LA GENEALOGIA DEL SECRETO: Inteligencia, doctrina y relato en los archivos desclasificados
Por: Juan Carlos Espíndola – Director del Instituto de Inteligencia de #El Analista.
Anteriormente hablamos sobre la primera etapa de desclasificación de archivos de la Secretaría de Inteligencia1. Esta dejo una pregunta incómoda: ¿alcanza con publicar documentos para producir transparencia? La respuesta, inevitablemente, fue negativa. Desclasificar no es solo quitar un sello, subir un PDF o habilitar una consulta. Desclasificar exige infraestructura archivística, criterios técnicos, continuidad institucional, capacidad estatal y una política pública sostenida que permita transformar papeles dispersos en memoria accesible, verificable y democrática.
Ahora se produjo la segunda entrega oficial de documentos desclasificados2:
En esta etapa se desplaza el eje de la discusión. Ya no se trata solamente de preguntarse si el Estado argentino puede abrir archivos de manera ordenada, sino de observar qué aparece cuando esos archivos empiezan a hablar. Y lo que aparece no es únicamente una colección de normas, resoluciones, boletines o publicaciones internas. Lo que empieza a delinearse es algo más profundo: una cultura institucional del secreto.
La novedad no está solo en la cantidad de documentos incorporados, sino en el arco temporal que propone. Los materiales abarcan el período 1946-1983 y permiten seguir, con distintas intensidades, la formación histórica de estructuras, doctrinas, procedimientos y prácticas asociadas a la inteligencia estatal. Ese recorte es decisivo porque obliga a abandonar una lectura demasiado cómoda: la inteligencia argentina no puede comprenderse únicamente desde la excepcionalidad del terrorismo de Estado. La última dictadura llevó determinadas prácticas a su expresión represiva más extrema, pero no creó de la nada todas las lógicas institucionales que utilizó.
Reconocer esta genealogía no significa atenuar responsabilidades ni diluir la especificidad criminal del régimen dictatorial. Significa, por el contrario, comprender mejor las condiciones burocráticas, doctrinarias y administrativas que hicieron posible que una estructura estatal pudiera mirar, clasificar, intervenir, ocultar y narrar la realidad bajo reglas propias. El problema no es solo qué hizo el Estado en determinados momentos de su historia, sino cómo fue aprendiendo a hacerlo.
La segunda entrega permite, entonces, leer algo más que documentos. Permite leer la arquitectura, y esta muestra que el secreto no fue únicamente una zona oscura de la administración pública, sino una forma de organización.
El secreto no empezó en 1976.
Uno de los principales efectos de la segunda entrega es la proyección temporal. Al remontar la documentación hasta 1946, el archivo obliga a desplazar el punto de partida habitual. La historia institucional de la inteligencia estatal argentina no comienza con el golpe de 1976, aunque la dictadura haya marcado un punto de radicalización represiva decisivo. Antes hubo creación de organismos, reorganizaciones, doctrinas, misiones, procedimientos y lenguajes que fueron dando forma a una manera específica de concebir la información estatal.
La guía oficial de esta etapa3 permite observar esa trayectoria desde la creación de la Coordinación de Informaciones de la Presidencia de la Nación en 1946, su evolución posterior y las sucesivas transformaciones que llevarían a organismos como la CIDE, el Servicio de Informaciones del Estado y finalmente la SIDE. Hitos que vimos anteriormente4. Esa continuidad institucional no debe leerse como una línea recta ni como una identidad plena entre períodos políticos distintos. Sería un error histórico y analítico. Pero tampoco puede ser ignorada.
No es menor que la desclasificación permita mirar el período previo a la última dictadura. Durante años, buena parte de la discusión pública sobre inteligencia quedó concentrada en sus usos represivos más visibles o en sus escándalos democráticos más recientes. Ambos planos son necesarios, pero insuficientes. El archivo ahora permite mirar hacia atrás y advertir que el secreto también tuvo una historia administrativa, doctrinaria y organizacional.
