFÍA
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