¿Qué tipo de Estado fue construyendo las condiciones para que la inteligencia se pensara a sí misma como una capacidad permanente, previsora y ofensiva? La respuesta no aparece en un solo documento, sino en la acumulación de normas, resoluciones y prácticas que organizaron el campo de la información estatal.
El problema no es simplemente que haya existido un organismo de inteligencia. Todo Estado moderno produce información, protege secretos, evalúa amenazas y organiza capacidades de anticipación. El problema aparece cuando esa función se desarrolla bajo lógicas opacas, con escasos controles externos, con fronteras difusas entre información, intervención y acción psicológica, y con una tendencia persistente a convertir la reserva en cultura institucional.
En ese sentido, ahora se ve que el secreto no fue un accidente tardío. Fue una gramática.
Cuando informar también era intervenir.
Entre los documentos más relevantes de esta etapa se encuentra la referencia a la Doctrina Nacional de Informaciones del Estado de 1953. Según la guía oficial, esa doctrina tenía dos partes: una pública, denominada Teoría de la Información del Estado, y otra secreta, denominada Doctrina Nacional de Informaciones del Estado. Solo se halló la primera parte, pero aun así el material resulta significativo.
Allí la información estatal aparece vinculada a la conducción gubernamental en la paz y en la guerra, orientada a la seguridad y al bienestar de la Nación. Esa formulación, en sí misma, podría parecer esperable dentro de una concepción clásica del Estado. Sin embargo, el lenguaje doctrinario adquiere otra densidad cuando define la información como permanente, previsora y netamente ofensiva.
Esa caracterización no es menor:
- Si la información es permanente, no se limita a una coyuntura excepcional.
- Si es previsora, no se conforma con registrar hechos ocurridos, sino que busca anticipar escenarios.
- Y si es ofensiva, deja de ser una mera actividad de conocimiento para convertirse en una capacidad activa de intervención.
Ahí aparece uno de los núcleos conceptuales más importantes de la segunda entrega: la inteligencia no se pensaba solamente como recolección de datos. Se pensaba como una función estatal capaz de orientar decisiones, anticipar conflictos y operar sobre el entorno. La doctrina no organizaba únicamente oficinas; organizaba una mirada.
El punto es especialmente relevante porque permite discutir un punto determinante. La inteligencia suele ser presentada como una actividad técnica, casi neutral, dedicada a obtener información para que otros decidan. Pero los documentos muestran que, al menos en ciertas formulaciones doctrinarias, esa neutralidad era mucho más problemática. La información no era solo insumo; también podía ser instrumento.
La presencia de la acción psicológica estatal en ese universo conceptual refuerza la idea. La doctrina vinculaba la información con mecanismos destinados a formar, estabilizar o encuadrar climas sociales mediante propaganda y contrapropaganda. La frontera entre conocer a la sociedad e intervenir sobre ella se volvía, así, mucho menos nítida.
Esto no significa que toda política de comunicación estatal sea inteligencia ni que toda lectura de opinión pública sea ilegítima. El Estado democrático necesita conocer demandas sociales, medir problemas públicos y comunicar políticas. El punto crítico aparece cuando esas prácticas quedan integradas a una lógica secreta, doctrinaria y operativa que concibe la sociedad como un objeto a observar, clasificar y orientar.
La diferencia es sustancial. Una cosa es gobernar con información pública, controles institucionales y rendición de cuentas. Otra muy distinta es construir una maquinaria opaca donde la información social se transforma en insumo de acción psicológica. La segunda entrega permite ver, justamente, cómo esa posibilidad no surgió de la nada.
La opinión pública como objeto de inteligencia.
Otro de los documentos centrales en esta entrega es el Boletín de Informaciones N.º 11 de 1963, elaborado por el Departamento de Acción Psicológica. La guía oficial señala que ese material incluía encuestas de opinión, análisis de discursos, estudios de medios, prensa escrita, radio, televisión y referencias a la llamada “opinión pública viva”.
El dato es importante por varias razones:
- En primer lugar, porque muestra una preocupación temprana por captar climas sociales, motivaciones, creencias y valores colectivos.
- En segundo lugar, porque esa preocupación aparece ubicada dentro del campo de la acción psicológica.
- Y, en tercer lugar, porque permite observar una lógica estatal orientada no solo a saber qué pensaba la sociedad, sino a comprender cómo se formaban sus percepciones.
La expresión “opinión pública viva” resulta especialmente sugerente. No remite a una sociedad abstracta, sino a una sociedad observada en movimiento: discursos, medios, reacciones, valores, tendencias. El Estado no miraba únicamente organizaciones políticas, amenazas militares o conflictos internacionales. También miraba el pulso social.
El problema, nuevamente, no es que un Estado procure conocer el clima público. Ningún gobierno puede actuar completamente a ciegas. El problema es el encuadre institucional desde el cual se realiza esa lectura. Cuando el monitoreo de opinión se ubica dentro de una estructura de inteligencia y acción psicológica, la pregunta deja de ser solamente qué piensa la sociedad. Pasa a ser también qué se puede hacer con ese conocimiento.
Este punto conecta con una discusión contemporánea más amplia. Las democracias actuales conviven con herramientas de medición social cada vez más sofisticadas: encuestas, análisis de redes, estudios de audiencias, segmentación digital, monitoreo de medios y ni hablemos de la posibilidad de automatizar e integrar todo mediante IA.
En sí mismas, esas herramientas no son ilegítimas. Pero la historia de la inteligencia argentina recuerda que la línea entre comprender a la ciudadanía y manipularla puede volverse peligrosa cuando falta control democrático.
Por eso, el documento de 1963 no debería leerse como una rareza de archivo. Debería leerse como una advertencia. Antes de que la inteligencia se convirtiera en persecución sistemática bajo el terrorismo de Estado, ya existía una mirada estatal orientada a leer, clasificar y eventualmente moldear la opinión pública.
No se trata de trazar equivalencias simplistas entre períodos. Se trata de identificar continuidades conceptuales. La última dictadura no inventó la obsesión por la sociedad como objeto de observación. La llevó a un régimen de violencia estatal, clandestinidad y control represivo. Pero la existencia previa de una matriz de lectura social ayuda a entender por qué esas prácticas pudieron encontrar lenguaje, procedimientos y estructuras disponibles.
La administración del secreto.
Hay otro nivel en los documentos que puede parecer menos atractivo a primera vista, pero que resulta fundamental: las normas internas para la confección, trámite, clasificación, circulación y archivo de documentación. Allí aparece una dimensión decisiva de la inteligencia estatal: el secreto como técnica administrativa.
El secreto suele imaginarse como una decisión excepcional, tomada en torno a grandes operaciones, amenazas sensibles o conflictos de alta política. Pero los documentos muestran algo más cotidiano y, por eso mismo, más profundo. El secreto se reglamenta. Se clasifica. Se tramita. Se archiva. Se destruye. Tiene siglas, formularios, procedimientos, jerarquías y circuitos.
La guía de la segunda etapa menciona, entre otras, resoluciones que regulaban el tratamiento documental interno y las categorías de clasificación. Entre ellas aparecían niveles como Estrictamente Secreta y Confidencial, Secreta, Confidencial, Reservada y Pública. Esa escala no era solo una taxonomía documental. Era una forma de ordenar accesos, restringir circulación y definir quién podía saber qué dentro del propio Estado.
No es menor que una de esas normas advirtiera que el uso indebido de la clasificación “Estrictamente Secreto y Confidencial” había desvirtuado su razón de ser y aumentado el caudal de documentos con ese carácter, dificultando su control. Ese detalle es extraordinariamente revelador. El propio sistema advertía que el exceso de secreto podía volver ingobernable al secreto.
La frase permite pensar una paradoja central. Cuando todo tiende a clasificarse, la clasificación pierde sentido. Cuando la reserva se expande sin criterios precisos, el secreto deja de proteger información sensible y empieza a funcionar como reflejo burocrático. Ya no se oculta solo lo que debe preservarse; se oculta por hábito, por inercia o por cultura institucional.
Ese fenómeno no pertenece únicamente al pasado. Toda administración estatal enfrenta el riesgo de convertir la reserva en rutina. La diferencia está en los controles, los plazos, las responsabilidades, los criterios de desclasificación y la capacidad de auditoría democrática. Sin esos contrapesos, el secreto se independiza de su justificación original y empieza a reproducirse a sí mismo.
La regulación sobre archivo e incineración también abre una zona especialmente sensible. Según la guía, cierta documentación sin vigencia podía ser incinerada, mientras que aquella con contenido informativo o de inteligencia sobre personas, organizaciones, sociedades, sectas, casos u otros asuntos debía ser elevada a la Dirección Antecedentes. Este tipo de reglas muestra que la memoria institucional no era un efecto espontáneo: se decidía qué conservar, qué derivar, qué destruir y bajo qué criterios.
Allí aparece una de las claves más importantes de la desclasificación. Los archivos no son depósitos neutrales. Son el resultado de decisiones previas. Lo que hoy puede leerse es apenas aquello que sobrevivió a procesos de selección, conservación, traslado, ocultamiento, pérdida o destrucción. Por eso, desclasificar no es simplemente abrir el pasado, es ver cómo fue administrado.
La arquitectura del secreto no se compone solo de bóvedas, sellos y expedientes cerrados. También se compone de rutinas. Y las rutinas, cuando perduran, suelen ser más difíciles de desmontar que las decisiones excepcionales.
La inteligencia no se desactiva: se desplaza.
El documento denominado “la Orientación del Sr. SIDE”, de 1979, introduce otro punto crucial. Según la guía oficial, este sostenía que la “guerra contra la agresión subversiva marxista”, iniciada formalmente en octubre de 1975, prácticamente había culminado en su faz operacional. Sin embargo, esa evaluación no implicaba disminuir la actividad de inteligencia.
Al contrario. La orientación planteaba la necesidad de reorientar la atención hacia inteligencia política, económica y social, bajo la premisa de que el enemigo no destruido permanecía en aparente quietud.
Este pasaje es central porque muestra una lógica de desplazamiento. Cuando la fase operacional de la represión se presentaba como prácticamente concluida, la inteligencia no se apagaba. Cambiaba de objeto. El foco ya no estaba exclusivamente en la dimensión armada u operacional del conflicto, sino en los planos político, económico y social.
La frase permite pensar una dinámica más amplia: la inteligencia no desaparece cuando cambia el escenario; se adapta. Reorganiza prioridades, redefine amenazas, amplía objetos de observación y traduce nuevas coyunturas a su propio lenguaje.
En 1979, esa reorientación ocurría dentro del marco criminal de la dictadura. Pero el mecanismo analítico merece atención más allá de ese contexto específico. Toda estructura de inteligencia tiende a justificar su permanencia mediante la identificación de nuevas amenazas. A veces esas amenazas son reales. Otras veces son sobredimensionadas, mal definidas o políticamente funcionales. La diferencia entre una inteligencia democrática y una inteligencia opaca no está en que una tenga amenazas y la otra no. Está en cómo las define, quién las controla y qué límites tiene para actuar frente a ellas.
El documento de 1979 permite observar cómo la categoría de enemigo podía sobrevivir a la transformación del escenario. Si el enemigo ya no aparecía como actor operacional visible, podía ser redefinido como presencia latente, aparente quietud o amenaza desplazada hacia otros campos. Esa elasticidad conceptual es uno de los riesgos más persistentes de las doctrinas de seguridad cerradas sobre sí mismas.
El problema no es que la inteligencia anticipe. Esa es parte de su función. El problema aparece cuando la anticipación se convierte en sospecha permanente y cuando la sospecha permanente habilita la expansión indefinida del campo de observación estatal.
Por eso este documento funciona como bisagra dentro de la segunda entrega. Conecta la doctrina, la acción psicológica, el monitoreo social y la reorganización institucional con una pregunta de fondo: ¿qué ocurre cuando una estructura de inteligencia necesita seguir mirando aun cuando el escenario que justificaba su mirada empieza a cambiar?
La respuesta, al menos en este caso, parece clara: no se desactiva. Se desplaza.
Inteligencia como producción de relato.
El último bloque de la segunda entrega contiene uno de los elementos más potentes para pensar la relación entre inteligencia, discurso público y legitimidad: el operativo editorial vinculado al libro Argentina y sus Derechos Humanos.
Según la guía oficial, la documentación permite reconstruir una operación impulsada desde la SIDE bajo cobertura institucional. Un agente actuó bajo nombre supuesto, integró una asociación civil denominada Asociación Patriótica Argentina como secretario de prensa, recibió documentación personal y tarjetas institucionales, mantuvo entrevistas y correspondencia con familiares, organismos de derechos humanos, Fuerzas Armadas, Fuerzas de Seguridad, imprentas, editoriales, medios y dependencias estatales. El operativo contó con partida presupuestaria entre 1979 y 1983, distribuyó 20.000 ejemplares y su documentación fue triturada hacia fines de 1983.
Este conjunto documental obliga a ampliar la mirada sobre la función de inteligencia. No se trataba únicamente de recolectar información ni de clasificar documentos. Tampoco solamente de producir análisis internos para la conducción estatal. La inteligencia también podía intervenir en la construcción de relato.
El libro buscaba documentar y difundir los “atentados terroristas” padecidos por Argentina entre 1969 y 1979, responder a lo que se presentaba como una campaña exterior contra el país y alertar a otras naciones. En otras palabras, el operativo editorial no era un hecho cultural aislado. Era una intervención política y comunicacional destinada a disputar legitimidad en el plano nacional e internacional.
Este punto es decisivo. La inteligencia no solo miraba. También narraba. No solo clasificaba información. También producía sentido. No solo administraba secreto. También fabricaba una versión pública de los acontecimientos.
La operación resulta especialmente reveladora porque combina varias dimensiones: cobertura, identidad supuesta, asociación civil, presupuesto estatal, distribución editorial, vínculos con actores públicos y privados, y destrucción posterior de documentación. Allí se observa una forma compleja de acción estatal donde la frontera entre inteligencia, propaganda, comunicación política y disputa internacional se vuelve deliberadamente difusa.
No es casual que este operativo aparezca hacia fines de los años setenta, en un contexto de creciente cuestionamiento internacional por las violaciones a los derechos humanos cometidas por la dictadura. Frente a la denuncia externa, la respuesta no fue solo diplomática o militar. También fue narrativa. Había que producir una explicación, una justificación, una contraescena.
La inteligencia, en ese marco, funcionaba como una usina de relato. Y esto permite conectar la segunda entrega con debates actuales sobre el lugar del discurso en las políticas de inteligencia. Las agencias no solo operan sobre información secreta. También pueden incidir sobre los modos en que una sociedad comprende amenazas, enemigos, conflictos y legitimidades.
La dimensión narrativa no es un accesorio. Es parte del poder. Quien clasifica información define accesos. Quien produce inteligencia define prioridades. Pero quien produce relato define marcos de interpretación. Y esos marcos pueden condicionar durante años la manera en que una sociedad recuerda, justifica o niega determinados hechos.
Por eso, el operativo editorial no debería ser leído como una curiosidad final dentro de la segunda entrega. Debería leerse como una pieza central. Después de mirar, clasificar, archivar y reorientar, la inteligencia también narraba. Esa secuencia resume buena parte de la cultura institucional que los documentos permiten reconstruir.
Lo que el archivo entrega.
La segunda entrega de archivos desclasificados no ofrece una historia completa de la inteligencia argentina. Ningún conjunto documental podría hacerlo. Los archivos siempre son parciales, incompletos, atravesados por pérdidas, silencios y decisiones previas de conservación o destrucción. Pero esa parcialidad no les quita valor. Al contrario, obliga a leerlos con más cuidado.
Lo que estos documentos permiten ver es una trama. Desde la formación institucional de organismos de información hasta la producción doctrinaria; desde la acción psicológica hasta el monitoreo de opinión pública; desde la clasificación documental hasta la orientación estratégica; desde la administración del secreto hasta la producción de relato.
La importancia de esta segunda etapa está precisamente en esa conexión. Si se leen los documentos de manera aislada, cada uno puede parecer un fragmento administrativo, doctrinario o histórico. Pero leídos en conjunto muestran algo más inquietante: el secreto no fue solo una herramienta. Fue una forma de ordenar la relación entre Estado, información y sociedad.
Allí radica la diferencia con la primera publicación. Esa permitía advertir que transparencia sin infraestructura es retórica. La segunda agrega otra advertencia: archivo sin lectura institucional es apenas acumulación documental.
Desclasificar no alcanza si no se analiza e interpreta lo desclasificado. Tampoco alcanza si los documentos quedan encerrados en una página web, disponibles pero políticamente mudos. La tarea democrática no consiste únicamente en publicar archivos, sino en producir condiciones para que esos archivos puedan ser leídos, discutidos, enseñados, contextualizados y utilizados como insumo para revisar instituciones.
Conclusiones.
No está en juego solo el pasado, sino la forma en que el Estado democrático entiende sus propios límites. Una política de inteligencia compatible con la democracia no se define únicamente por sus objetivos actuales, sino también por su capacidad de revisar críticamente las culturas institucionales que heredó.
Pero es necesario tener en cuenta una salvedad metodológica: estos documentos deben leerse en el contexto de su “espíritu de época”. En la lógica política y de seguridad de entonces, determinados procedimientos resultaban coherentes y hasta justificables para sus actores. No se trata de absolver prácticas ni de evaluar su legalidad, sino de comprender la racionalidad histórica que las hizo posibles. Esa comprensión evita juzgarlas desde criterios exclusivamente actuales y ayuda a identificar qué elementos pueden haber perdurado transformados.
Esa revisión exige algo más que indignación retrospectiva. Exige precisión. No todo secreto es ilegítimo. No toda inteligencia es abuso. No toda reserva estatal es autoritarismo. Pero tampoco toda apelación a la seguridad justifica opacidad, expansión funcional o ausencia de controles. La democracia necesita inteligencia, pero necesita todavía más que esa inteligencia no se convierta en un poder autónomo frente a la sociedad que dice proteger.
La segunda entrega permite formular, entonces, una pregunta incómoda y necesaria: ¿cuánto de aquella cultura institucional fue efectivamente desmontado y cuánto simplemente cambió de lenguaje, de siglas o de procedimientos?
No se trata de afirmar continuidades automáticas ni de confundir períodos históricos. Se trata de reconocer que las instituciones no se transforman solo por decreto. Cambian cuando cambian sus prácticas, sus incentivos, sus controles, sus archivos, sus doctrinas y sus formas de narrarse a sí mismas.
En ese sentido, la desclasificación puede ser una oportunidad o apenas un gesto. Una oportunidad si permite reconstruir responsabilidades, revisar doctrinas, fortalecer controles, ordenar archivos y discutir públicamente qué inteligencia necesita una democracia. O apenas un gesto si los documentos quedan como piezas de museo, consultadas por especialistas, citadas en aniversarios y olvidadas en la rutina institucional.
Esta etapa muestra que el archivo no solo revela lo que el Estado hizo. Revela cómo aprendió a mirar, cómo clasificó, cómo administró el secreto. Revela cómo desplazó sus objetos de atención y cómo produjo relatos para disputar legitimidad. Y ahí aparece la advertencia más importante: el problema no es solo lo que permaneció oculto durante décadas. El problema es descubrir que el secreto no fue apenas una reserva documental, sino una forma de organizar, interpretar y narrar la realidad desde el Estado.
REFERENCIAS
1.Desclasificacion de archivos entre la transparencia histórica y la inercia Institucional
2. Documentos oficiales – Etapa II
Link: https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/inteligencia/documentos-etapa-2.pdf
3. Guia sobre la Desclasificación 2.
Link: https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/guia_-_segunda_etapa.pdf
4. El CV del sistema de Inteligencia Nacional
Link: https://elanalista.com.ar/el-cv-del-sistema-de-inteligencia-nacional/
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